Iba el ministro Gabilondo a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, ufano, a dar cuenta de sus compromisos cumplidos cuando se topó -ya está acostumbrado- con el farragoso asunto de la política lingüística catalana y la inexistente tercera hora de castellano.

Fue Esquerra, apoyada por CiU, la que abrió el melón para tensar la esperanzadora voluntad de entendimiento demostrada por Gobierno y PP ante el Pacto de Estado por la Educación.

El republicano Joan Tardà le pidió al ministro, a bocajarro, que derogue el Real Decreto que establece la enseñanza de tres horas de castellano en las comunidades bilingües. La Generalitat, según se encargó de recordar el propio Tardà, no ha querido cumplirlo, y por ello «aceleró» la aprobación de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), como «blindaje a la política lingüística» catalana. También se regodeó en que sea un presidente socialista, José Montilla, quien no cumpla el decreto gubernamental, considerado por ERC un desleal «torpedo en la línea de flotación de la política lingüística» catalana lanzado cuando Pasqual Maragall los expulsó del primer tripartito.

«Retirar el decreto sería un buen gesto de reconciliación», planteó el diputado republicano.

El ministro urdió hábilmente su respuesta y su envite. «Mensaje recibido», dijo, y añadió: «Vamos a pactar qué gestos de reconciliación nos vamos a hacer unos a otros». «Yo estoy dispuesto», emplazó. Y, ya de paso, lo puso sobre su mesa de negociación global: «Vamos a reconciliarnos todos con todos en un Pacto de Estado con luz y taquígrafos».

Cuando el PP le pidió que actúe contra la conflictiva LEC, Gabilondo reclamó respeto para las leyes que salen de un Parlamento autonómico y para los procedimientos institucionales que siguen, y advirtió de que él ya ha emitido el informe sobre dicha ley que le reclamó el Ministerio de Política Territorial.