Òmnium Cultural, una entidad dedicada a la promoción y normalización de la lengua catalana, la cultura y la identidad nacional de Cataluña, se hizo con una sede de lujo en la calle Diputació de Barcelona gracias a la generosidad de los gobiernos de CiU y el tripartito, que le concedieron ayudas para comprar la finca sin que lo solicitase, de forma directa, pues no hubo ni convocatoria ni publicidad, y sin exigirle garantía, según denuncia el diputado del grupo mixto y promotor de Impulso Ciudadano, José Domingo.

La rocambolesca historia de la compra de esta sede de 790 metros cuadrados en pleno corazón de la capital catalana arrancó de forma extraña en el último Consell Executiu celebrado por Pujol en diciembre del año 2003. El Govern convergente acordó en esa reunión entregar 601.000 euros a Òmnium Cultural a cargo de una caudalosa herencia, la de Carmen Pintó Valls, que había quedado sin herederos y, por tanto, había ido a parar a las arcas de la Generalitat.

Gracias a ese dinero, Òmnium se vio en disposición de dejar su vieja sede alquilada de la calle Montcada y de comprarse la nueva, de dos plantas, por 3,54 millones de euros, con una hipoteca que vence en 2034. Para materializar la adquisición, Òmnium creó una fundación, Fundació Privada Òmnium, de la mano de su abogado, Raimon Bergós, el mismo letrado que hasta hace unas semanas asesoraba al Palau de la Música.

«El proceso está lleno de irregularidades desde un primer momento», explica Domingo. «Para empezar, la subvención se dio a nombre de Òmnium, aunque quien compró la sede fue la Fundación», relata el diputado. «Además, el dinero se pagó sin que existiese solicitud por parte de Òmnium. Tampoco hubo concurso ni ningún otro procedimiento ni se le dio publicidad al acuerdo», añade.

La Generalitat se percató de las irregularidades también desde un primer momento. Tanto es así, que en el mismo mes de diciembre de 2003, la Dirección General de Patrimonio requirió a Òmnium para que solicitase la ayuda de forma oficial, pese a que ésta ya había sido concedida. La petición nunca llegó, al menos por escrito, según cuenta Domingo, que ha tenido acceso al expediente en las dependencias del Departament de Economia, donde se excusan con el argumento de que «la solicitud pudo ser oral».

En ese mismo acuerdo de diciembre de 2003, la Dirección General de Patrimonio decidió que Òmnium Cultural no tenía obligación de presentar la habitual garantía debido «a su reconocida solvencia». No obstante, y según ha comunicado la Intervención General a Domingo, en este tipo de casos es «conveniente que se establezca una garantía», pues la entrega de la subvención debe de ser ratificada a posteriori por la junta distribuidora de herencias. Si no se produce esa ratificación, el beneficiario tendría la obligación de devolver el dinero y, si no lo hiciese, se ejecutaría el aval y así, la Generalitat se aseguraría de que se efectúa el reintegro.

Además, la intervención explica que la propuesta del Consell Executiu para dar el dinero a Òmnium no se sometió a informe previo, un trámite que es obligatorio, según la Ley de Finanzas Públicas.

A la junta de distribución de herencias le tocó ratificar el acuerdo del Govern de Pujol en 2006, cuando ya gobernaba Pasqual Maragall y Antoni Castells estaba al frente del Departament de Economia. Para justificar que la compra de la finca de la calle Diputació se había efectuado, Òmnium presentó los recibos de la hipoteca, pese a que éstos estaban a nombre de su Fundación, mientras que la subvención se había concedido a la entidad.

«Pese a haber detectado las irregularidades, el nuevo Govern ratificó el acuerdo y bendijo la entrega de 601.000 euros a Òmnium para la compra de su nueva sede», indica Domingo, mientras muestra la publicación del acuerdo en el DOGC del seis de febrero de 2007.

En esa publicación, se incluye también una nueva subvención a Òmnium Cultural, entidad dirigida por Jordi Porta desde el año 2002, esta vez de 60.000 euros, pero con el mismo destino, contribuir a la compra de la sede de la calle Diputació. El dinero procede en este caso de otra herencia sin destinatarios, la de Visitación Alforcea de los Ríos.

Domingo recuerda también que la Fundación Privada Òmnium fue declarada de utilidad pública en 2009, lo que le reporta grandes ventajas, sobre todo, fiscales. El diputado del grupo mixto y promotor de Impulso Ciudadano concluye que «las prisas de CiU y la posterior legalización de las anomalías del caso por parte del tripartito» han favorecido a Òmniun Cultural y perjudicado a los herederos de Carmen Pintó Valls, quienes después de todo este tiempo aparecieron y reclamaron la herencia.

La sombra de la sospecha

La sombra de la sospecha se cierne sobre Òmnium Cultural después de que Josep Vergés, ex candidato a dirigir la entidad, enviase la semana pasada una carta al presidente de la misma, Jordi Porta.

En la misiva, Vergés se muestra preocupado por el reciente caso de corrupción en el Palau de la Música y no esconde su temor a que algo parecido pueda haber ocurrido en Òmnium: «Nuestra gran preocupación es que en Òmnium ocurra lo mismo [que en el Palau], con una fundación creada por la misma persona, que quita la propiedad de los socios y cobra las subvenciones».

«Ya avisamos de los peligros que representa esta separación de los socios del control de los ingresos, gastos y la propiedad. El mismo abogado que ha montado y que participa en la Fundación del Palau de la Música también ha montado y participa en la Fundación Òmnium», continúa la carta en referencia a Raimon Bergós.

Tras estas premisas, Vergés reclama a Porta que aparte a Bergós de sus funciones, que reclame a la Oficina Antifraude y a la Sindicatura de Comptes que inspeccione los libros de la Fundación Òmnium, desde su creación en 2004 y que presenten los resultados de la inspección pública en una asamblea extraordinaria de socios.

Además, Vergés quiere que la Fundación haga públicas todas sus cuentas desde su creación, a través de la web de Òmnium Cultural, una entidad que ya ha alcanzado la cifra de 20.000 socios adscritos.