A diferencia de lo que ocurre en otros países altamente descentralizados, en España son los Estatutos, y no la Constitución, los que establecen el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas. Las competencias del Estado quedan delimitadas, en consecuencia, de manera negativa: el Estado es competente en aquellas materias que cada Comunidad no asume. Esta peculiaridad constitucional fue administrada con cierto éxito a través de la sucesiva renovación de un consenso básico entre las dos principales fuerzas políticas de ámbito nacional, pero se ha transformado en un gran inconveniente cuando este pacto ha saltado por los aires. El compromiso de Zapatero de sustituir este acuerdo por la iniciativa de cada uno de los Parlamentos autonómicos ha dotado de una fuerza antes desconocida a los partidos nacionalistas, con gran presencia y todavía mayor influencia en algunas asambleas legislativas.

A lo largo de tres décadas se ha consolidado entre los españoles un modelo territorial que descansa en un amplísimo reparto de responsabilidades pero, al tiempo, causa cierta preocupación, y en ocasiones perplejidad, la impotencia del Estado para desarrollar algunas políticas o adoptar algún tipo de decisiones que, para la inmensa mayoría, corresponden naturalmente al ámbito de decisión común. No se trata ahora, por lo tanto, de modificar radicalmente el diseño actual, sino de introducir las reformas necesarias para asegurar la viabilidad del Estado y preservar los elementos comunes característicos de cualquier nación.

España ha de estar dotada de un Estado capaz de vertebrar un proyecto compartido, y ahora no lo tenemos. Asegurar la igualdad entre españoles, la solidaridad entre todos ellos y establecer cauces para la leal colaboración entre los entes territoriales es un reto tan irrenunciable como urgente. Es necesaria una capacidad mayor para abordar los enormes retos que se nos presentan, ahora agravados por una profunda crisis económica que, en su dramática versión española no es ajena a las ineficiencias que ha ido introduciendo una fragmentación excesiva de los ámbitos de decisión.

Para garantizar la estabilidad del modelo constitucional es necesario precisar las competencias exclusivas del Estado, que han de ser irrenunciables e intransferibles. En concreto, es inexcusable asegurar sus competencias para la ordenación general de la economía y, en especial, garantizar la unidad de mercado, así como la unidad de acción exterior del Estado. La experiencia demuestra que se necesita, también, definir con mayor precisión la competencia legislativa nacional para acometer reformas que exijan por su naturaleza un tratamiento común para toda España (ordenación del territorio, urbanismo o inmigración, por ejemplo). La regulación del uso del castellano debe ser competencia exclusiva de las Cortes Generales, con garantía de enseñanza y plena utilización en todo el territorio español, sin perjuicio del bilingüismo propio de algunas Comunidades Autónomas. Por último, se debe concretar constitucionalmente el objeto y contenido de los Estatutos de Autonomía, como es norma en el derecho constitucional comparado, y revitalizar la autonomía local, la gran olvidada en nuestra moderna democracia.

Los españoles confiaron en las pasadas elecciones generales más del 83% de sus votos a los dos grandes partidos españoles. El programa socialista incluyó la necesidad de una reforma constitucional limitada y reiteró la oferta de consenso, «con base en el informe elaborado por el Consejo de Estado». El Partido Popular introdujo una significativa innovación en sus propuestas asumiendo una precisa y ambiciosa reforma constitucional inspirada, precisamente, en ese mismo informe. El acuerdo de partida existe; no caben ya excusas para ponerse a trabajar.

Gabriel Elorriaga Pisarik es diputado del PP en el Congreso.