El secretario de Organización de CDC, Josep Rull, ha cifrado en un 50% la participación mínima necesaria para que un hipotético referendo sobre la secesión de Cataluña tenga “reconocimiento internacional y legitimidad interna”.

En una entrevista publicada este domingo por Europa Press, Rull ha reconocido que la ley no establece mínimos de participación para los referendos, y que en el de la Constitución Europea del año 2005 votó el 42,3% del censo, pero ha subrayado que una consulta como la que CiU y ERC pretenden celebrar requeriría una participación superior al 50%.

“Más allá de lo que digan las leyes españolas y la jurisprudencia internacional, consideramos que para lograr el reconocimiento internacional y, sobre todo, la legitimidad interna hace falta una participación que sea aceptable; y una participación aceptable es la que supere el 50%”, ha insistido.

Ortega fijó el mínimo “deseable” en el 68%

A principios de junio, la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega (UDC), advirtió que sería “muy importante” que, en caso de celebrarse un referendo secesionista, haya “una participación muy alta” para que “nadie sea capaz después de desvirtuar” los resultados.

Preguntada sobre cuál sería una cifra de participación suficiente, Ortega señaló como “deseable” la que se produjo en las últimas elecciones autonómicas, es decir, un 67,76% del censo electoral.

“Si hay una participación de un 30%, pues oiga, a mí personalmente me parece que no es suficientemente importante como para legitimar este resultado. […] A lo mejor habría que volver a replantearlo dentro de unos años, tampoco pasaría nada. […] El resultado ha de ser suficientemente claro y la participación ha de ser suficientemente alta”, añadió entonces la vicepresidenta autonómica.

El riesgo real de la abstención

En relación al riesgo de que los contrarios a la secesión apuesten por la abstención ante la convocatoria de una consulta ilegal, Rull ha señalado que le costaría de entender que partidos o entidades “diesen la espalda” a las urnas. “Lo importante es que haya mucha participación sea cual sea el instrumento que se use, y que haya una mayoría sólida”, ha indicado, aunque ha destacado que la prioridad de su partido es celebrar el referendo pactado con las instituciones del Estado.

Algo similiar indicó Ortega hace tres meses: “Yo no creo que haya ningún partido con sentido democrático que llame a la abstención. Uno puede llamar al sí, al no, pero llamar a la abstención, a la no participación, no creo que haya en este momento ningún partido seriamente democrático que pueda llamar a la abstención”.

El precedente de los referendos municipales

La celebración de una consulta independentista depende del Congreso, y los partidos mayoritarios ya han dejado muy claro que no están por la labor. Ante esta realidad, la única alternativa que CiU y ERC tendrían para sacar adelante un referendo rupturista pasaría por convocarlo al margen de la ley o por dejar que lo organicen entidades nacionalistas.

En cualquiera de los dos casos, se trataría de un proceso similar al de los referendos secesionistas celebrados en medio millar de municipios catalanes entre septiembre de 2009 y abril de 2011 y organizados por una grupo de entidades privadas sin ningún valor jurídico y sin garantías procesales.

En ese caso, y a pesar del ilimitado apoyo institucional y mediático con el que contaron (amplia promoción por parte de medios públicos y subvencionados, llamamientos a votar por parte de los principales políticos y sindicatos, y cesión de todo tipo de materiales y espacios de la Generalidad), la participación final acumulada no pasó del 18%.

El PP y Ciudadanos ya han anunciado que no participarían en un proceso de este tipo, y el PSC también ha asegurado que solo apoyará una consulta “legal y acordada” con el Gobierno.

Las pasadas elecciones autonómicas los partidos defensores de la celebración de un referendo secesionista ilegal (CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP y Solidaritat) sumaron 2.147.361 votos, lo que supone un 39,67% del censo electoral (5.413.769 personas). Por su parte, PSC, PP y Ciudadanos sumaron 1.271.395 votos (el 23,49% del censo). Y la abstención fue de 1.745.459 votos (el 32,24% del censo, la menor registrada en todas las citas electorales autonómicas celebradas hasta ahora).

Todo apunta a que, a la no participación de la mayor parte de votantes de PSC, PP y Ciudadanos, se sumaría la desmovilización de buena parte de los votantes nacionalistas, al constatar de que se trataría de una consulta ilegal, no vinculante y sin garantías jurídicas, por lo que la participación difícilmente alcanzaría el 40%, y el proceso quedaría deslegitimado.

La Unión Europea, por ejemplo, exigió a Montenegro una participación del 50% para considerar legítimo su referendo de secesión de Serbia de 2006.

“La forma de deslegitimar el proceso es no participar”

CiU y ERC son conocedores de esta situación. De hecho, el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) abordó esta cuestión en su primer informe, titulado La consulta sobre el futuro político de Cataluña, que fue presentado hace un mes.

Los expertos de Mas y Junqueras mostraron su temor a que el establecimiento de un porcentaje de participación mínima en un referendo ‘podría estimular, de forma indirecta, el abstencionismo, ya que para un votante contrario a la propuesta de la consulta puede llegar a ser más útil abstenerse que votar en contra’.

En una entrevista realizada en octubre de 2012, el periodista Josep Cuní advirtió al presidente de la Generalidad de que un referendo ilegal con una baja participación causada por la pasividad de las fuerzas contrarias a la secesión carecería de “solidez democrática”. Consciente de que esa sería una fórmula viable para deslegitimar una hipotética consulta, Mas mostró su enojo:

“Si fuese legal también pueden no participar, no están obligados a participar. En cualquier caso, si no les interesa, no participarán. Si ellos detectan que la forma de deslegitimar el proceso es no participar, tampoco participarán si [la consulta] es por la vía del referendo. Pero el ridículo lo harán ellos, porque después no podrán decir que tienen razón. En democracia las decisiones se toman en las urnas, yo no sé ninguna otra forma de tomarlas. Podrán desentenderse de este proceso, pero si se desentienden es como si no estuvieran. Quedan borrados del mapa, fuera de la foto. Porque será evidente que el pueblo de Cataluña quedará llamado a pronunciarse”.

Sin embargo, las declaraciones de Rull y de Ortega apuntan a que la previsible baja participación en un referendo ilegal puede ser la excusa que CiU utilice para finalmente no convocar la consulta o para, en caso de celebrarse, reconocer su falta de legitimidad por la baja implicación de la sociedad. Paradójicamento, esto les permitiría salir del callejón sin salida independentista en el que se han metido.

Temas: CiU, independencia, participación, referendo independentista