La consecución del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, la sanidad es junto con la educación y las pensiones uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. El precursor de esta prestación fue el National Health Service británico, que en 1948 implantó una asistencia preventiva y curativa para todos los ciudadanos sin excepción.
Después del Reino Unido, otros países europeos siguieron la misma senda, instaurando sistemas sanitarios con principios similares: financiación pública, asistencia universal y una amplia oferta de servicios sanitarios, sin considerar ingresos, lugar de residencia o extracción social.
En España, ese proceso se llevó a cabo bastante más tarde. Fue la Constitución de 1978 la que estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana. Años después, con la Ley General Sanitaria de 1986, del malogrado Ernest Lluch (PSC), la prestación no tan solo se consolidó sino que devino universal.
En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de hacer negocio con el sistema sanitario público de España. El mencionado informe proponía mejorar la eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la prestación adicional y complementaria cofinanciados por el usuario. Los argumentos utilizados entonces son los mismos que los de ahora: el sector público es insostenible, está excesivamente burocratizado, la sanidad privada es más eficiente que la pública, la salud pertenece al ámbito personal, etc.
De todos modos, ningún estudio científico ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) avalan esos argumentos. Al contrario: la sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene la financiación suficiente), más eficiente (si se tiene una asistencia primaria adecuada) y, lo más importante, tiene más calidad que la privada. Carece, es cierto, del confort de la segunda y los tiempos de espera suelen ser más prolongados.
En este contexto, algunas Comunidades Autónomas lo tienen claro: no les gusta la provisión pública de servicios sanitarios y prefieren contratar esos servicios al sector privado. Opinan que la sanidad privada es más barata. El radicalismo con que gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid, llevan a cabo sus políticas de salud ha roto el consenso que los grandes partidos mantuvieron sobre la cuestión hasta 2008 para sostener un Sistema Nacional de Salud de estructura y financiación pública eficiente.
En Cataluña, hasta el regreso de los nacionalistas al poder, en 2010, gozábamos de uno de los cinco mejores servicios de salud del mundo. Una prestación que en ese año 2010 supuso para las arcas de la Generalidad un gasto de 1.371 euros por persona. Menos del 6% del PIB, mucho menos que la media de la Europa de los 15 y muchísimo menos que el 17% del PIB que gastan en Estados Unidos. Y, dicho sea de paso, los estadounidenses tienen mucha menos calidad y no reciben un servicio universal.
Pues bien, en poco más de dos años, Boi Ruiz, consejero de Salud, ha puesto en jaque nuestro modelo. Empezó paralizando siete nuevos hospitales, impuso recortes del 10%, cierres de servicios de urgencias y, de manera simultanea, los catalanes perdíamos la garantía de estar como máximo 180 días en una lista de espera para ser operados de las catorce dolencias más comunes en los hospitales de la red pública (XHUP). Ruiz no tuvo ningún empacho en presentar la medida como un nuevo modelo de gestión “basado en criterios clínicos”.
De todos modos, en Cataluña ya se ha abierto la espita para que en instalaciones públicas se practique la medicina privada. En el Hospital de San Pablo de Barcelona, por el módico precio de 60.000 euros, se realizan operaciones de varices y así el paciente, que puede y quiere hacer ese dispendio, se ahorra los ocho meses largos de espera de la atención pública. Algo similar se está haciendo en el Hospital Clínico de Barcelona. Que estas prácticas sean habituales en otros centros de la red pública es cuestión de tiempo.
No obstante, la gota que ha colmado el vaso y ha dejado al descubierto las miserias de la sanidad catalana ha ocurrido hace unos días, cuando se hizo pública la deuda de la Generalidad con las farmacias y el sector sanitario concertado que asciende a más de 900 millones de euros. Todo indica que la situación va a empeorar debido a la prórroga presupuestaria y a los nuevos recortes que se avecinan si se quiere cumplir con el nuevo límite de déficit, fijado, de momento, en el 0,7% del PIB.
Con este paisaje de fondo, no son pocos los expertos bienintencionados que proponen que la red hospitalaria pública se base en modelos externalizados. Pues bien, pensar que los sanatorios y clínicas privadas puedan ser la alternativa a la enorme complejidad de la medicina moderna en red, sencillamente, es una aberración. Pero es que introducir el lucro en el corazón de los servicios sanitarios públicos llevaría a una quiebra irreparable.
Profesionales y técnicos en la materia coinciden en afirmar que la excelencia de la medicina actual se conseguirá desarrollando una red efectiva entre los distintos niveles (alta especialización, hospital, primaria, urgencias y socio-sanitario). De esa forma se podría trabajar coordinadamente estableciendo procesos por enfermedades y casos. En cambio, la lógica privatizadora va en sentido opuesto.
Es una evidencia que los sistemas de sanidad públicos ofrecen resultados mejores que otros modelos. Nadie cuestiona que el sistema sanitario público debe mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico) y es encomiable el esfuerzo que están llevando a cabo los profesionales y trabajadores del sector para mantener los niveles de calidad logrados, pero así no se puede seguir indefinidamente. El Sistema Nacional de Salud necesita una regeneración en la gestión pública de los centros sanitarios y unidades clínicas. Pero eso no ha de ser óbice para que la atención sanitaria siga siendo un derecho universal, más allá de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo puedan utilizar aquellos clientes que la puedan pagar.
Bernardo Fernández Martínez es ex diputado autonómico del PSC y consejero nacional de la Federación de Barcelona del PSC
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Temas: Boi Ruiz, privatización, sanidad
Soy partidario de un sector público fuerte y una Administración Pública independiente de los políticos y sus partidos. Estoy totalmente de acuerdo con Bernardo Fernández pero tengo que reprochar a su partido las privatizaciones que ya en tiempo de Felipe González llevó a cabo y que fueron rematadas por Aznar, intentando Zapatero vender lo poco que le quedaba como las Loterías. Hablo evidentemente de lo rentable porque lo no rentable sigue en manos del Estado. Renfe por ejemplo, pero no toda ella porque hay sectores rentables como el AVE o Talgo que se intentará privatizar.
¿Y la Sanidad? pues privatizan su gestión que es un modo de transferir dinero y ganancias al sector privado aunque sea rebajando la calidad de lo público en un sector tan imprescindible para el ciudadano como es su salud. Con la Educación ya se aceptó subvencionar a la privada en tiempos de Felipe González.
Ese es el problema en el discurso socialista. Que ha sido privatizador. Bueno es que, al menos defienda la Sanidad y la Educación. Ahora las cuentas están mal y sería de agradecer al señor Fernández que nos diga en qué se puede recortar para poder seguir ofreciendo una Sanidad Pública de Calidad.
Yo le voy a hacer una sugerencia: Desmonten el Estado de las Autonomías, eliminen cargos de libre designación, despoliticen la Administración Pública, reduzcan sueldos, dietas, planes de pensiones complementarios, bajas cotizaciones que dan derecho a la pensión máxima de los políticos, coches oficiales, duplicidades…
Ahí hay mucho para recortar. No digo nada en dinero para “identidades”. Y tendremos el sector público, no sólo en Sanidad, que la sociedad necesita si no se quiere ver sometida a los poderosos de las finanzas o la industria. Al menos así lo vemos muchos de la izquierda que no nos casamos con el nacionalismo ni con un Estado de las Autonomías montado a la medida de nuestros Partidos Políticos para financiarse, colocarse y dominar a la sociedad.
Además de apostar por la sanidad pública, añado que ésta debe ser competencia del Estado, es decir, del Gobierno Central. El sistema autonómico, en el mejor de los casos,es responsable de que la asistencia sanitaria a los ciudadanos sea desigual y esté supeditada a la peculiaridad del gobierno autonómico que te toque.
Ya tenemos demasiada información acumulada sobre la aplicación de la “igualdad” de los españoles en recibir las prestaciones públicas en Educación y en Sanidad.
Los niños, nada más nacer empiezan con un diagnóstico diferenciado sobre las llamadas enfermedades raras, lo que tiene consecuencias lamentables; le siguen las campañas de vacunación, sobre cuya coincidencia parece imposible ponerse de acuerdo. Así un largo etc. que alcanza el esperpento en traslados de ambulancias, en coches fúnebres, en documentación clínica o en horas que les pueden acompañar los padres si están hospitalizados…
Además, en educación, en cuanto van a la guardería, les sumergen en su lengua “propia”, la que les dejan fuera, en el felpudo, es su lengua materna.
¿A qué deidad hemos de ofrecer estos sacrificios?, ¿Cuando aprenderemos sensatez y respeto?
Un “sector público fuerte” no es sinónimo de eficiencia o de buen servicio a la sociedad y a los ciudadanos. Ni tampoco con lo contrario (sector público débil) vamos a ninguna parte. Hay multitud de ejemplos de fracaso de lo uno y de lo otro repartidos a lo largo y ancho de todo el mundo y estamos ya más que hartos de verlo desde hace muchísimos años.
Me recuerda a otro viejo dogma esparcido en forma de mantra durante los últimos tiempos y que nos ha mantenido a todos muy bien engañados. El mantra de que cuantas más administraciones, más descentralizadas y más cercanas estén al ciudadano mejores servicios tendrán los mismos. Mentira. Ya hemos comprobado que lo único que se consigue es multiplicar el gasto y el despilfarro creando estructuras elefantiasicas insostenibles y además aumentar exponencialmente la corrupción viniendo a ofrecer unos servicios similares y parecidos. Este tipo de dogmas o de eslóganes doctrinarios solo los puedo entender por idealismos recalcitrantes o directamente sectarismos de uno u otro signo (izquierda/derecha) y de gente que se niega a bajarse del (su) burro.
Hay que quedarse con lo que mejor de cada casa. Quedarse con lo que esté demostrado mejor funcione. Aparcar un rato las filiaciones, las fobias, los complejos y los bandos. Más que nada porque en el caso de la sanidad está en juego la vida de muchos. La solución está en hacer las cosas bien, con sentido común y pensando siempre en el objetivo real y verdadero que es el bien común de las personas. Y no pensando a través del filtro de las filias o las fobias personales.
En cuanto a la sanidad, que me parece tema especial y aparte, evidentemente que es imprescindible una sanidad gratuita “fuerte”, en especial al servicio de los más desfavorecidos. Pero una sanidad pública “fuerte” no implica necesariamente una sanidad pública eficiente y realmente al servicio de la población. No sé si me explico. Y lo digo con conocimiento de causa porque la sanidad pública catalana y española que yo he conocido desde siempre ha sido un verdadero caos. A ver si alguno se va a creer ahora que lo de las listas de espera interminables u otras cosas mucho peores son un invento nuevo que solo viene ocurriendo desde hace 2-3 años
Y acabo y concluyo con lo que estaba diciendo : Si hay que privatizar algo porque de esta manera tenemos la certeza incuestionable de una mejor eficacia, un mejor rendimiento o un mejor servicio al ciudadano pues privatizado. Que se privatice. Y viceversa. Si algo demuestra que tal privatización empeora tal o cual situación o servicio al cuerno con dicha privatización.
Lo que no estoy dispuesto a aceptar, admitir ni a transigir o a disculpar es que nos vendan gato por liebre con tal o cual excusa de retórica florida para justificar tal o cual dogma ideológico para luego después llegar y encontrarnos que tenemos unos servicios tremendamente dogmáticos y unos servicios tremendamente ideologizados pero unos servicios ineficaces, inútiles o inexistentes
La cosa ha de estar al servicio de la sociedad y la ciudadanía. No el ciudadano y la sociedad al servicio de la cosa. Que eso era en la Edad Media y, además, ya tenemos bastante con los nacionalistas
Momium:
Comparto lo de la eficiencia como objetivo prioritario. La defensa de un sector público fuerte y no sólo en la Sanidad evidentemente es ideológica y en modo alguno la subordino a ineficacia o si prefieres la antepongo a eficacia. Porque, como te he dicho antes, la eficacia es irrenunciable.
Pero es que un Estado desmantelado y adelgazado deliberadamente en beneficio de quien puede apropiarse de él o gestionarlo, porque dispone de capital, es un Estado que no garantiza eficacia -yo creo que funciona peor- y añade algo igualmente grave que es un ciudadano menos protegido ante los poderosos y más sometido a ellos precisamente a través de sus gobernantes como colaboradores necesarios de esos poderosos. Es decir nos hace menos libres.
Hemos tenido una Banca Pública rentable que se privatizó reduciendo momentáneamente el déficit global pero aumentando el crónico del Estado al hacerlo más deficitario al no poder compensar pérdidas con ganancias. Lo mismo ocurrió con grupos industriales fuertes controlados por el Estado y cuyo control fue transferido a los banqueros y grandes empresarios, porque el pequeño accionista pinta muy poco en estas cuestiones: Campsa, Tabacalera, buena parte del capital de Telefónica… Y nos hemos ido quedando con todo lo deficitario que es lo que tenemos en la SEPI.
Lo público funciona peor igual que la Administración Pública si se convierte en un refugio de amiguetes, leales, parásitos…Lo privado funciona igual de mal cuando tiene un poder casi en exclusiva. Concesiones bajo favor compensadas con comisiones, monopolios cuando los hubo, excesiva capacidad de capital que elimina cualquier competencia por muchas leyes que se hagan en contra. Lo vemos en las constantes fusiones empresariales y bancarias: Cada vez menos y más poderosas.
Estratégicamente hay cosas que no se deben privatizar por nuestra seguridad y por nuestra libertad. Se necesita una Banca Pública para que no ocurra lo que ha ocurrido con la privada cuyas consecuencias de mala gestión tenemos que pagar todos. Pero no una Banca Pública caciquil como fue en lo que se convirtió a las Cajas de Ahorros. La Banca Pública ha funcionado bien y la privada también, pero no toda, lo que demuestra que no es la titularidad de la misma lo que la hace competente o incompetente. Lo mismo nos ocurre con los medios de comunicación. Lo público puede estar a nuestro servicio y garantizar nuestro acceso a la información y lo privado subvencionado además de llevarse nuestro dinero estar al servicio del gobernante que le paga y además meternos basura, la televisión privada es un buen ejemplo. También se nos puede adoctrinar desde lo público y también se puede y se debe impedir que lo hagan. Y pienso en titularidad pública estatal porque la autonómica ya vemos en lo que han convertido a las Cajas y a la televisión. No digamos nada de la Administración Pública o lo que esperan algunos políticos de su propia policía autónoma.
Con la sanidad, fundamental para nuestras vidas y la eduación pasa lo mismo. Con las aportaciones al Estado para nuestra jubilación igual. Son aspectos tan fundamentales de nuestra vida que no podemos transferir a los banqueros pues al final arriesgarían nuestro dinero y ni siquiera cobraríamos pensión. Es un engaño el que las pensiones DEBAN financiarse con las cotizaciones de los activos. Puede hacerse perfectamente completándolas vía impuestos. Y los planes de pensiones benefician al que tiene capacidad de ahorro y sobre todo a los Bancos que de este modo tendrán unos fondos “secuestrados” durante décadas. Como las cosas vengan mal dadas el que se ha pasado toda la vida ahorrando se quedará sin su fondo como los accionistas de Bankia se han quedado sin su dinero. Y se pretenderá que lo ponga el Estado, que lo terminará poniendo con una quita en perjuicio del ahorrador-pensionista al que se acusará de no saber lo que firma ni en manos de quién ha puesto sus ahorros. Exactamente igual que ahora con las preferentes o las hipotecas.
Lo de la socialización de pérdidas y privatización de ganancias no es un eslogan sino una realidad. Yo confío mucho más en el Estado que en los particulares poderosos económicamente y no sólo por cuestión de ideología sino que tengo muchas pruebas y experiencias para hacerlo. Para el Estado, si se elimina la Partitocracia, el bienestar del ciudadano es su objetivo. Para el particular el objetivo es su enriquecimiento, si eso pasa por el bienestar del ciudadano bien, y si no también.
Y no soy ni mucho menos enemigo del mercado ni partidario de una economía planificada cuyos resultados ya conocemos. Tampoco de una economía totalmente liberalizada cuyos resultados también conocemos. Es precisamente una economía mixta la que garantiza la fuerza del Estado y que el poderoso sea sometido en beneficio de toda la sociedad. Ese es mi concepto que en este breve espacio sólo puedo esbozar pero creo que hay argumentos de peso a favor de un Estado fuerte en su Administración, instituciones, banca, grupo empresarial básico y estratégico y medios de comunicación para contrarrestar, frenar y someter los abusos de los que a través de sus medios de comunicación nos quieren persuadir para que les transfiramos la riqueza y los ahoros de todos, desprestigiando el funcionamiento del Estado.
Un saludo.
A ver si nos documentamos un poco que estas cosas son muy básicas y solo la gente adoctrinada por el progresismo y/o el separatismo las desconoce , en este país la Seguridad Social representa uno de los grandes logros de la derecha desde su gestación , y más tarde de la derecha y la izquierda debido al cambio de régimen , pero en principio surgió desde el sector conservador al establecerse el tan necesitado Fuero del Trabajo en 1938 , ahí se sentaron las bases de lo que hoy llamamos Seguridad Social , que es lo que se perfeccionó poco a poco durante 40 años hasta la Constitución española , momento en el que el actual modelo se proclamó oficial debido a la Transición .
En la región catalana la Sanidad está por los suelos ( pobres enfermeras y pobres médicos , que Dios los bendiga por el trabajo que hacen ) debido a que el Gobierno regional se gasta la pasta dse los contribuyentes en embajadas separatistas fuera de España , como si a los americanos les importara el clan de los Pujol y sus amiguitos corruptos de CIU , en Rockefeller Square por supuesto , si tenemos que hacer el ridículo que sea a lo grande .
Cualquier persona medianamente formada sabe que el estado social nació de la mano de la Alemania de Bismarck. Que la protección al trabajador empezó ahí. Esto sin hablar de las cofradías y gremios medievales que son otra cosa.
Que la Iglesia se sumó a ello con León XIII, que el estado fascista o nazi incorporó además una maquinaria estatal poderosa no sólo armamentísticamente sino de control del capitalismo vía potenciación del sector público y el estado totalitario. José Antonio Primo de Rivera defendía incluso una Banca nacionalizada.
Todo ello fueron formas distintas de combatir al creciente movimiento obrero y sus planes revolucionarios siguiendo los planteamientos de Marx respecto a la dictadura del proletariado y conseguir posteriormente la sociedad sin clases. O al anarquismo que defendía la supresión del Estado.
En esa línea se enmarca el Fuero del Trabajo y las leyes sociales del franquismo. En esa misma línea podemos contemplar todo el progreso europeo del bienestar de las personas: protección ante la enfermedad, el desempleo, la vejez, vacaciones pagadas, acceso a mayores bienes de consumo… Con un objetivo prioritario: Frenar los movimientos políticos que miraban a la URSS como modelo desde una Europa hundida económica y moralmente.
El problema es que, caído el muro, hoy el liberalismo no considera necesario mantener el Estado de Bienestar. Al contrario cree que enriqueciéndose aun más los poderosos va a beneficiar a toda la sociedad pues todos tratarán de superarse y no esperarán nada, o casi nada del Estado y eso repercutirá en el bien de todos.
Los que piensan así, los votantes de la derecha y los ricos, cuando las expectativas no se cumplen acuden al Estado para que intervenga. Salvando las fortunas de los accionistas, subvencionando, poniendo aranceles, favoreciendo a determinadas empresas en los contratos…Ese Estado al que primero pedían desrregularizar y al que luego acusan de no haber ejercido el control. Ese Estado al que primero desprestigian y acusan de inoperante pero del que se benefician y al que después se agarran como lapas.
Y lo mismo ocurre con trabajadores que jamás han ido a huelgas, que se han visto favorecidos por la seguridad de la fortaleza de sus empleos y que ahora empieza a flaquear. Ahora se vuelven contra esas ideas que antes defendían con tanta fuerza.
Es decir: No existe el liberal puro. En lo económico me refiero. Todos tratan de blindarse con leyes, obtener favores y ventajas para sí o su grupo colectivo, defienden el despido libre pero blindan sus contratos con claúsulas de retiro dorado…
Tampoco existen los comunistas puros pero eso no hay ni que explicarlo. Porque la economía planificada no ha funcionado. Y los que la defienden no serían capaces de vivir bajo su yugo a menos que fueran ellos los que mandasen.
Hay que luchar por el Estado de Bienestar y este no es posible sin someter al capital. Por eso el Estado tiene que ser fuerte en su sector público. En eso coincide con el fascismo. Pero nada más en eso. Y enseguida aparece quien viendo que en algo se coincide con el fascismo declara que el argumento no sirve precisamente por eso. Nada es más falso que las medias verdades.
Los comentarios anteriores me ahorran esfuerzo, sólo quería añadir que el proceso civilizatorio desde el año mil hasta ahora, partiendo del Roman Courtois Provenzal, ha consistido en ir desasnando individuos, uno a uno, hasta integrarlos en un colectivo en el que mande el sentido común. El sentido común hoy nos dice que no hay que arrojar orinales por las ventanas, pero cierto es que el orinal ha desaparecido al tener las casas inodoro; es decir, por mucho que las leyes castigaban echar mierda no fueron éstas, sino el inodoro, el que limpió las calles y acabó con el gremio de orinaleros subvencionados :D.
Si hemos visto que la gestión de la Sanidad Pública es mejorada por la privada en cocinas, limpieza y transportes, será como poner leyes antiorinal el intentar mantener una ruina que no funciona, salvo para mantener sindicatos, interinos, agradecidos, parientes, amigos, camaradas y demás votantes fijos de la cosa nostra llamada partido y sindicato.
¿En Cataluña, hasta el regreso de los nacionalistas al poder, en 2010? Perdone, pero el Triartito era también nacionalista, eh?