Desde el establecimiento de la República en 1946, Italia se caracterizó por una relativa estabilidad parlamentaria (los partidos políticos representados en el Parlamento eran prácticamente los mismos en cada legislatura con cambios poco significativos en el número de escaños) y una inestabilidad permanente en la conformación de los gobiernos (con una duración media de aproximadamente un año).

Esta dinámica política se debía, primero, a un sistema electoral proporcional cuasi puro que daba lugar a la entrada en el Parlamento a un número relativamente elevado de partidos políticos pequeños y, segundo, un Partido Comunista (PCI) relativamente fuerte en un contexto de guerra fría entre la extinta Unión Soviética y EEUU y sus aliados de la OTAN. La situación producía gobiernos de coalición de varios partidos alrededor de la Democracia Cristiana que se repetían una y otra vez con pequeñas variaciones debido a la falta de una alternativa real de gobierno en torno al PCI. Y, como consecuencia, ocasionaba una dilución de las responsabilidades políticas por parte de los partidos en el gobierno tanto por decisiones erróneas en la acción de gobierno como por casos de corrupción.

Esta situación de estancamiento político tuvo por resultado la extensión del clientelismo político y la corrupción como formas usuales del ejercicio de la actividad política y la subsecuente connivencia con el crimen organizado. En este contexto, conviene también resaltar un componente típicamente cultural italiano (que se produce también en otras sociedades mediterráneas) de aprovechar el sistema al máximo y de cumplir con las leyes solo cuando benefician, o no hay más remedio. Este componente cultural tiene su origen, en parte, en el hecho de que Italia solo se formó como Estado unificado en 1861; anteriormente, y durante siglos, los habitantes de la península Itálica pasaban a depender de uno a otro poder (tanto local como exterior) y, por lo tanto, no existía un centro de poder permanente de referencia y una cultura administrativa de cumplimiento de las leyes, lo que en el sur de Italia dio origen a la creación de la mafia, inicialmente, como fórmula de asistencia social mutua pero que más tarde degeneró en una poderosa forma de crimen organizado.

Evidentemente, un sistema de esas características no podía durar eternamente, particularmente en el contexto de la Unión Europea (UE). A principios de los años noventa del siglo pasado, la operación Manos Limpias por parte de un sector del sistema judicial fue el detonante que provocó el hundimiento de los partidos políticos tradicionales que habían controlado el Gobierno hasta entonces (Democracia Cristiana y Partido Socialista). Además, tras la caída del muro de Berlín y el final de la guerra fría se produjo la transformación del PCI, lo que habría la posibilidad de que éste pudiera llegar a ser una alternativa real de gobierno. Asimismo, la ley electoral fue modificada con el fin de facilitar la conformación de gobiernos estables asentados sobre una mayoría parlamentaria suficiente al otorgar un plus de diputados al partido más votado en las elecciones (el ganador consigue el 55% de los diputados). Estos cambios dieron origen a la aparición de nuevos actores: por el lado de la derecha política, la conformación de una coalición sobre la base de un nuevo partido político (Forza Italia) de Silvio Berlusconi (un magnate multimillonario que controla aún hoy una parte importante de los medios de comunicación italianos) junto a la Liga Norte y a los neofascistas de Gianfranco Fini y, por el lado de la izquierda política, una coalición sobre la base del antiguo PCI renovado. Sin embargo, y si bien el nuevo sistema logró una mayor estabilidad política (gobiernos y legislaturas estables), las lacras de la corrupción y el clientelismo político continuaron campando a sus anchas, en particular durante los gobiernos liderados por Berlusconi.

Y en esto llego la actual crisis económica que golpeó con toda su fuerza a los países del sur de Europa, incluida Italia. Ante la evidente falta de voluntad política por parte de Berlusconi para emprender las reformas reclamadas por la UE y el riesgo de un hundimiento del euro, se abrió paso a un gobierno técnico presidido por Mario Monti. Economista prestigioso y dotado de la seriedad, experiencia y suficiente neutralidad política como para emprender las reformas necesarias. Sin embargo, las medidas introducidas tuvieron un impacto negativo en el bienestar social, lo que pasó factura a su imagen y prestigio.

Las elecciones italianas se llevaron a cabo en medio del desencanto del electorado, en particular de las clases medias. Monti cometió un error mayor al lanzarse a la arena de la lucha política (a pesar de que cuando asumió la dirección del Gobierno dijo que no lo haría), en particular, cuando optó por utilizar métodos similares a los de sus oponentes políticos durante la campaña electoral y, además, se alió con Fini (antiguo líder neofascista y aliado de Berlusconi); evidentemente, el prestigio de Monti, junto con el descontento por su acción de gobierno, sufrió un golpe mortal. Berlusconi (a la vez que siguió inmerso en procesos judiciales) hizo una campaña habitual de tono populista y dirigida a sus feudos tradicionales tratando de evitar por todos los medios que la coalición de izquierdas liderada por Bersani pudiera llegar a un resultado que le permitiera conformar un gobierno estable. Por su lado, Pierluigi Bersani no hizo realmente campaña y se limitó fundamentalmente a tratar de no cometer errores que pudieran poner en peligro los pronósticos favorables de las encuestas. Finalmente, el Movimiento 5 estrellas, liderado por Beppe Grillo, un cómico, consiguió aglutinar el descontento social, en particular de las clases medias a través de una campaña diferente basada en las redes sociales y los mítines políticos en la calle; se presentó como una forma diferente de hacer política, lejos de la corrupción y del clientelismo político, basado en los intereses y problemas de los ciudadanos, con candidatos elegidos por internet, en su gran mayoría jóvenes profesionales (32 años de media) sin experiencia política previa.

Todos conocemos el resultado de las elecciones italianas: una victoria pírrica del centro izquierda liderado por Bersani, el fracaso de Monti (que con sus escaños ni siquiera puede servir para asegurar la formación de gobierno junto con la coalición de Bersani), la supervivencia (una vez más) de Berlusconi y el inesperado éxito del Movimiento de Grillo (con el 25% de los votos). En el fondo, toda una lección de ciudadanía por parte de los italianos que han dicho basta a la casta política tradicional, tanto a la corrupta como a la insensible con las preocupaciones y problemas de los ciudadanos de a pie: los propios ciudadanos hartos, acuden al Parlamento para controlar la acción de gobierno directamente. Esta puede ser una ocasión de oro para que por fin se produzca, al segundo intento, una verdadera regeneración democrática del sistema político italiano.

Pero, ¿cómo es la situación en España? Después de las ilusiones generadas tras la Transición política, España se encuentra actualmente en una encrucijada. Por un lado, si bien la ley electoral ha permitido la conformación de gobiernos y legislaturas estables (pues aunque en teoría tenemos un sistema proporcional corregido, en la práctica el sistema tiene elementos de un sistema mayoritario), la imagen de la clase política en general es negativa: los numerosos casos de corrupción y financiación irregular, la falta de democracia interna dentro de los partidos, el incumplimiento de los programas electorales y la apropiación creciente y abusiva de los órganos y administración del Estado por parte de los mismos. Por otro lado, la crisis económica actual y las medidas introducidas (por iniciativa propia e impuestas) para hacerla frente está teniendo un impacto negativo sobre los ciudadanos que ha producido un descontento social generalizado.

¿Cuál puede ser la previsible respuesta por parte de la ciudadanía ante esta situación? El movimiento de los indignados denota ya una toma de conciencia por parte de la ciudadanía de la urgencia de reaccionar, de hacer algo para cambiar la situación; sin embargo, no parece haber cuajado en una alternativa política a la italiana. Creo que ello es debido a que en España estamos todavía en la primera fase, en el primer intento de regeneración política (como el que vivió Italia a principio de los noventa) desde dentro del propio sistema. Así es como se puede entender el desplome en las encuestas tanto del PP como del PSOE al tiempo que no aparece un movimiento ciudadano exterior al sistema político. Este hecho podría indicar que todavía es posible la regeneración interna, pero para ello se necesita, por un lado, que el PSOE renueve su liderazgo y presente una alternativa política coherente a las actuales políticas del PP y, por el otro, que este último dé explicaciones convincentes sobre los últimos casos de corrupción que le afectan, en particular, el caso Bárcenas (supuesta financiación irregular y pago de sobresueldos a las cúpulas del partido desde la época de José María Aznar). Además, también existe un partido de ámbito estatal (UPyD) que no ha sido contaminado y que podría canalizar las frustraciones ciudadanas y representar una alternativa de gobierno (probablemente en coalición) en el futuro. Por lo tanto, en España todavía existe una alternativa institucional dentro del sistema político a la actual dominación del mismo por parte de los dos grandes partidos de ámbito estatal.

Y en Cataluña, ¿dónde estamos? La situación en términos de credibilidad de la clase política es parecida a la existente en el resto de España, es decir en niveles bastante bajos. La corrupción alcanza a los principales partidos (con CiU y PSC a la cabeza) y el descontento social por las medidas y reformas introducidas para hacer frente a la crisis económica es patente. Pero, en Cataluña hay un elemento diferenciador con respecto al resto de España: los promotores del actual proceso soberanista han logrado inculcar la idea en amplias capas de la población de que la situación de deterioro en el bienestar social podría solucionarse con la independencia de Cataluña. España como el origen de casi todos los males que nos afectan y la independencia como la panacea de todos ellos. Incluso, diría más: el estereotipo transmitido es de tal naturaleza que se pretende también indicar de una manera subliminal que, en el nuevo Estado, la corrupción y el deficiente funcionamiento de las instituciones desaparecerían como por arte de magia, como si los actuales gestores no fueran responsables directos de la actual situación. Este proceso ha tenido dos colaboradores imprescindibles: uno, a nivel de su difusión, la contribución inestimable de los principales medios de comunicación en Cataluña que, además, dependen en gran medida de los subsidios de la propia Generalidad para su subsistencia y, dos, en términos de legitimación, la contribución de los partidos de izquierda no nacionalistas (en particular el PSC), hecho insólito en el contexto de los países democráticos avanzados.

Este hecho diferenciador distorsiona la discusión política y diluye las responsabilidades de los partidos tanto por su acción de gobierno como por su participación en casos de corrupción. La discusión política deja de ser racional, y pasa a estar basada en los sentimientos, lo contrario del concepto de democracia basada en la deliberación entre ciudadanos libres e iguales. Y si no, por ejemplo, ¿cómo entender que el actual gobierno de CiU tenga por el lado de Convergència la sede embargada judicialmente y por el lado de Unió el haber sido declarado culpable de financiación ilegal en sede judicial y, a pesar de ello, sigan encabezando el gobierno? ¿Cómo es posible que el presidente de un banco que se declaró en bancarrota pudiera presidir la Generalidad durante 23 años seguidos (eso aún sin poner en duda su honorabilidad en términos de derecho penal)? ¡Ah! Yo no sé ustedes, pero ni mi padre ni nadie de mi familia ha tenido alguna vez una cuenta en Suiza. Son casos insólitos en el mundo avanzado del norte de Europa, solo explicables por ese hecho diferenciador que, basado en el sentimiento, diluye la asunción de responsabilidades políticas.

Aun así, creo que en Cataluña también estamos viviendo una situación donde la regeneración política es posible desde dentro del propio sistema (al igual que en el resto de España). En este contexto, las alternativas estarían representadas, por el lado constitucionalista, por Ciudadanos, y por el lado nacionalista, por ERC y la CUP. En el caso de Ciudadanos, por el hecho de que es un partido político de relativa reciente creación impulsado por personas que no eran políticos profesionales con anterioridad y que no ha sido tampoco contaminado por casos de corrupción. En el mismo sentido, tanto ERC como la CUP son partidos asamblearios que podrían representar una fórmula directa de participación ciudadana en la política. Por el contrario, los dos partidos que han jugado un papel estelar en la política catalana desde la Transición (CiU y PSC) no parecen estar tomando las medidas necesarias para poder seguir haciéndolo en el futuro con garantías de éxito; el primero, por falta de firmeza en atajar la corrupción entre sus filas y, el segundo, por su ambigüedad en el dilema social-nacional, imposible de mantener por un partido de izquierdas.

Víctor Andrés Maldonado es economista y experto en relaciones internacionales

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Temas: Italia, partidos políticos, Transición