España
El TC defiende que sus miembros pueden militar en un partido político
Asegura que las leyes ‘no establecen para los magistrados del TC incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales’.
Francisco Pérez de los Cobos, durante su juramento como miembro del Tribunal Constitucional, el 11 de enero de 2011 (foto: TVE).
La militancia en un partido político no es incompatible con la condición de miembro del Tribunal Constitucional (TC). Así lo ha asegurado el propio tribunal en un comunicado emitido este jueves tras conocerse, a través de una información publicada por El País, que su recientemente nombrado presidente, Francisco Pérez de los Cobos, estuvo afiliado al PP durante su primer año como magistrado del Alto Tribunal.
La nota explica que el TC ‘es una institución del Estado que, al igual que sus magistrados, no forma parte del Poder Judicial’. Recuerda que el artículo 159.4 de la Constitución ‘fija que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible, entre otros supuestos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos’, aunque, ‘por el contrario, el artículo 127 de la propia Constitución prohíbe a los miembros del Poder Judicial la pertenencia a partidos políticos o sindicatos, sin distinguir entre la simple militancia y el desempeño de funciones directivas’. E indica que ‘la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) ofrece en su artículo 19.1 una redacción idéntica a la del 159.4, al referirse al régimen de incompatibilidades de sus Magistrados’.
Sin embargo, el comunicado recuerda que ‘la jurisprudencia del Tribunal Constitucional’ recogida en el auto 226/1988, de 16 de febrero, señala ‘claramente que la Ley Orgánica de este Tribunal, de aplicación prioritaria respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no impide que los magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos […] y sólo se les impide ocupar dentro de los partidos cargos de carácter directivo’.
Y concluye que ‘la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOPJ), por consiguiente, no establecen para los magistrados del Tribunal Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales’.
Polémica PP-PSOE
La noticia de la antigua afiliación de Pérez de los Cobos al PP -de Barcelona, para más señas- ha generado una fuerte polémica, no por haber sido militante de un partido político -algo que ocurre y ha ocurrido con otros miembros del TC-, sino por la coincidencia de ambos cargos en el tiempo y que este no lo comunicara durante su proceso de selección.
El comunicado del TC se ha emitido después de que su presidente convocara a los miembros con carácter extraordinario. En esa reunión, según diversas fuentes, el magistrado habría reconocido su afiliación al PP entre 2008 y 2011 (forma parte del TC desde diciembre de 2010), y habría defendido la legalidad de su doble condición durante un año.
El PSOE ha pedido la comparecencia ‘urgente’ de Pérez de los Cobos ante la Diputación Permanente del Congreso para que dé explicaciones sobre por qué no mencionó su afiliación política cuando fue examinado como candidato a formar parte del TC. Por su parte, Izquierda Plural ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional del Congreso para que valore esta cuestión. ERC pedirá su recusación.
El vicesecretario de Estudios y Programas del PP y congresista, Esteban González Pons, ha respondido que “en el actual TC hay tres ex altos cargos de gobiernos socialistas“, en referencia a Luis Ignacio Ortega (director general de Asuntos Institucionales de Presidencia del Gobierno entre 1982 y 1989), José Antonio Xiol (director general de Relaciones con la Administración de Justicia entre 1985 y 1990) y Fernando Valdés (director del Servicio Jurídico del Estado entre 1986 y 1990). Fuentes del PP también han asegurado que Luis López Guerra fue vicepresidente del TC con el “carné del PSOE”. “En este país, al ritmo que vamos, parece que va acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al PP”, ha ironizado González Pons.
7 Comments en “El TC defiende que sus miembros pueden militar en un partido político”
Lo último LVdB
Això és Espanyistan.
NI OLVIDO NI PERDONO
Recuerdo un caso semejante. Con ocasión de haber deducido querella criminal contra el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ANTONIO BRUGUERA MANTÉ, nombrado a dicho cargo y luego a vocal del CGPJ por el cupo de CiU, la decisión de admisión del recurso de amparo correspondió a una Sección presidida por CARLOS VIVER PI-SUNYER, también propuesto por CiU. Recabada del Congreso de los Diputados el acta de los debates de dicho nombramiento, donde se denunciaba el sistema de cupos, lo invoqué para interesar que se abstuviera.
Trece años después mi criterio no ha variado. Entiendo que haber sido nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de un determinada formación política constituye causa de abstención, y en su defecto, de recusación, conforme al art. 219.10.ª LOPJ y jurisprudencia del TEDH sobre apariencia de imparcialidad objetiva ex art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como la mujer del César, tal como señala el Tribunal de Estrasburgo, las pariencias revisten la mayor importancia.
No todo lo que es legal, es ético o moral.
Es legal ser un maleducado, es legal ser un mal amigo, es legal ser un mal hijo, hermano, ser infiel
Y Anna67, antes de criticar la paja del ojo ajeno, ojo con la viga en el propio, porque en Cataluña todas Instituciones – que deben ser Imparciales: Televisión Pública TV3, colegios… – no sólo están altamente politizadas, sino que además actúan ILEGALMENTE: incumplen la debida cooficialidad debida castellano-catalán, vulneran los derechos de los niños o de los padres que preferirían estar estudiar en un sistema bilingüe o todo en castellano.
Y por cierto, Anna67, lo que has contado de Sanitas que ha rechazado a un paciente por tener un parte en catalán, NO-ME-LO-CRE-O.
La constitución española se basa en un régimen de partidos politicos, con lo cual evidente que cualquier español militante de un partido politico puede participar en la vida pública española salvo que esté expresamente prohibido por ley, como es el caso de los jueces y magistrados se los Tribunales de justicia
Magí Ribas Alegret – Viernes, 19 de julio de 2013 a las 12:59
En efecto, ni siquiera se guardaron las apariencias con el fin de aupar y promocionar a los suyos, cada cual arrimando el ascua a su magistrado favorito. Pero el problema no es sólo lo puntual, sino que no se da puntada sin hilo y la finalidad de todo esto y de evitar que saliera en la foto el que se moviera, politizando los altos tribunales, ha sido la remoción social a estados anteriores al Estado funcional unificado y eficaz, convirtiendo a España en un Estado fallido y regresando a los regionalismos, con todos los conflictos que de ello se generan por la falta de lazos funcionales entre españoles (apenas tenemos instituciones comunes), volviendo a los conflictos de las sociedades basadas en lazos fragmentarios, regionalistas, localistas y, en definitiva, de las luchas entre los de Villa Arriba y Villa Abajo, entre la familia de los Bueno contra la de los Malo, entre la de los Rubio contra la de los Moreno, etc.
Con la resurrección de los lazos fragmentarios y la debilitación de los lazos funcionales (que sólo un Estado fuerte y unificado proporciona, al menos en la fase inicial de una sociedad culta y moderna), hemos retrocedido décadas en España y corremos un serio riesgo de confrontaciones sociales para beneficio de una clase política y sindical con fuertes lazos internos funcionales y estructura jerarquizada.
Es decir, los políticos han dividido a la sociedad en tanto ellos, como partido, se han fortalecido y conseguido un poder omnímodo, eligiendo incluso a quienes deben juzgarlos. No es de extrañar que se nieguen a cumplir las resoluciones judiciales contrarias a sus propios intereses, como en el tema de la inmersión lingüística.
No veo ningún problema y menos habiendose explicado, puede que los otros miembros sin haber estado afiliados a algún partido pólitico , sean de ideas de extrema derecha e izquierda, claro cuando se legalizó “Bildu” , todo estaba bien, jajajajjaj, siempre sacando punta.
Hace poco en una conferencia en elAteneo de Madrid conociamos la militancia en la masonería del ex presidente del TC Pascual Sala y fuera de circulos restringidos tampoco se conocia esta peculiaridad de Don Pascual y ni el Pais ni nadie dijo nada y totat no pasó nada. pues tambien Don Pascual recortó el Estatut del infausto tipartito como no podìa ser de otra maera