Acto vecinal contra la construcción del Hotel del Palacio, frente al Palacio de la Música.
De nuevo llega a mi conocimiento una petición de ayuda de vecinos de Barcelona, en este caso del Distrito de Ciutat Vella, a propósito de la especulación urbanística en los entornos del Palacio de la Música a la que contribuyó el antiguo equipo de gobierno municipal y cuyo peligro parece no acaba de disiparse por las evidentes conexiones de los implicados con una, presunta, trama de financiación ilegal de la actual coalición CiU en la dirección del Consistorio.
Precisamente ayer, el escritor y periodista Manuel Trallero presentó el libro Música celestial (Rosa de los vientos y Debate) sobre el caso Palacio. Trallero indicó que la crisis provocada por la actuación de Fèlix Millet fue “profundamente transversal y grave para la estructura del país. Una crisis que se ha querido silenciar con el paso del tiempo, y de aquel primitivo ataque de arrebato en que todo el mundo pedía transparencia y llegar hasta el final, se ha llegado a esta situación un poco de stand by“.
El autor mostró su sorpresa que la actual presidenta de la institución sea Mariona Carulla porque “una persona que está imputada por un delito fiscal, en sus empresas, esté al frente del Palacio. Y aquí no pase absolutamente nada, como si fuera la cosa más normal”. Y añadió: “No nos olvidemos que a pesar de que el Palacio sea hoy en día una fundación privada hay un 20% del presupuesto que es dinero público, del Ayuntamiento, de la Generalidad y del Estado .[…] Por ejemplo, Aznar puso 1.900 millones de pesetas para las obras del Palacio y después se iba a cenar a Mallorca con Millet. Quien más quien menos tiene algo que esconder con el caso Palacio”.
Transcribo la petición de ayuda, pido su apoyo a la misma y la máxima participación en la convocatoria que se realiza:
Passats els anys, segueix sent legal fer l’hotel Palau i és més que posible que el nou Govern Municipal reactivi el projecte d’hotel i suprimeixi el Pla d’Usos de Ciutat Vella. Mentrestan el Sr. Millet segueix en llibertat.
Per dir ‘NO a l’Hotel Palau’, exigir la anul·lació definitiva del projecte i defensar aquest espai com un nou equipament fem un acte el 19 d’abril a les 20:00 horas al Petit Palau entorn els temes: Per què el projecte d’hotel del Palau segueix vigent? Per què Millet és al carrer? Aquí volem un equipament!
L’ENTRADA ÉS GRATUITA
T’HI ESPEREM
Actuació musical: Toti Soler i Cor Jove de l’Orfeó Català. Josep Buforn, piano; Esteve Nabona, director
Ponents: Daniel Jiménez, advocat de les associacions de veïns denunciants; Joan Subirats, professor UAB; Josep Ma Montaner, arquitecte i professor ETSAB; Maria Mas, vicepresidenta de la AAVV CascAntic; delegat dels estudiants d’arquitectura
Moderadora: Anna Ballbona, periodista
Organitza: AAVV Casc Antic i Veïns en Defensa de la Barcelona Vella
Lloc: PETIT PALAU, PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. C/ Sant Pere Més Alt, s/n. Entrada Recepció: C/ Palau de la Música, 4-6
08003 BARCELONA
Necessitem captar fons per als costos logístics de l’esdeveniment (difusió, despeses tècniques d’il·luminació i so). Hem obert un procés demicromecenatge, col·labora al projecte abans del 19 d’abril a la web de crownfunding verkami.
Lealtad institucional (a propósito de Llanos de Luna y Ribó)
El Defensor del Pueblo (a veces nombrado con el término sueco Ombudsman, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan cometer los poderes políticos y, en su caso, legislativos de ese mismo Estado (fuente: Wikipedia).
La Constitución dice en su artículo 54:
‘Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales’.
Regulado por la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, da su definición el artículo 1:
‘Es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la presente Ley’.
Por tanto puede supervisar la actividad de la Administración General del Estado, administraciones de las Comunidades Autónomas y administraciones locales, incluyendo la propia actividad de los ministros. Además de poder supervisar la actuación de las empresas públicas y de los agentes o colaboradores de las administraciones, cuando realizan fines o servicios públicos.
El Síndico de Agravios de Cataluña (oficialmente, en catalán, Síndic de Greuges de Catalunya) es el nombre del Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en España. Es una de las instituciones de la Generalidad de Cataluña cuyas funciones se definen en los artículos 78 y 79 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Su misión es garantizar el derecho de todas las personas a una buena administración gubernamental. Debe atender las quejas de las personas que se encuentren desamparadas ante la actuación o la falta de actuación de las administraciones. El Estatuto establece que sus funciones son proteger y defender los derechos y las libertades que reconocen tanto la Constitución española como el propio Estatuto de Autonomía.
¿Pueden y deben limitarse sus competencias al ámbito territorial que le es propio? Aquí surge el problema: el Estatuto pretendía la exclusividad de la supervisión de la actividad de la administración de la Generalidad de Cataluña o que estuviese relacionada con ella para el Síndic de Greuges. Contra ello, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad. La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, como en tantos otros temas, vino a poner límites a los excesos nacionalistas catalanes y declaró nula esa exclusividad. Reproduzco el fundamento jurídico 33 de la citada sentencia:
‘El art. 78 EAC [Estatuto de Autonomía de Cataluña] regula las funciones del Síndic de Greuges y sus relaciones con otras instituciones análogas. De sus cinco apartados sólo el primero ha sido impugnado, concretamente por atribuir al Síndic de Greuges la función de supervisar la actividad administrativa autonómica, en todos los órdenes, “con carácter exclusivo”, ya que con esa exclusividad se haría imposible la actuación del Defensor del Pueblo respecto de la Administración catalana, vulnerándose el art. 54 CE [Constitución Española].
La función supervisora atribuida al Defensor del Pueblo por el art. 54 CE tiene por objeto la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución y se configura como una de las “garantías de las libertades y derechos fundamentales” previstas en el capítulo cuarto de ese mismo título (arts. 53 y 54 CE). El hecho de que ejerza esa función como comisionado de las Cortes Generales no supone que la actividad administrativa sobre la que puede proyectarse sea únicamente la propia del Estado central, con exclusión de la Administración autonómica. Tratándose de los derechos fundamentales, las garantías establecidas en los arts. 53 y 54 CE han de serlo frente a todos los poderes públicos, pues a todos ellos, sin excepción, vinculan y someten. Así como la garantía jurisdiccional no admite distingo en su proyección sobre el poder público autonómico, tanto legislativo como administrativo, así tampoco la garantía extrajurisdiccional propia del Defensor del Pueblo puede limitarse en su alcance a la supervisión de la Administración central del Estado, sino que ha de comprender a cualesquiera Administraciones públicas en aras de la perfecta cobertura de las garantías constitucionales de los derechos respecto de todas las variables del poder público. La “Administración” del art. 54 CE, como la “Administración” de los arts. 103 y 106 CE, no es, por tanto, la concreta especie “Administración central”, sino el género en el que se comprende todo poder público distinto de la legislación y la jurisdicción. De ahí que la exclusividad que proclama el precepto estatutario que examinamos infrinja el art. 54 CE.
En consecuencia debemos declarar que el inciso “con carácter exclusivo” contenido en el art. 78.1 EAC es inconstitucional y nulo’.
Frente a lo anterior, el Síndic de Greuges se ve con la capacidad de actuar, dentro del ámbito material que le es propio, en todas las instituciones con sede territorial catalana. Más allá de que se pretendieran limitaciones para otros que ahora no se quieren para uno -a lo que nos tienen desgraciadamente acostumbrados los partidos políticos nacionalistas-, lo cierto es que el deber de atender las quejas de personas que se consideran desamparadas ante la actuación o la falta de actuación de las administraciones debe considerarse prevalente sobre cualquier otra consideración. No caben en mi opinión, lecturas restrictivas en estos casos.
Ya critiqué, en otra entrada anterior, la situación extrema que sufren las personas internadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona que han llevado a la muerte o el suicidio a más de una de ellas. Incluso, recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado que la mitad de las privaciones de libertad en los CIE no tiene ‘un fundamento legal’, ya que estas instalaciones sirven de paso previo a la expulsión del país y, al final, menos del 50% de las personas recluidas llegan a ser deportadas.
Ante la gravedad de la situación, las disputas entre Instituciones suenan a broma macabra. Algunos deberían recordarles que el artículo 3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas exige que éstas, en sus relaciones, se rijan por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. Asimismo, el artículo 4 señala que deben relacionarse de acuerdo con el principio de lealtad institucional que supone, sí, respetar el ejercicio legitimo por las otras administraciones de sus competencias, pero, también, ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras administraciones, facilitando información y prestando cooperación y asistencia.
Mientras algunos se enzarzan en peleas de patio de colegio en las que subyace un trasfondo político; otros, la mayoría, deseamos que nuestras instituciones dediquen su tiempo a la finalidad para la que fueron creadas: mejorar la vida de los ciudadanos.
Sin techo, sin vida
Distribución de los sin techo de Barcelona (datos de la RAPH).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que ‘toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica’.
El derecho a la vivienda forma parte de la segunda generación de derechos humanos y se vincula con la igualdad, constituyéndola los derechos económicos, sociales y culturales, y demandando un Estado del bienestar para lograr que las personas gocen de manera efectiva de estos derechos (la primera generación se vinculaba a la libertad y la tercera a la solidaridad; según una propuesta efectuada por el jurista checo Karel Vasak en 1979, se cita en Wikipedia).
La Constitución establece en su artículo 47 el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho. Asimismo, el Estatuto de Autonomía reconoce en su artículo 26 que ‘las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, para lo cual los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que la ley determine’.
El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas, en su Observación General número 4, define y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, ya que el derecho a una vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo simplemente de cobijo sino que debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad.
Lo anterior supone que la vivienda sea fija, habitable, de calidad, asequible, accesible, etc., ostentando su ocupante seguridad jurídica en la tenencia. A la luz de la realidad social de Barcelona, es evidente que este derecho se vulnera en un grado cada vez más amplio, registrándose en plena crisis un incremento del 32,1% en tres años de personas sin hogar, entre las que duermen en la calle, viven en asentamientos y las alojadas en recursos residenciales de la Red de Atención a Personas sin Hogar (RAPH) o Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL).
Mientras el Ayuntamiento descarta la utilización de barracones como solución provisional a las 2.791 personas que no tienen vivienda, la Síndica de la ciudad (defensora del pueblo de Barcelona) insiste en considerarla una salida a explorar para mitigar la situación de marginalidad extrema de estos ciudadanos: los datos hacen pensar que la gente en la calle irá en aumento, con lo que reclama abordar la prevención y evitar la cronificación: “Si dejamos que se vaya acumulando y que la gente siga en la calle, serán casos que no los salvaremos“.
La polémica sobre estos asentamientos irregulares se ha reavivado después de que la pasada semana fallecieran cuatro personas al incendiarse la chabola en la que vivían en un solar de la calle Bilbao, en el barrio del Pueblonuevo. Suceso al que dediqué una entrada anterior. Es más que evidente que ante situaciones de emergencia social no podemos mirar a otro lado. Falta sensibilidad social y sobran recortes a los más necesitados. ¿Entenderán esto los integrantes del Gobierno, nacionalista y conservador, municipal? Es urgente que así sea.
Un dato inquietante: la edad media de los fallecidos sin hogar es de 58 años.
30 euros, en catalán; 80 euros, en castellano
Transcribo la carta al director de La Vanguardia de un lector aparecida en la edición del día 12 de abril de 2012 y la respuesta oficial que se le ha dado. Considero que sirve de ejemplo para ilustrar la realidad lingüística de Cataluña: los catalanes subvencionamos la política lingüística excluyente y discriminatoria del nacionalismo catalán.
Evidentemente, los más afectados son los hispanoparlantes –de lengua materna o propia española- y por ello, precisamente, las denuncias y quejas provienen mayoritariamente de ese grupo lingüístico; aunque, cada vez más, se alzan voces catalanoparlantes –de lengua materna o propia catalana- que cuestionan el modelo lingüístico uniformador impuesto.
Juzguen ustedes mismos:
EL LECTOR EXPONE: El castellano en la UOC
Hace un tiempo pensé en finalizar mis estudios universitarios y, dado que ya tengo cierta edad y obligaciones familiares, pensé en utilizar los nuevos métodos a distancia. Llamé a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para informarme. Una de las primeras preguntas que me hicieron fue si quería estudiar en catalán o en castellano. Dije castellano y me respondieron que cada crédito costaba 80 euros. Me quedé pensativo y pregunté ¿y en catalán?, me dijeron 30 euros. Luego pregunté si hay descuento para familias numerosas. Me dijeron que si es en catalán, del 50%, pero en castellano, no hay. Si hacemos números anuales, el coste del curso es de 4.800 euros en castellano y 900 en catalán. ¿Es esto igualdad de oportunidades? En el 2010 la UOC tenía 40.479 estudiantes inscritos. Si sólo el 50% estudia en catalán, el coste de esta subvención asciende a 61.437.000 euros. En tiempos de crisis, ¿es esto moral? Alfonso Calzado Desvalls
LA RESPUESTA: Estudis superiors en català
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va ser creada el 1994 pel Parlament de Catalunya amb la missió d’oferir estudis superiors no presencials en català, precisament per garantir el principi d’igualtat d’oportunitats. La política de preus la fixa la Generalitat cada any, juntament amb les taxes de tot el sistema universitari públic de Catalunya per a les titulacions oficials. Actualment, i per satisfer demanda, també ofereix programes en altres idiomes que no estan inclosos en el decret de taxes. L’entorn del campus, els materials i les comunicacions docents i acadèmiques que rep l’estudiant són en l’idioma en què s’ofereix la formació. De tota manera, això no és un obstacle perquè l’estudiant es pugui expressar i pugui fer l’activitat d’aprenentatge en la seva llengua vehicular. Llorenç Valverde, secretari general de la UOC
Puig pone a los vecinos en pie de guerra
‘El nacionalismo es particularismo devastador, egoísmo disolvente y factor de debilitamiento democrático, toda vez que defiende la existencia de unos derechos colectivos, proclives a todos los populismos, que casi siempre son incompatibles con los principales derechos individuales’ (Antonio Papell, periodista).
No ocultaré que Felip Puig (CiU) no me es simpático. No es porque haya estado inmerso en diversos casos de corrupción -como casi toda la plana mayor de su partido-, ni porque practique el nepotismo más descarado, ni porque contribuya a la división de la seguridad en Cataluña entre los diversos cuerpos con competencia en ella contra todo criterio razonable, ni por incumplir la ley de banderas o la de tráfico, ni tan siquiera porque pretenda abiertamente la destrucción de la nación española; no. Lo que no soporto de él, ni de ningún político, es esa arrogancia con la que deambula por el espacio público, el de todos, apropiándoselo e intentando anular cualquier vestigio de pluralidad, manifestación o queja.
Manuel Fraga, máximo exponente del rancio nacionalismo español del siglo pasado, se hizo famoso en 1976 por una frase que siempre rechazó que hubiera formulado: “La calle es mía”; tras el intento de la oposición de manifestarse el Primero de Mayo, al cual se negó. Ahora, en 2012, treinta y seis años después, otro nacionalista, esta vez de raíz catalana, no le va a la zaga en ese intento de apropiación e intento de anular a la disidencia.
Los vecinos de Barcelona estamos hartos de su dirección política desde la Consejería de Interior, llena de abusos y desaciertos. En un salto hacia adelante, propone ahora reformas legales y policiales contra la violencia urbana como si no tuviera ninguna responsabilidad en los tristes acontecimientos que han acontecido en la ciudad en los últimos tiempos y a la que ha contribuido su errática acción de gobierno. Así que, el máximo órgano representativo de los mismos, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas (FAVB) ha dicho ya ¡basta!, convocando a los ciudadanos de Barcelona a una gran concentración de protesta mañana, 14 de abril, a las 12:00 horas, en la Plaza Cataluña.
Algunos hace tiempo que pensamos que los sheriff, al estilo de far west, ni sirven para estas latitudes ni son admisibles en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro. Con consejeros de Interior como Puig, sobran vándalos. Uno debería pensar que si es parte del problema ejerciendo una alta responsabilidad pública debería dimitir.
Así que, me adhiero plenamente a la convocatoria de la FAVB y les invito a participar. A continuación reproduzco el texto de la convocatoria:
ATUREM LES RETALLADES ALS DRETS I LLIBERTATS CIVILS
Plaça Catalunya
Dissabte, 14 d’abril a les 12.00 hores
La FAVB convoca una concentració ciutadana en defensa dels drets i llibertats civils.
Des de la FAVB, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, sempre hem manifestat el nostre més ferm rebuig a totes les formes de violència. Considerem que el dret a la protesta ha de poder-se expressar de forma pacífica, sense ésser desvirtuat per accions violentes de part dels manifestants o de la policia. És per aquest motiu que la FAVB, conscient de la seva responsabilitat com a moviment ciutadà, sempre s’ha situat al capdavant de la defensa dels drets i llibertats civils, especialment quan aquestes es veien amenaçades per pulsions autoritàries.
El passat dimarts 4 d’abril, el conseller d’Interior del govern català Felip Puig va fer unes declaracions que marcaven un perillós punt d’inflexió en el nostre règim de drets i garanties jurídiques i obrien una deriva vers l’autoritarisme, en promoure: la restricció del dret de reunió, l’enduriment del codi penal, el foment de la delació ciutadana, així com l’empresonament i detenció preventiva; a les quals cal afegir les mesures proposades pel Govern central d’estendre la legislació antiterrorista als actes de vandalisme urbà.
Considerem que aquestes mesures no només seran ineficaces per atallar les situacions de violència que es donen a la nostra ciutat, sinó que la seva implementació suposarà un atemptat directe als drets i llibertats civils tan costosament guanyats després de 40 anys de dictadura. Seguretat i llibertat no són dues realitats contraposades, sinó les dos cares d’una mateixa moneda.
És per aquest motiu que des de la FAVB convoquem els veïns i veïnes de Barcelona, el món associatiu i els diferents agents socials a concentrar-se de forma massiva i pacífica a la plaça Catalunya el proper dissabte 14 d’abril a les 12 hores per expressar el nostre rebuig a les retallades en drets i llibertats civils.
NO HI FALTEU!!
El cambio de rumbo de Vidal-Quadras
“En España hemos llegado a un punto de fracaso colectivo” (Alejo Vidal-Quadras).
Alejo Vidal-Quadras Roca, o también Aleix Vidal-Quadras, en catalán (Barcelona, 1945), es un político español, presidente del PP de Cataluña desde diciembre de 1991 a septiembre de 1996. Es miembro del Parlamento Europeo desde junio de 1999 y, actualmente, es además vicepresidente del mismo. Más allá de las ideologías, Vidal-Quadras es inteligente, rápido y mordaz; un político que cae simpático -su timbre de voz es inconfundible- y resulta carismático. Su popularidad se ha incrementado, si cabe, desde sus periódicas apariciones en el emblemático programa de televisión dedicado a la tertulia política El gato al agua de la cadena ultraconservadora Intereconomía TV.
Fue el terror de los nacionalistas y sólo por eso ya merecería un profundo respeto de todos los que no lo somos. De ahí, la animadversión que siempre le han profesado, ya desde los tiempos de Jordi Pujol hasta la actualidad. Recientemente ha publicado un libro, Ahora, cambio de rumbo, un manifiesto breve, completo y preciso en el que marca un camino para el nuevo Ejecutivo español del PP.
Para Vidal-Quadras, España se encuentra “en una crisis profunda que, además, se circunscribe en otra más amplia que afecta a otros estados de la Unión Europea”, y la alternancia política que ha habido se produce en “este panorama terrible”. “Los ciudadanos tienen la percepción de que estamos en un cambio de ciclo”, subrayó. Y ese cambio de ciclo, en su opinión, se debe a los abusos de los gobernantes que ha tenido España que han dado rienda suelta a “una corrupción asombrosa, a una crisis sistémica e integral, a una crisis crónica institucional que afecta a la unidad nacional, además de una crisis moral muy profunda”.
En el libro aboga por la supresión del artículo 150.2 de la Constitución, que regula que el Estado puede transferir poderes a las Comunidades Autónomas mediante Ley Orgánica. Al respecto ha afirmado que “su supresión es una necesidad absoluta”. Es partidario, pues, de devolver al Estado ciertas competencias en temas de justicia, seguridad, sanidad, etc., en la línea de lo propuesto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
En su opinión, “España demanda no sólo reformas, sino una regeneración de fondo”, y añade: “No son momentos para la cautela, el tactismo o el refugio en un centrismo descafeinado y pusilánime. Los tiempos son de prueba y exigencia y demandan valentía, convicción, compromiso, firmeza y capacidad de arrastre. La hora del cambalache entre partidos ha terminado“.
El libro ha sido fruto de un trabajo de más de 800 artículos periodísticos y 200 conferencias, charlas y discursos que ha realizado en los últimos cinco años. Los más relevantes los adjunta en el apéndice. Es, pues, un trabajo con una clara vocación de remover conciencias y para ayudar a despertar a una sociedad que languidece en un sueño del que no es capaz de despertar.
Mañana, viernes, y auspiciado por la asociación Convivencia Cívica Catalana -de la que fue su fundador en 1998 y presidente hasta 2001- y Foro España, presentará su libro en un acto-coloquio a las 19:30 en los salones del Hotel Husa-Illa (Avenida Diagonal, 555, de Barcelona). Seguro que, como acostumbra, hará pasar una velada agradable a los asistentes.
Ocupando Barcelona
‘La movilización mundial del 15 de octubre de 2011, más conocida por las siglas 15O, es el nombre que reciben el conjunto de protestas pacíficas que, en forma de manifestaciones, tuvieron lugar el 15 de octubre de 2011 en 1051 ciudades de 90 países. Fueron pensadas y promovidas durante las protestas en España de 2011 por la plataforma ¡Democracia Real YA! y preparadas en su fase final junto a otros colectivos coincidiendo con el movimiento Occupy Wall Street recibiendo amplia difusión a través de internet, principalmente la red social Twitter’ (fuente: Wikipedia).
Casi un año después, la protesta se ha extendido inexorablemente y la mayoría de ciudadanos tenemos el convencimiento de que nada volverá a ser como antes. Comercio justo, abolición de la deuda externa, consumo responsable, soberanía alimentaria, cambio climático, foros sociales, solidaridad internacional, movimientos contra la guerra, etc., son conceptos de los que, cada vez, se habla más en un mundo en el que sus ciudadanos se niegan a continuar sobreviviendo como súbditos.
La dictadura de los mercados ha sido ese elemento necesario para reconocernos en el otro. Somos la misma cosa: el mismo objeto de explotación. Pero también somos el mismo sujeto, el mismo cuerpo capaz de negar lo existente como inevitable: es por eso que hemos aprendido juntos y juntas a vencer el miedo individual para encontrar la fuerza en lo colectivo y ocupar el espacio público. Cada práctica de resistencia está siendo un estímulo. Se difunden y se readaptan a contextos aparentemente desconectados y lo hacen para trasladar, casi cada día, el centro del movimiento de un escenario a otro: hoy Egipto, mañana alguna ciudad de EEUU, pasado Atenas o Moscú. El mes siguiente un nuevo país.
Un conjunto amplio de autores, de todo el mundo, recogen y analizan este crisol de experiencias en un libro, Ocupemos el Mundo: Joseba Fernández, Carlos Sevilla, Miguel Urbán, Eric Toussaint, Sandra Ezquerra, Andrés Antebi, José Sánchez, Colectivo Madrilonia, Guillermo Zapata, Josep Maria Antentas, Esther Vivas, Cinzia Arruzza, Víctor Sampedro, Santiago Alba Rico, Panagiotis Sotiris, Diego Crenzel, Sergio Yahni, Adriano Campos, Marco Marques, Daniel Alcalde y Slavoj Žižek.
En la librería Espai Icària (calle Arco de San Cristóbal, 11-23), hoy a las 19:00 horas, se presentará, dentro del ‘Ciclo rebelde global’ el referido libro, contando con la participación de Esther Vivas, Josep Maria Antentas, Sandra Ezquerra, José Sánchez, autores del mismo. Hay alternativas que necesitan de la implicación de grandes capas de la sociedad para seguirse y alcanzar sus metas. Comienzan siendo caminos poco transitados, minoritarios y acaban siendo el vértice sobre el que se apoya la humanidad hacia el progreso.
Gitanos rumanos, los parias de Barcelona
‘Se denominan gitanos, romaníes, zíngaros o pueblo gitano a una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio, que data de los reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos. Se encuentran asentados principalmente en Europa, ya que de hecho son la mayor minoría étnica de la Unión Europea, aunque están presentes también, pero en menor proporción, en el resto del mundo. El Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril recordando aquel día de 1971 en Londres donde se instituyó la bandera y el himno de la Comunidad’ (fuente: Wikipedia).
Coincidiendo con la celebración mundial de su día, nos levantábamos el pasado domingo con la noticia de que cuatro personas de origen rumano -tres hombres y una mujer, muy probablemente de etnia gitana- habían fallecido por inhalación de humo, después de que el fuego arrasara una parcela de terreno que habían habilitado como vivienda.
Rápidamente, el Consistorio, con la hipocresía que le caracteriza en los últimos tiempos, a través del primer teniente de alcalde, Joan Forn (CiU), ha manifestado que el Ayuntamiento les ofreció distintas opciones -facilitarles el retorno a su país, promover su inserción social y laboral y ayudarles a encontrar una vivienda- pero las rechazaron.
Según el Ayuntamiento, hay una treintena de asentamientos donde malviven unos 400 portugueses, 200 rumanos y 400 senegaleses. Los vecinos de los barrios de Pueblonuevo elevan los asentamientos a un centenar y critican al Consistorio por no actuar socialmente. La realidad, como en otros tantos casos, es que se les habrá sugerido marchar de retorno a su país, sin alternativa práctica alguna: Barcelona se está quedando, por los recortes que impone la crisis y la escasa sensibilidad en este campo del actual Gobierno nacionalista conservador, sin respuesta social y encontrar una vivienda para quienes malviven en la miseria no es viable.
Para la Síndica de la Ciudad el problema social es de tal calibre que recientemente recomendó al Consistorio que ubicara a las personas que viven en chabolas en módulos prefabricados. En Cataluña hay 80.000 gitanos; la mayoría se han integrado y conviven con el resto de la población sin problema. “Jo sóc gitano català, amb els dos cognoms catalans i avantpassats arribats a Catalunya el segle XIV; parlo i escrit el català molt millor que la immensa majoria de catalans blancs de pell. Els gitanos estem més integrats que ningú, som catalans de soca-rel, encara que portem patilles i penjolls“, decía, orgulloso, Pere Pubill Calaf, más conocido por su nombre artístico, Peret.
Sin embargo, una oleada de gitanos procedentes de Rumanía, que huyeron de la pobreza de aquellas latitudes que se cebaba en ellos y agravaba su marginación social, malviven desde hace años en la ciudad. Es frecuente verlos deambular por las calles mendigando, protagonizando pequeños hurtos o dedicados a tareas residuales como la recogida de la chatarra. Su situación se ha agravado hasta términos insostenibles desde que se inició la crisis económica.
En otras latitudes, como en Francia, el Gobierno conservador de Nicolas Sarkozy, sencillamente, ha pretendido eliminar el problema con la expulsión. Incluso, aquí cerca, en Badalona, sin tantas sutilezas, el PP llegó a repartir en campaña electoral folletos con el lema ‘no queremos rumanos’, con excelentes réditos electorales que le llevaron a conquistar la alcaldía de tan señalada población del área metropolitana de Barcelona.
La Directiva (2004/28) de la UE sobre la circulación de personas aunque garantiza que ‘la ciudadanía de la Unión confiere a todo ciudadano de la Unión un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros’, pone límites. En su apartado 9, la directiva -norma comunitaria que los estados están obligados a trasponer a sus legislaciones- establece que ‘los ciudadanos de la Unión deben disfrutar del derecho de residencia en el Estado miembro de acogida durante un período que no supere los tres meses sin estar supeditados a más condiciones o formalidades que la posesión de un documento de identidad o un pasaporte válido sin perjuicio de un tratamiento más favorable, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para los que buscan empleo’.
El apartado 10 es la continuación: ‘Conviene, sin embargo, evitar que los beneficiarios del derecho de residencia se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante un primer período de estancia. Por ello, debe supeditarse a determinadas condiciones el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia por períodos superiores a tres meses’. Si el ciudadano se convierte en una ‘carga excesiva para la asistencia social’ del país de acogida, podrá ser expulsado, siempre que se estudie individualmente que efectivamente el inmigrante supone una carga excesiva.
Aquí radica la cuestión: no se estudian individualmente los casos, sino que se pretende su eliminación en bloque. Contra la marginación, está demostrado, la única respuesta es la de la atención que prestan los servicios sociales; sobre todo, en el caso de los gitanos, que han tenido desde antiguo un estilo de vida parcialmente nómada que les ha influido notablemente. Esta respuesta lleva tiempo y recursos, aunque sus resultados, a medio y largo plazo, se demuestran positivos.
Al final de la tarde se podía leer un mensaje en la valla que rodeaba el solar donde aconteció la tragedia: ‘Descansad en paz’. Firmado, los vecinos.
Polònia 1714-2014
Ahora que con tanta antelación -nada menos que con dos años- el humorista Toni Soler (Figueras, 1965) ha sido designado por el alcalde de Barcelona como máximo responsable de la programación del Ayuntamiento para la conmemoración del 300 aniversario de la Guerra de Sucesión de 1714 y la batalla de Barcelona del 11 de septiembre de aquel año, y como nuestro alcalde, Xavier Trias (CiU), se ha encargado de proclamar a los cuatro vientos, a propósito de tal designación, que “Barcelona es una ciudad que no tiene miedo a ejercer la libertad en todas sus expresiones”, me permito aclararle algunos malentendidos de los que la propaganda nacionalista ni suele hacerse eco ni explica y proponerle, en tono jocoso, algunos actos -seguro que, al menos, el máximo responsable de la productora Minoria absoluta lo agradecerá, pues, al fin y al cabo todos los ciudadanos catalanes contribuimos económicamente a sus programas de sátira política aunque a algunos parezca que no les haga ni pizca de gracia -.
11 de septiembre de 1714: ¿Sabías que…? (fuente: izquierdaliberal.es, 2008)
1) El 11 de septiembre se conmemora la rendición de la ciudad de Barcelona en 1714, tras la declaración de guerra de las Cortes Catalanas el 10 de julio del mismo año al no reconocer estas el Tratado de Utrecht que ponía fin a la Guerra de Sucesión Española. La guerra no fue de secesión, como los nacionalistas venden, sino de sucesión. En dicho Tratado el pretendiente a la Corona española, el Archiduque Carlos de Habsburgo renuncia al trono, reconociendo la soberanía de Felipe de Anjou, contra el que se la disputó en la llamada Guerra de Sucesión Española, tras la muerte sin descendencia del Rey de España Carlos II. Es decir, fue una guerra civil entre partidarios de dos pretendientes a suceder en la corona de España al rey muerto sin descendencia.
PROPONGO: que en 2014, se celebre una sesión solemne del parlamento polaco donde se proceda a proponer una nueva dinastía de reyes españoles, por supuesto con presencia de nobles polacos en su corte, con un único requisito: que no sean de origen gabacho.
2) Madrid, Alcalá y Toledo lucharon en el mismo bando que Barcelona. La Guerra de Sucesión española, al contrario de lo que argumentan los nacionalistas, no supuso el enfrentamiento entre Cataluña-Austria y España (o Castilla)-Francia. Ciudades y comarcas pertenecientes al antiguo Reino de Aragón como Castellón, Alicante, Calatayud o Tarazona, así como el Valle de Arán, y ciudades del interior de Cataluña como Vic y Cervera, fueron partidarias de Felipe V, el rey Borbón. Y lugares como Madrid, Alcalá o Toledo se declararon fieles al aspirante austriaco, el archiduque Carlos. El enfrentamiento entre territorios españoles de 1714 es otra falsedad esgrimida por el nacionalismo para negar el carácter de guerra civil que tuvo aquella sucesión al trono. En realidad ésta fue una contienda internacional en la que se dirimía la hegemonía entre las diferentes potencias europeas.
PROPONGO: que se invite a los ayuntamientos afines de Madrid, Alcalá y Toledo -entre otros- a los fastos a celebrar en Polònia, pues, como leales compañeros de armas así lo merecen.
3) Los catalanes no perdieron sus libertades civiles, sino que los poderosos perdieron sus privilegios exclusivos. Las Cortes Catalanas, lejos de tener las características de una democracia, tal y como la entendemos ahora, representaban a los tres estamentos (clero, nobleza y burguesía) a los que, dentro del patrón feudal del Antiguo Régimen, el Rey les había concedido tal privilegio, relegando totalmente a la inmensa mayoría de la población. Del Rey emanaban todas las instituciones.
PROPONGO: devolvamos, en acto solemne, los polacos los privilegios perdidos a los nobles, especialmente a los que juren acatar el texto original del vigente Estatuto de Autonomía de Polònia sin retoques impertinentes del Tribunal Constitucional.
4) La facción en Cataluña favorable al pretendiente Carlos no partió de una rebelión espontánea ni popular. En realidad, expresaba los intereses políticos de la clase dirigente barcelonesa que quería potenciar su presencia comercial en América, de tal forma que sus privilegios forales no estaban en juego, ya que el pretendiente Borbón en ningún momento los cuestionó.
PROPONGO: que se haga propuesta formal de que el Archivo de Indias pase a emplazarse en Barcelona, capital de Polònia y centro de la España colonial; como debería haber sido siempre.
5) El Rey Borbón reinó sin oposición interna entre 1700 y 1705 hasta el punto que en 1701 había celebrado Cortes en Barcelona, donde no sólo confirmó los fueros, sino que recibió numerosas donaciones.
PROPONGO: que se elijan reyes de un absolutismo sin fisuras, más autoritarios; los que consensuan no sirven a la causa polaca.
6) Los seguidores de Carlos de Habsburgo en Cataluña defendían la unidad de España. Trataban de imponer su candidato al conjunto de todo el país, apelando a la libertad de toda España, recelosos de la influencia francesa; lejos, pues, de cualquier aspiración secesionista o desmembradora. Los soldados que fueron derrotados el 11 de septiembre de 1714 frente a las tropas de Felipe V estaban mandados por el general Antonio de Villarroel, que en su última arenga les recordó: “Estáis luchando por nosotros y por toda la nación española”.
PROPONGO: que se prometa, por el resto de españoles, que la unidad de España es una línea roja que no se debe traspasar -los polacos tenemos derecho a nuestra parte del pastel y a gestionarla-.
7) El denominado decreto de Nueva Planta, llamada en realidad Cédula Real de Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, organizaba las instituciones judiciales en Cataluña, respetando las constituciones y prácticas previas, estableciendo que los letrados fuesen expertos en legislación y lengua catalana. Fijaba el castellano meramente como lengua jurídica y eliminaba los privilegios por nacimiento en un territorio determinado.
PROPONGO: Nada de ser especialistas en legislación polaca, ni hablar; este es un anacronismo que no nos podemos permitir los letrados polacos. Eso sí, debe reconocerse que ser polaco y del Barça es lo mejor que hay. Además, la lengua común jurídica en España que sea el polaco, que suena más dulce que el castellano. ¿O no?
8) El final de la guerra supuso el final de tres siglos de decadencia de Cataluña y el inicio de su resurgimiento económico. El siglo XVIII, lejos de ser un periodo de declive en Cataluña, resultó ser una etapa de particular esplendor y auge demográfico, agrícola, comercial e industrial, que más que fundamentarse en el comercio internacional, centrado en productos agrícolas, se benefició del proteccionismo de la Corona.
PROPONGO: restablecer las aduanas que separaban Polònia de Aragón, Valencia, etc. No hay nada como el proteccionismo para sentirse a gusto y gorronear sin sobresaltos.
9) Rafael Casanova no fue un mártir. El día del asalto final de las tropas borbónicas, Casanova estaba durmiendo y, avisado, se presentó en la muralla con el estandarte de Santa Eulalia para dar ánimos a los defensores. Herido de poca gravedad por una bala en el muslo, Casanova fue trasladado al colegio de la Merced, donde se le practicó una primera cura. Tras caer la ciudad en manos de las fuerzas borbónicas, quemó los archivos, se hizo pasar por muerto, y delegó la rendición en otro consejero. Huyó de la ciudad disfrazado de fraile y se escondió en una finca de su hijo en San Boi de Llobregat. En 1719 fue amnistiado y volvió a ejercer como abogado sin ningún problema hasta retirarse en 1737. Murió en San Boi de Llobregat en 1743. Un verdadero héroe.
PROPONGO: que al polaco Rafael se le abra expediente por no haber sido un buen chico y se le retire la estatua conmemorativa… ¡Y yo que creía que había muerto en combate!
Quizás Toni Soler recibirá demasiadas propuestas para su Polònia de 2014 y las mías no serán aceptadas; pero, al menos, habré contribuido a que se sepa parte de la verdad y a que no se le pille desprevenido. Polònia, es decir, la Cataluña nacionalista, afortunadamente no es toda Cataluña y muchos ciudadanos catalanes y del resto de España lo sabemos.
2014 puede ser el del inicio de un camino juntos, definitivamente, basado en el respeto, la tolerancia y un reconocimiento mutuo enriquecedor para todos; o, el del inicio de un conflicto de consecuencias incalculables, desproporcionadas e indeseables por empobrecedor. Este ya no sería un chiste.
Agresiones en las OAC
Barcelona dispone de 14 Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) repartidas por toda la ciudad, titularidad del Ayuntamiento de Barcelona. Sus competencias son diversas y muy variadas, pero, básicamente de información y gestión de trámites a los ciudadanos.
La gestión del servicio ha venido siendo pasto de la polémica por la progresiva externalización de la misma. Así, por ejemplo, en abril de 2010 se inauguró la de la plaza San Miguel cuya gestión se encomendó a la empresa Qualytel Services por 2,8 millones de euros. El presidente del comité de empresa entonces, Antonio Gómez Lorite, dijo que trabajaban hasta 90 personas “con un sueldo bruto mensual de 822 euros”, cuando los funcionarios cobraban “entre 1.400 y 1.500”, añadiendo temer una menor calidad en el servicio porque podía haber “rotación permanente”, y porque se vulneraban “derechos de intimidad” porque la privacidad debe tratarla personal funcionarial.
Ahora la preocupación se extiende a diversos casos de agresiones a sus trabajadores que de ser estadísticamente anecdóticas, al parecer y en los últimos tiempos, se están multiplicando y agravando con la delicada situación económica que vivimos. Estos se han organizado y reclaman de la autoridad municipal la protección y el amparo que hasta ahora les ha faltado.
Es tal la preocupación que el pasado día 22 de marzo de 2012 sus trabajadores emitieron el siguiente comunicado público:
‘El col·lectiu de treballadores i treballadors de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), denunciem que el passat dia 9 de març, es va cometre una agressió física, per part d’un usuari, a una treballadora de l’oficina de Ciutat Vella. Aquest fet, és la greu culminació d’una sèrie d’incidències que, des de ja fa més de 3 anys, s’estan produint a les oficines.
L’any 2009, es va produir un intent d’agressió a un treballador de l’oficina de l’Eixample. L’any 2010, es va produir un robatori a l’oficina de Ciutat Vella. La víctima també va ser una treballadora de l’oficina a qui li van sostraure efectes personals.
Hem fet referència a aquests tres incidents, per la seva gravetat, i perquè han estat els que han finalitzat amb denúncia policial i judici. Però situacions agressives es produeixen a diari a les oficines i no es preveu que la situació millori amb la conjuntura actual, i l’Ajuntament continua sense atendre la nostra petició de protecció.
La indefensió que patim les treballadores i els treballadors arriba fins al punt que, a diverses oficines situades fora de la seu dels districtes, només estan el Cap i el personal (a les subseus, no hi ha ni responsable), desemparats davant de qualsevol postura agressiva per part d’algun usuari. En alguna oficina s’ha envaït l’espai municipal, provocant danys al mobiliari i proferint amenaces al personal.
El personal de les OAC som un col·lectiu d’unes 150 persones, moltes d’elles, amb una llarga experiència en l’atenció al ciutadà i amb un grau de professionalitat que els mateixos usuaris han valorat com el segon servei de més qualitat dels que proporciona l’Ajuntament als ciutadans. Som un col·lectiu que, malgrat els temps difícils que vivim i la crispació en augment que es respira al carrer, continuem fent la nostra feina amb la responsabilitat que implica ser la cara de l’Ajuntament i amb el convenciment de la importància de prestar un servei públic de qualitat.
El col·lectiu de treballadores i treballadors de les OAC, continuem exposats diàriament a qualsevol incident, perquè l’Ajuntament no ens garanteix la nostra seguretat. Per això, demanem que es posin en marxa els mecanismes necessaris perquè no es torni a produir una altra agressió, i que s’atengui la nostra petició de més protecció a les oficines, per poder fer la nostra feina amb les garanties i les condicions adequades, que ens permetran continuar oferint un servei de qualitat a les ciutadanes i als ciutadans de Barcelona’.
Es de desear que esta justa petición sea atendida y no caiga en saco roto. La pelota está ahora en su tejado, señor alcalde.
Civismo
Cartel de la ciudad de Barcelona (foto: Federico Llosa Marsé).
‘El civismo (del latín civis, ciudadano y ciudad) se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. Se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos; buena educación, urbanidad y cortesía. Se puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad respetando y teniendo consideración al resto de individuos que componen la sociedad siguiendo unas normas conductuales y de educación que varían según la cultura del colectivo en cuestión’ (fuente: Wikipedia).
Lo anterior puede resumirse en un sencillo no molestar; porque la convivencia es vivir en relación con los demás y unas pautas mínimas de comportamiento son necesarias para que sea posible. Estas pautas mínimas que en otras latitudes son ampliamente respetadas con escasa o ninguna regulación, al parecer, en Barcelona han necesitado de una regulación expresa: la Ordenanza de Civismo (su nombre oficial es el de Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona).
En su exposición de motivos, la citada Ordenanza señala que su objetivo principal ‘es el de preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro, y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los otros y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes en Barcelona’.
Los resultados, al juzgar por la satisfacción de los barceloneses distan mucho que desear. El catálogo de infracciones cotidianas de la misma es innumerable y la llegada masiva del turismo, sobre todo, a partir de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 no ha ayudado precisamente. En este aspecto creo se ha de ser especialmente crítico, pues, campañas de ciertos turoperadores -con el silencio cómplice de nuestra autoridades- que venden la ciudad y su entorno como lugar de fiesta y desenfreno, donde casi todo está permitido no ayudan, precisamente, en la buena dirección.
Por otro lado, las infracciones a la Ordenanza y sus correspondientes sanciones caen en la mayoría de los casos en saco roto. Sólo acaban cobrándose el 20% de las multas a los incívicos con lo que se lanza el mensaje que serlo no está sujeto a responsabilidad pudiendo salirte gratis.
Frente a ello, sólo cabe que las autoridades hagan cumplir la normativa que han creado hasta sus últimas consecuencias y los ciudadanos barceloneses nos impliquemos más en el cuidado y vigilancia del espacio público cuya conservación acabamos pagando todos con los impuestos. Debemos dejar a un lado nuestra tradicional permisividad en estos temas y empezar a llamar la atención a los que se exceden en el uso y abuso del mismo, e, incluso, si es necesario con la denuncia.
Empecemos por exigir que se respeten conductas como las que refleja la fotografía que recoge un panel del Ayuntamiento de Barcelona situado en uno de nuestros parques (por cierto, ¿para cuándo la introducción de vigilantes en los mismos? -crearíamos puestos de trabajo y sería rentable-). A algunos quizás no les importe vivir en una pocilga, pero, a la mayoría sí. Impliquémonos y hagamos, entre todos, que la ciudad se convierta en un referente mundial cívico.
‘En Barcelona todo cabe, pero no todo vale’ rezaba, muy gráficamente, la última y enésima campaña contra las conductas incívicas sufragada por la administración municipal, reconociendo, implícitamente, una cierta impotencia.
Cambiemos. El ciudadano educado ha de poder, por fin, tener premio.
Despedida
Jordi Hereu (PSC), ex alcalde de Barcelona (foto: Wikipedia).
Os adjunto el correo electrónico que el anterior alcalde, Jordi Hereu (PSC), ha hecho llegar a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. Lamento decir que es un ejemplo de hipocresía. Se trata, precisamente, del presidente de la corporación que menos ha tenido en cuenta, en las últimas décadas, el parecer de los mismos y que apostó, sin medida, por la externalización de servicios, en una política más propia del neoliberalismo que de una propia del socialismo a la que, al parecer, estaba adscrito.
Falto de programa, de iniciativas y de buena gestión, se rodeó de una pléyade de oportunistas de perfil gerencial -es decir, ajenos al funcionariado y mucho mejor pagados que estos-, a los que dirigió sin rumbo y con sonados ridículos, cuyo punto culminante fue el de la consulta sobre el futuro diseño de la Avenida Diagonal de Barcelona que algunos calificaron de ‘colosal’ (Francesc de Carreras, Demócratas en apariencia, en La Vanguardia de 20 de mayo de 2010).
Por supuesto, la despedida ha sido enviada, exclusivamente, en catalán.
Benvolgut/benvolguda,
El divendres 30 de març deixo de ser regidor i finalitzo la meva trajectòria a l’Ajuntament de Barcelona.
Han estat catorze anys molt intensos, plens de feina i de grans moments, sempre viscuts amb vosaltres.
Anys en què he desenvolupat tasques diverses en aquest Ajuntament però, sobretot, en què he tingut l’honor de ser l’Alcalde de Barcelona. El major honor a que pot aspirar qualsevol barceloní o barcelonina.
Et vull agrair la gran feina feta al llarg d’aquests anys. Per a mi ha estat imprescindible.
La tasca dels treballadors municipals és una garantia per a qualsevol regidor, per a qualsevol alcalde.
Estic convençut que si aquest Ajuntament és capdavanter i una referència arreu és per la qualitat professional i humana del seu personal.
Des del darrer treballador contractat fins al funcionari més antic, aquesta institució està plena de gent que creu en Barcelona, que s’estima la seva ciutat i que hi treballa amb el convenciment de que una ciutat millor és possible.
Vosaltres feu forta Barcelona.
No deixis mai de creure en Barcelona. Si vosaltres no defalliu en la vostra feina estic segur que Barcelona sempre se’n sortirà de les dificultats, de les actuals i de totes les que vinguin.
Ha estat un immens plaer i un honor haver treballat per Barcelona i haver-ho fet amb gent tant inoblidable com vosaltres.
Fins sempre,
Jordi Hereu i Boher
Hasta siempre… pero, en otra labor, al peor alcalde de Barcelona desde el reestablecimiento de la democracia.
Prostitución: ataque a las trabajadoras sexuales
¿España es país receptor de tráfico de personas? “Sí, llegan desde fuera de la Unión Europea, por Rumanía y Bulgaria. Acaban en España, el Reino Unido y Portugal. La mayoría son mujeres destinadas a la prostitución” (entrevista a Juan Antonio García Jabaloy, fiscal de Eurojust, experto en crimen organizado transnacional).
En 2006, en Barcelona, se puso en marcha un plan para el abordaje integral del trabajo sexual (Abits) cuyos resultados en sus inicios, a juicio de los vecinos y las prostitutas fueron negativos. La normativa, que nació con la denominada ordenanza de civismo del Ayuntamiento de Barcelona, provocó que las mujeres que se dedicaban a la prostitución se sintieran “amenazadas por parte de la Guardia Urbana con insultos, humillaciones, amenazas, persecución y acoso”.
El plan consistía, fundamentalmente, en la recolocación de las que decidían abandonar el oficio, pero, para las que no -que eran la mayoría-, seguían estando en continuo desamparo. “Se debe tratar a fondo este tema, llevarlo al campo político, reconocerlo y no ser hipócritas”, reclamaba el presidente de la Asociación de Vecinos del Raval, Josep García. Sin embargo, con el programa Abits, con un presupuesto en 2009 de 600.000 euros, se consiguió, al menos, que 69 mujeres entrasen voluntariamente en programas de inserción laboral y que 36 de ellas encontrasen otro trabajo.
Las fotografías que publicó El País donde se mostraba sexo explícito en los pórticos del Mercado de la Boquería constituyeron un gran escándalo y avivaron el eterno debate, intentando reubicar la prostitución en espacios privados. ‘El dilema no es si estamos a favor o en contra de un fenómeno que repugna a la práctica totalidad de las mujeres, entre las que me incluyo, como también a muchos hombres. No sólo desde el feminismo, sino desde amplios sectores de la sociedad, existe un rechazo a una práctica que convierte las relaciones sexuales en un intercambio mercantil con componentes de dominio y vejación, en el mejor de los casos, y de abuso, agresión o riesgo para la salud, la seguridad y la libertad de quienes la ejercen, en el peor. Es mezquino atribuir a quienes defendemos la regulación de la prostitución cualquier pretensión de avalarla o bendecirla. Como también es hipócrita -o incomprensiblemente ingenuo- pensar que si la prohibimos o la escondemos dejará de existir […]. El enfrentamiento estéril entre las tesis abolicionistas y las partidarias de la legalización debería dar paso a un debate en el que, compartiendo objetivos, analizáramos los mecanismos que permiten, de forma objetiva y no meramente estética, garantizar los derechos de las mujeres y ser más eficaces en la lucha contra las mafias’, manifestaba la concejal, entonces, Inma Mayol de ICV-EUiA en un brillante artículo.
Mientras tanto, Xavier Trias (CiU), entonces futuro alcalde, aunque se mostraba claro partidario de las tesis abolicionistas defendía el aumento de los recursos para el plan de abordaje en contra del PP, que pedía actuaciones sin complejos planteando abiertamente la erradicación.
El problema es real y de grandes proporciones que traspasan nuestras fronteras. Barcelona es, hoy en día –junto a Madrid y Valencia-, una de las ciudades españolas capitales de las mafias de prostitución, unas organizaciones -no lo olvidemos- integradas, principalmente, por nacionales: ocho de cada diez organizaciones cuentan con delincuentes de nacionalidad española. Se trata de un problema complejo que requiere de soluciones, por tanto, complejas -de ámbito nacional e internacional- y mantenidas en el tiempo. La agencia para el abordaje integral del trabajo sexual ha sido un instrumento a nivel municipal que, con todas las deficiencias que se quiera, ha servido para abordarlo y paliar la situación de la parte en situación más débil: las trabajadoras sexuales.
La entonces concejal de Mujeres, Elsa Blasco (ICV-EUiA), el año pasado, reconoció que “es casi imposible saber el número de prostitutas que hay en Barcelona” y dio un dato que debería llevarnos a reflexionar: el número de multas a prostitutas [en la ciudad] triplica el de ayudas.
No se debe caer en la tentación de creer que con las prostitutas todo vale pudiendo, incluso, vulnerar sus derechos fundamentales. Cuando se exponen discursos simplificadores como los que planteó nuestro actual alcalde en plena campaña electoral afirmando que acabaría con la prostitución callejera y con la “escondida” no se ayuda a poner las bases para solucionar un problema o, al menos, paliar la situación de los más necesitados de ayuda.
Los sectores más reaccionarios del Consistorio barcelonés, CiU y PP, primero a la greña alrededor de la opción abolicionista, se pusieron por fin de acuerdo este año aprobando prohibir la prostitución en la calle, en un claro ataque a las trabajadoras sexuales, a las que sitúa al mismo nivel, prácticamente, que sus potenciales clientes. Una resolución que quizás tenga réditos electorales y sirva para aparecer en los medios de comunicación, pero que olvida que un ayuntamiento no puede entrar a regular materia reservada al Código Penal -que no prohíbe el ejercicio de la prostitución- y que con una prohibición total se esconde el problema de las calles y con ello se dificulta el trabajo de los equipos sociales y entidades que trabajan con las mujeres.
Mientras tanto las personas que se dedican a la prostitución continuarán ejerciendo su triste y marginal actividad. Los ciudadanos, al menos, no podemos ni debemos tolerar que se vulneren sus derechos cívicos, sobre todo porque se trata del eslabón más débil. Al menos, la Sindica de Barcelona ha iniciado una investigación demostrando que en estos temas, más si cabe, no pueden admitirse ordenanzas basadas en soluciones que se nos presentan como milagrosas y en la hipocresía a la que nos tienen acostumbrados ciertos políticos que olvidan su pretendida autoridad cuando les conviene, como en el recientemente celebrado congreso de móviles. Trias y Fernández no solucionan el problema, sino que esconden la basura bajo la alfombra en una actitud que merece nuestro rotundo rechazo como ciudadanos.
Huelga contra los que gobiernan el mundo
La situación económica es muy grave: paro, desahucios, pobreza. La crisis fruto de la codicia ilimitada de unos y el no hacer nada de otros no la están pagando los causantes.
Es necesario recordar que cualquier medida que no pase por hacer pagar la crisis a sus causantes: la oligarquía económica y sus colaboradores necesarios de la casta política, y optar por hacer que sea la población general los que sufran y paguen las consecuencias de su crisis, no puede ser aceptado y se ha de dejar claro que en esas condiciones encontraran el mayor de los rechazos posible.
La disminución salarial a los funcionarios. La congelación de las pensiones paso previo a una reforma de pensiones varias veces anunciada. La reforma laboral que evapora derechos de los trabajadores, una reforma, continuación de otra y que es preludio de otras que desean ir implantando. La subida de impuestos, salvaguardando al mismo tiempo los patrimonios de las grandes fortunas, etc. Todo ello significa continuar socializando las perdidas, privadas, producidas en el sector financiero y llevadas al resto de la economía. Una acción que permite que los responsables no solo no asuman las consecuencias de los riesgos asumidos sino que las blanquean con dinero público.
Resulta sonrojante que inversiones orientadas políticamente -es preocupante e impactante las conexiones entre el poder politico y la oligarquía económica- queden sin ninguna responsabilidad y que algunos de los culpables de quiebras de cajas anden en la calle con enormes ingresos garantizados pese al enorme daño causado.
La emisión de deuda con la que se ha reflotado y evitado el hundimiento de cajas y bancos ha implicado la conversión en deuda pública lo que era privado, salvando con ello los intereses de la oligarquía por un lado pero también de bancos internacionales (francoalemanes fundamentalmente) que en un ejercicio de despropósitos, descaro e irresponsabilidad arrogante asumieron engordar a un sector viciado por los juegos de influencias de la casta política.
Por ello es necesario que los ciudadanos digamos que no podemos aceptar la solución propuesta. Por ello es necesario que los que vivimos de nuestro trabajo digamos basta a tener que pagar la crisis que ellos han provocado, mientras los responsables se van impunes y con los bolsillos llenos (¿dónde está ese dinero?). Por eso es necesario que unamos los esfuerzos en la huelga general del 29 de marzo de 2012, continuación de las realizadas anteriormente; porque los motivos que las provocaron no sólo no se han solucionado, sino que, se han agravado en el tiempo, pese a las noticias que nos hacen llegar unos medios de comunicación, muy mayoritariamente, afectos al poder establecido.
Pese a que la huelga se convoca, en gran parte, por unas organizaciones que forman parte de la casta política, de la partidocracia, viciados de prebendas clientelares y corruptelas varias, no impide valorar la convocatoria de huelga como un instrumento válido para que otras organizaciones y multitud de personas hagan oír su voz, adquieran visibilidad y con ello ayudar a acabar con la solución que implica dañar a los más desfavorecidos mientras los más ricos, los responsables, se van de rositas y con las cuentas opacas y blancas bien llenas.
“Goldman Sachs gobierna el mundo”, decía Alessio Rastani, el corredor de bolsa que anunció en septiembre un crash en la eurozona en unos doce meses (el plazo se cumple en septiembre de 2012). Rastani trabajaba por su cuenta. Está claro que si lo hubiera hecho para una gran empresa, ya hubiera sido despedido. ¿Por crear alarma o por contar la verdad?
La huelga del 29M no debe ser sólo contra la reforma laboral (porque es injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo), ni simplemente por la defensa de los derechos de los que mantienen su empleo y los de aquellos que en un futuro accederán al mercado de trabajo. Debe ser, sobre todo, una huelga contra los que gobiernan el mundo; un aviso.
Fundaciones bajo sospecha
‘Una fundación es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una organización sin ánimo o fines de lucro. Dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación debe perseguir los fines que se contemplaron en su objeto social, si bien debe también cuidar de su patrimonio como medio para la consecución de los fines. En algunos países [como en España], su órgano de gobierno se denomina patronato. Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último […]. Las fundaciones son objeto de beneficios fiscales’ (fuente: Wikipedia).
En Cataluña, su regulación la encontramos en libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas. Las fundaciones declaradas de utilidad pública pueden gozar de un tratamiento fiscal muy ventajoso pudiendo alcanzar beneficios fiscales tales como la exención del IBI o el IAE.
Esta figura jurídica es muy utilizada; así, por ejemplo son fundaciones: la de gestión sanitaria del Hospital de San Pablo, la del Palacio de la Música, la de la Caixa, o, incluso, la recientemente creada Mobile World Capital Barcelona que gestionará los proyectos y programas que se desarrollarán en Barcelona como capital mundial de las comunicaciones móviles, entre otras.
Sin embargo, en los últimos tiempos hemos podido observar cómo, a menudo, propiciaba la falta de transparencia y servía de instrumento para financiar intereses particulares burlando los controles existentes, que, al parecer, se han demostrado, del todo, insuficientes. En este sentido, en multitud de ocasiones, han servido para ocultar tramas que servían, presuntamente, a un único fin: financiar, directa o indirectamente, irregularmente al nacionalismo catalán (sus partidos, asociaciones, etc.); muy especialmente en los últimos tiempos a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido en el gobierno en la Generalidad y en el Ayuntamiento de Barcelona.
Recordemos, por ejemplo, algunos casos recientes de corrupción, o al menos, de gestión dudosa, en los que directa o indirectamente aparecen fundaciones:
– 9 de enero de 2012. La Fundación Barcelona Comerç anuncia que la pista de hielo que instaló con subvención del Ayuntamiento en la Plaza de Cataluña cerró “con pérdidas del 5%”.
– 8 de marzo de 2012. Xavier Solà (CDC) y familiares suyos, facturaban, cantidades indeterminadas, a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) a través de la Fundación Privada de Vivienda Pública (FPVP).
– 19 de marzo de 2012. La Generalidad de Cataluña se ve forzada a destituir al director gerente del Hospital de San Pablo de Barcelona por irregularidades (18 millones de euros de déficit en 2011).
– 26 de marzo de 2012. Dos empresas del escándalo de las ITV pagaron 140.000 euros a la fundación de CDC, la Ramon Trias Fargas (hoy Catdem).
En el año 2011, como consecuencia, fundamentalmente, del caso Palacio de la Música, se aprobó un Plan específico de inspección de fundaciones para ese año subrayando que ‘la función de inspección de las fundaciones por parte del protectorado constituye una herramienta fundamental con vista a salvaguardar el interés general al cual las fundaciones están afectadas, y velar porque sus recursos económicos sean aplicados al cumplimiento de las finalidades fundacionales, y también para que las fundaciones cumplan las obligaciones previstas en la normativa vigente’. Por lo que se ve, no ha dado resultado.
Bien al contrario, a día de hoy, en Barcelona y en el resto de Cataluña, este tipo de persona jurídica continúa bajo sospecha. ¿A qué fines inconfesables sirven, como mínimo, algunas de ellas? ¿Por qué se dan tantos casos que, al final, acaban tocando a miembros destacados de las formaciones políticas?
Mientras la ciudadanía se hace estas preguntas, los que llegan a ser encausados criminalmente por estas cuestiones, como por ejemplo Fèlix Millet y los suyos, continúan en la calle, como si nada; no es un buen ejemplo.
Señales nacionalistas
‘Las señales de tránsito o señales de tráfico son los signos usados en la vía pública para impartir la información necesaria a los usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los conductores de vehículos y peatones […]. Puesto que las diferencias de idioma pueden crear barreras, las muestras internacionales usan símbolos en lugar de palabras. Se han desarrollado principalmente en Europa y se han adoptado en la mayoría de los países’ (fuente: Wikipedia).
Como las señales se han hecho para las personas y no al revés, lo lógico al traspasar en nuestro país territorios con más de una lengua oficial sería que las señales se adaptasen a la realidad lingüística de los mismos. Esto, en general, es respetado en las vías de titularidad estatal; incluso, cualquier ciudadano podrá haber observado que determinadas vías que tienen final o inicio en Cataluña y que, igualmente, transcurren por otra Comunidad Autónoma, respetan escrupulosamente la cooficialidad idiomática.
Sin embargo, en Barcelona y por extensión en el resto de Cataluña, los nacionalistas han impuesto, una vez más, el monolingüismo a las vías de comunicación que controlan. En su caso, como en otras materias, contra toda lógica basada en razones -en este caso informativas- las señales se instalan, exclusivamente, en catalán.
Todo ello pese a que la normativa estatal es clara al respecto y exige sean bilingües allá donde coexistan lenguas oficiales; pero, ni caso. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona prefiere perder los ingresos que se generen por multas de tránsito si lo alegado es la infracción idiomática prevaricadora en esta materia que realizan. ¿Hasta cuándo la fiscalía permitirá que los responsables de tráfico en esta Comunidad Autónoma cometan delitos impunemente?
Incluso el Síndic de Greuges tan proclive a inhibirse en temas lingüísticos interpretando las normas siempre a favor de parte –nacionalista, por supuesto-, en su informe de 2010 determinaba que, tanto español como catalán, son lenguas oficiales de Cataluña, por lo que ‘hay que evitar cualquier discriminación por razón de lengua en la información complementaria de las señales de tráfico’. Para los más infantiles, juguetones y sinvergüenzas, aquellos que se creen impunes y tienen ganas y tiempo para mostrar públicamente su chulería saltándose la ley, queda la polémica sobre el CAT. Homs, portavoz del Gobierno autonómico, y Puig, consejero de Interior, ambos de CiU, son alumnos aventajados, aunque lo hagan a título individual. Otras formaciones secesionistas, directa y sencillamente, piden que se incumpla la ley. Otra vez me pregunto, ¿dónde para la fiscalía?
Si a lo anterior añadimos que se desorienta a los conductores por la falta de continuidad en las señales en la ciudad de Barcelona según denuncia un reciente estudio del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), el panorama para los conductores hispanoparlantes que vienen a nuestra ciudad es como para ponerse a temblar.
El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Eduard Freixedes (CiU), se ha comprometido a tener en cuenta el estudio para ir mejorando la señalización, replicando que esta es una cuestión “polémica”, ya que hay quien opina que las señales de una ciudad deben contener elementos de su idiosincrasia y por ello no es partidario, por ejemplo, de cambiar Besòs y Llobregat por norte y sur. Freixedes ha informado de que el Ayuntamiento destinará este año 1,2 millones de euros a la señalización de la ciudad.
El bueno de Freixedes –antes García (cambió su apellido en 2008)- no es demasiado conocido… salvo para crear polémicas identitarias: se trata del concejal que en marzo de 2011 se negó a firmar unos documentos oficiales por estar redactados en castellano. Si fuera gallina, no esperaría demasiado de la zorra. ¿Y la fiscalía, continúa sin querer enterarse del problema?
“Nuestra lengua es el reflejo de nosotros mismos” (Gandhi, el 6 de febrero de 1916, en un discurso ante Colegio Central de Benarés, Universidad Hindú).
Algunos pretenden a los ciudadanos de Cataluña castellanoparlantes (o mejor, hispanoparlantes), desde hace tiempo, hacerles comulgar con ruedas de molino: la inmersión lingüística en catalán es un “modelo de éxito” en la enseñanza pública, dicen. No tienen en cuenta, entre otras cosas, que ya hace más de treinta años que se aplica, y no dudan en acudir a la manipulación informativa, si lo consideran preciso, con la finalidad de conseguir sus objetivos.
Pero os digo la verdad: se trata de un instrumento de opresión. Escriben la historia, controlan los medios de comunicación, las instituciones, la dirección de las grandes empresas radicadas en esta comunidad, imponen sus fiestas, sus costumbres… logrando que durante años muchos piensen como ellos o invitando a marcharse a quien no acepte su pensamiento uniformador y alienante.
Se trata de “una lengua de cohesión” social, dicen vistiéndose de un falso progresismo para esconder su realidad autoritaria. No tienen en cuenta ni respeto por aquella otra lengua oficial que es la materna de la mayoría de catalanes; también la de la mayoría de los inmigrantes a esta Comunidad.
Pero os digo la verdad, en realidad, se trata de un instrumento de opresión. No es la primera vez que esto sucede en la historia: en la Inglaterra colonial se imponía el inglés a los hindúes, en la Sudáfrica del apartheid el afrikáans a los sudafricanos (como refleja muy bien la protesta de la película del vídeo adjunto, basada en hechos reales), etc. Ahora, en Cataluña, una Comunidad Autónoma de una nación democrática que se llama España, se pretende por los nacionalistas imponer el catalán a los ciudadanos catalanes hispanoparlantes, con la intención de excluir progresivamente al castellano de la vida pública. Eso es, sencillamente, opresión y los que lo hacen son unos opresores.
Los ciudadanos no debemos asumir la fatalidad, sino, enfrentarla para tener esperanza. Contra la imposición, se ha demostrado, no valen razones; ni tan siquiera jurídicas. El desacato a la doctrina sentada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eludiendo su obligación jurisdiccional de ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo hace que se mantenga en el tiempo la opresión.
Ha llegado el momento de decir basta y concienciarse de que nadie vendrá en nuestra ayuda si no nos implicamos todos los afectados que vivimos y trabajamos en Cataluña. Ha llegado el momento de la desobediencia civil que implica acciones públicas contra lo que el poder autonómico insiste en calificar como legal contra viento y marea. En Sudáfrica los negros lo llamaron “conciencia negra”; aquí me atrevo a llamarla “conciencia española”, la que une a los ciudadanos catalanes en un ámbito de ciudadanía con el resto de españoles.
No es hora ya de esperar, por más tiempo, sin dar una respuesta proporcional y adecuada: ha llegado el momento de no aceptar más imposiciones y boicotear el inicio del curso escolar 2012-2013 mientras se mantenga un sistema lingüístico contrario a la Constitución y al derecho si antes no se ha hecho justicia (es decir, si antes no se ha pronunciado el Tribunal Supremo en relación a la ejecución que de su sentencia ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Generalidad no ha reintroducido el castellano como lengua vehicular en la enseñanza).
Hago un llamamiento, humilde pero contundente, a todas las asociaciones y partidos políticos afines, para que se reúnan y lideren unidos acciones que vayan en la línea de apoyo a los alumnos y padres de los mismos que se nieguen a iniciar el próximo curso bajo el yugo opresor del nacionalismo excluyente. Propongo como acto inicial, una gran manifestación contra la imposición de la inmersión lingüística en la enseñanza pública catalana y por la reintroducción del castellano como lengua vehicular a celebrar, por ejemplo, el 21 de abril de 2012 en Barcelona. Queremos una Cataluña para personas iguales, tanto catalanoparlantes como hispanoparlantes, con la mano abierta al otro.
Para terminar, otra frase de Gandhi: “Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas”.
——–
PD. Me llega la noticia de que Convivencia Cívica Catalana tiene previsto realizar diferentes actos por toda la geografía de Cataluña para asesorar a los padres que deseen solicitar la educación bilingüe para sus hijos. Me parece una iniciativa que va en el buen camino y que es digna de apoyo. Mañana, sábado, día 24 de marzo, Convivencia realizará un acto en Badalona abierto a todos aquellos padres y ciudadanos en general que deseen asistir. En el acto intervendrán como ponentes: Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana; Ángel Escolano, letrado de la asociación y que ha llevado los últimos casos ante el TSJC y el Tribunal Supremo; y Enrique López, uno de los padres que ha llevado sus demandas de educación bilingüe ante los tribunales y se le han concedido. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en la calle San Anastasio, 42, de Badalona (Barcelona), en el conocido local Micacos, cerca de la parada de metro de Pompeu Fabra de la Línea 2 del metro.
Aceras: la ley del más fuerte
‘Una acera, calzada, banqueta, vereda o andén es un camino para peatones que se sitúa a los costados de una calle. En cuanto elemento del espacio público, en muchos países existen leyes que fomentan la remoción de las llamadas barreras de infraestructura de las aceras para así reducir las dificultades de los discapacitados. Se requiere que las aceras tengan rampas en las esquinas para permitir el tránsito fluido de personas en silla de ruedas. Sus dimensiones dependen del tránsito que deban soportar’ (fuente: Wikipedia).
Una acera de Barcelona, en la que se hace casi imposible transitar por ella (foto: Federico Llosa Marsé).
En la ciudad de Barcelona, el uso de las vías y los espacios públicos vienen regulados por una ordenanza del 27 de noviembre de 1998 (por lo que hace a la circulación de viandantes y vehículos, por otra ordenanza específica de la misma fecha). Así, en su artículo 2 se recoge, entre otros, como principios generales los siguientes:
‘Las vías, los espacios públicos y las instalaciones y mobiliario urbano que están ubicados están destinados al uso general por parte de los ciudadanos, según la naturaleza respectiva de los bienes y bajo los principios de libertad individual y respeto a las personas […]. Las actividades que se desarrollen en la vía pública no pueden limitar el derecho de los otros a los usos generales, excepto que se disponga de licencia o concesión para el uso común especial o privativo’.
Es decir, para resumir, las aceras son de todos, para el uso general de los ciudadanos y aquél que las ocupe particularmente debe tener una autorización municipal expresa y concreta para ello. Aconsejo una lectura detenida de esas ordenanzas para comprobar que son innumerables los comportamientos cotidianos en las aceras que las incumplen. Incluso, alguien se dedicó a contar los obstáculos en la vía pública de Barcelona y sumaban nada menos que 3.400.
Me centraré en un tema concreto que ha llegado a límites insostenibles: el estacionamiento en las aceras de motocicletas y ciclomotores. La regulación de la ordenanza es permisiva y clara:
‘Las motocicletas y ciclomotores de dos ruedas se estacionarán en los espacios destinados especialmente a este fin, sin que puedan ocupar un espacio destinado y delimitado para otro tipo de vehículo. En el supuesto de que no haya, podrán estacionar en la calzada, en semibatería, ocupando un ancho máximo de un metro y medio, y sin impedir el acceso a vehículos inmediatos’.
Además, y con condiciones estrictas, si no fuera posible lo anterior, se permite aparcar en las aceras de más de tres metros de ancho. Es decir, de la normativa vigente se deduce un uso excepcional, estrictamente regulado, de las aceras para estacionar vehículos de dos ruedas.
La realidad, sin embargo, para cualquiera que pasee por la ciudad de Barcelona es observar los abusos, por ignorancia o por mala fe, de los motoristas. No caben regulaciones en estos temas que, en definitiva, ni van a ser respetadas ni sancionadas como corresponden sus infracciones.
Debe ya implementarse un plan que las vacíe de estos vehículos y limite su uso para el que originariamente estaba previsto: los peatones (las personas que van a pie). Hoy ni tan siquiera podemos dejar a nuestros hijos ir tranquilamente al colegio; no nos queda otra opción porque la mayoría de centros educativos barceloneses carecen de caminos escolares que faciliten que los menores puedan acudir solos al colegio. El camino escolar es un concepto que se aplica en otros países (como Suiza e Italia) y que consiste en hacer intervenciones en las calles que reduzcan los riesgos: vallas en aceras, semáforos con el tiempo adecuado, pasos para peatones bien señalizados y la peatonalización de algunas vías.
Los vehículos tienen su espacio y los viandantes deben tener el suyo propio, sin interferencias; pues, los espacios mixtos han demostrado la imposibilidad práctica de la convivencia. Al fin y al cabo, las ciudades se crearon para las personas y ellas, sin añadidos, deben ser siempre prioritarias.
La Monumental espera
‘Prohibir las corridas, además de un agravio a la libertad, es también jugar a las mentiras. Es una seña de identidad que no puede ser desarraigada de manera prepotente y demagógica’ (Mario Vargas Llosa, en un artículo publicado en El País, Torear y otras maldades).
Plaza de Toros de Barcelona La Monumental (foto: Federico Llosa Marsé).
‘Nadie puede negar que la corrida de toros sea una fiesta cruel. Pero no lo es menos que otras infinitas actividades y acciones humanas para con los animales, y es una gran hipocresía concentrarse en aquella y olvidarse o empeñarse en no ver a estas últimas. Quienes quieren prohibir la tauromaquia, en muchos casos, y es ahora el de Cataluña, suelen hacerlo por razones que tienen que ver más con la ideología y la política que con el amor a los animales’, comentaba el Nobel de Literatura.
No habrá más corridas de toros en Cataluña, salvo que las Cortes Generales o el Tribunal Constitucional (TC) modifiquen el derecho vigente, pero este no es el motivo del presente post. Ni siquiera discutir sobre por qué corridas no y correbous sí que evidencia, una vez más, las dobles varas de medir del nacionalismo catalán.
Quería llamar la atención sobre el edificio de la plaza de toros La Monumental. ‘Inaugurada en 1914 con el nombre de Plaza de El Sport, fue inmediatamente ampliada y rebautizada en 1916 con el nombre de Monumental. Está situada en la confluencia de la Gran Vía y la calle Marina, en el distrito del Ensanche de Barcelona. De estilo neomudéjar y bizantino, tiene un aforo de 19.582 localidades […]. Propiedad de la familia Balañá, que ha cedido su explotación a la Casa Matilla, será destinada a eventos musicales y espectáculos circenses […]. Cabe reseñar que, en el interior de la Monumental se halla el Museo Taurino de Barcelona, donde se exponen trajes de famosos toreros, cabezas de toros célebres, documentos históricos y demás objetos relacionados con la tauromaquia’ (fuente: Wikipedia).
Este edificio es historia viva de Barcelona. Además de los toros, ha sido escenario de grandes mítines políticos y de grandes conciertos; así, por ejemplo, acogió el 3 de julio de 1965 el que sigue considerándose el primer evento musical de primer orden que tuvo lugar en la ciudad, el concierto ofrecido por el conjunto inglés The Beatles; y, en la Transición se convirtió en lugar habitual de acontecimientos políticos, como el mitin de Felipe González en 1977, pocos años antes de ganar sus primeras elecciones, o la manifestación en favor del regreso del presidente de la Generalidad de Cataluña en el exilio, Josep Tarradellas, como antes, lo había sido en la República, sin ir más lejos, de Lluís Companys.
La Monumental está catalogada como patrimonio arquitectónico de Barcelona. Son 10.000 metros cuadrados en una zona estratégica. Su calificación no permite el derribo y el uso futuro es ahora una incógnita. Entre otras propuestas surgió la de que el emir de Dubai estaba interesado en comprar el edificio y convertirlo en una mezquita. También se habla de construir un centro comercial, como sucedió con la otra plaza de toros emblemática de Barcelona que continuaba en pie, Las Arenas. No me parecen destinos adecuados para un espacio tan emblemático de la ciudad y que los barceloneses sienten, tan profundamente, como suyo.
Ya que son las instituciones las que han prohibido su uso natural, deben ser éstas las que tendrían que implicarse en su adquisición y mantenimiento para darle uno digno y duradero. Propongo el siguiente: un centro cultural donde los protagonistas absolutos sean los ciudadanos, un ágora de encuentro para el debate libre e igual donde se discutan los problemas de los barceloneses. ¿Se anima, señor alcalde? La Monumental espera.
César, un leonés, máximo goleador del Barça
[…] Hijos de Una, Grande y Libre…
Metro Goldwyn Mayer…
Lo toma o lo deja…
Gomas y lavajes…
Quintero, León y Quiroga…
Mazapanes y sabañones…
Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón.
(Joan Manuel Serrat, Temps era Temps)
El leonés César, jugador del Barça (foto: Wikipedia).
Muchos medios de comunicación se hacen eco esta semana de la posibilidad de que Leo Messi bata el récord histórico de César y se convierta así en el máximo realizador de la historia azulgrana en partidos oficiales. Si revisamos el listado, por nacionalidades, de los treinta máximos goleadores de la historia del F.C. Barcelona, observamos que diecisiete eran españoles (seis catalanes, dos castellanoleoneses, dos vascos, dos asturianos, dos navarros, uno gallego, uno valenciano y uno canario). Se confirma lo que ya comenté en un post anterior: la preponderancia de los jugadores nacionales en la historia de este club.
Pero, ¿quién era éste jugador que se ha mantenido tantos años a la cabeza de los goleadores del Barça? César Rodríguez Álvarez, nació en León el 5 de julio de 1920. ‘Fue fichado por el club catalán en 1939, una vez acabada la Guerra Civil Española, a su club de origen, el Frente de Juventudes de León. Pero en 1940 tuvo que cumplir el servicio militar obligatorio en Granada, y fue cedido por el Barcelona al club de la ciudad de La Alhambra durante un año. César llevó al Granada a proclamarse campeón de la Segunda División Española y a ascender a Primera por primera vez en su historia […]. Una vez de regreso a Barcelona, en 1941, se ganó la camiseta con el número 9 de titular, que lució durante 15 temporadas consecutivas, colaborando con sus más de trescientos goles a que el F.C. Barcelona ganase cinco Ligas, tres Copas de España y dos Copas Latinas […]. Abandonó el F.C. Barcelona en 1956 y regresó a su ciudad natal para jugar en la Cultural Leonesa’ (fuente: Wikipedia).
Dos anécdotas reflejan el sentir de una época: ‘Cuentan que César [antes de fichar por el F.C. Barcelona] tenía otra oferta del Atlético de Madrid, pero que se plantó: “O me voy al Barça o me quedo en León. Yo quiero ver el mar”‘. Y, ‘en 1951 el Murcia visitaba Les Corts [el campo de entonces del Barça]. Un rival a priori de los facilitos. Tanto, que nadie dudó en aplaudir a rabiar la deportiva acción de César [aunque después se complicase el partido]. En el minuto 3 […] el árbitro favoreció a los azulgrana con un penalti inexistente. El público lo acogió con una bronca, ante la evidencia del error arbitral, y César tuvo la gentileza de lanzarlo suavemente hacia las manos del portero. Ovación ensordecedora’.
Aún cuenta en su haber con una gesta que ni Messi ha igualado aún: en el Granada-Castellón (7-3), de la temporada 1941-42, marcó seis goles. Muchos nos preguntamos cuándo se perdió la caballerosidad en el deporte, el fair play y la generosidad con el adversario; virtudes de las que era ejemplo destacado éste gran jugador. También, por qué el nacionalismo olvida interesadamente que la historia de Barcelona, de Cataluña, está preñada de españolidad, entre otras cosas, porque son ya muchos siglos de convivencia entre españoles de una u otra comunidad que han configurado lo que es hoy ésta, haciéndola mejor.
Algunos preferirían que algún día César constase como extranjero en la historia del club. Me temo que son los mismos que nunca hubieran venido a la ciudad condal, tan solo, por ver el mar, ni nunca entenderán por qué aquel día, ante el Murcia, lanzó suavemente un penalti.
Sobre este blog
Federico Llosa Marsé (Barcelona, 1966). Sigo perteneciendo, aunque no me lo pongan fácil, a una especie en peligro de extinción en nuestra sociedad barcelonesa; la de los hombres honrados, sensibles y orgullosos. Pretendo con este blog despertar la conciencia de la mayoría de mis vecinos, poner el cascabel al gato y enceder la llama de la esperanza ante tanta miseria como nos rodea. Si quieres comentarme o denunciar algo de Barcelona este es mi correo electrónico: fedllosmar@gmail.com
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