La vicepresidenta del Gobierno, momentos antes de iniciar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (foto: la Moncloa).
El Consejo de Ministros ha aprobado la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), uno por el euro por receta y otro por la tasa judicial, ambas tasas aprobadas por la Generalidad de Cataluña el pasado mes de marzo, que el Gobierno autonómico de Artur Mas (CiU) ha ido aplicando desde entonces gracias al visto bueno del PP catalán.
La portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), ha anunciado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que tal y como estaba previsto el Ejecutivo ha llevado ante el Alto Tribunal las dos tasas después de que “no haya habido acuerdo” con la Generalidad para evitar los recursos, y ha informado que la base de los recursos se han basado en el informe del Consejo de Estado fechado en junio y hecho público el pasado mes de noviembre.
“De acuerdo con el informe del Consejo de Estado, se establecen tasas que afectan a supuestos regulados por una ley estatal y, en el caso de las tasas judiciales, con carácter general, que no pueden gravarse dos veces“, ha recordado Sáenz de Santamaría, que ha lamentado que los dos gobiernos no hayan llegado a acuerdos para evitar acudir a los tribunales.
El euro por receta
En el caso del euro por receta, el mismo informe del Consejo de Estado ha dejado claro que las CCAA no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios, materia reservada al Gobierno, según lo establece la Constitución en el artículo 149.
La número dos del Gobierno ha indicado en varias ocasiones durante su comparecencia ante la prensa que el Ejecutivo ha entendido que la tasa del euro por receta “vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos”.
Además, esta tasa “perjudica” a los ciudadanos, ya que este euro por receta “grava por dos veces” la adquisición de medicamentos a los ciudadanos de Cataluña, después de que el Gobierno haya creado un copago sanitario para toda España que “discrimina según renta”, mientras que la tasa autonómica es “lineal y afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias”.
El consejero de Salud defiende mantener la tasa
Poco antes de conocerse la noticia de la presentación de los recursos, el consejero de Salud de la Generalidad en funciones, Boi Ruiz, ha manifestado su voluntad de mantener la tasa del euro por receta al menos durante el año 2013, en cumplimiento del acuerdo entre convergentes y populares que firmaron el verano pasado.
Ruiz ha calificado de “evidente” el efecto disuasorio alcanzado a los seis meses de la aplicación de lo que la Administración autonómica denomina como ticket moderador. “Podemos mantener servicios que si no no podríamos. La friolera de 100 millones de euros al año [que se prevén recaudar] no son despreciables para mantener servicios del sistema”, ha añadido el consejero.
La vicepresidenta del Gobierno, preguntada por la intención de la Consejería de Salud, ha recordado que si la Generalidad mantiene el euro por receta, después de que el TC admita a trámite el recurso del Ejecutivo -por lo que la norma quedaría en suspenso-, estaría incumpliendo “una decisión jurisdiccional”. Además, ha señalado que en este caso la Consejería debería explicar “muy bien” a los ciudadanos de Cataluña porque pagan una tasa que no deben abonar.
Advertencia a la Comunidad de Madrid
Preguntada por la intención del Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid de establecer, como ha hecho la Generalidad, la tasa del euro por receta, Sáenz de Santamaría ha advertido de que cuando la norma se apruebe en la Asamblea de Madrid el Gobierno actuará si afecta en los mismos términos que la tasa autonómica de Cataluña.
“El euro por receta de Madrid no es norma todavía, no ha sido aprobado ni ha entrado en vigor, pero desde luego el Gobierno tratará de acercar posturas”, ha señalado. Pero ha añadido, enviando un mensaje nítido al Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, en manos del PP: “Actuaremos igual con cualquiera que sea la administración si consideramos que incumple la norma”.
La tasa judicial
La tasa judicial ha sido impugnada porque “coincide con lo que ya está previsto desde hace tiempo en el ámbito de la normativa estatal, a través de una tasa de la potestad jurisdicional”, ha informado Sáenz de Santamaría, ya que “las CCAA no pueden establecer tributos propios que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados con tributos estatales”.
La tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia figura en el artículo 16 de la ley autonómica 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Este es el artículo recurrido, y choca con lo prescrito por la normativa nacional respecto de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, recogido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Acuerdo Gobierno-Generalidad
Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno ha manifestado su satisfacción porque, pese a estas dos impugnaciones, sí se ha llegado a un acuerdo con la Generalidad para no llegar a tener que presentar un tercer recurso de inconstitucionalidad relativo a la preferencia de derecho de tanteo sobre los bienes de interés cultural.
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, establece la preferencia del derecho de tanteo de bienes de interés cultural a favor de la Administración General del Estado ‘siempre que se trate de adquirir bienes muebles para un museo, archivo o biblioteca de titularidad estatal’.
La Generalidad se había otorgado la última administración con derecho de tanteo en una nueva norma autonómica. Pero el acuerdo entre gobiernos mantiene al Gobierno con los mismos derechos que hasta ahora para poder ejercer el derecho de tanteo sobre bienes de interés cultural.
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Temas: copago farmacéutico, Soraya Sáenz de Santamaría, tasa jurídica, Tribunal Constitucional
LEGISLATURA CORTA Y FRACASO ANUNCIADO DE ARTUR MAS
Iniciamos una legislatura corta, que no superará los dos años. La ‘mayoría de investidura’, formada por CiU y ERC, creará un Gobierno autonómico que tendrá como punto central de su programa (pactado por ambas fuerzas en el momento de acordar la investidura de Mas) intentar organizar un referéndum de secesión, que ERC propone que sea en 2014. Tal referéndum se anuncia inviable, pero CiU y ERC se consideran obligados a intentar realizarlo, ya que ambas fuerzas lo llevaban en su programa electoral para la presente legislatura.
Por eso CiU ha rechazado ‘archivar‘ el referéndum y concentrarse en la crisis, como le han propuesto, por un lado, la presidenta del PPC, Camacho, y por otro lado el líder del PSC, Navarro. Ambos lo pusieron como condición para colaborar con el gobierno de CiU.
En el caso de Camacho, con vista a un posible pacto de gobierno de CiU y PSC con el objeto de afrontar la crisis, abonado por compartir ambas fuerzas modelo socioeconómico, ampliando su acuerdo de la pasada legislatura para la elaboración de los presupuestos de la Generalidad. En el caso de Navarro, para la colaboración de la fuerza que representa la alternativa real al gobierno de CiU, el PSC, en el marco multilateral excepcional de un ‘gobierno de concentración’ que Navarro sugiere para enfrentarse a la crisis. Tras la propuesta de un gobierno de concentración por Navarro, Camacho se adhirió a esa idea.
La verificación de la inviabilidad del referéndum (el Gobierno ha anunciado que instará la anulación de su convocatoria por el Tribunal Constitucional), proyectado para 2014, marcará la escenificación de la ruptura del pacto de CiU y ERC y el final de la legislatura. Supondrá el fracaso del plan secesionista de Artur Mas, lo que pondrá fin a su carrera política y a una etapa de CiU.
En inevitable que Mas cumpla en Cataluña un ciclo semejante al de Ibarreche en Vasconia. Solo después de eso podrá CiU abordar una nueva etapa que le reconcilie con el realismo presidida por un nuevo líder. ‘Un Imaz o un Urkullu’ catalán, según la terminología de Francesc de Carreras.
Las fuerzas no secesionistas (PPC, Ciutadans, PSC) abordarán las nuevas elecciones autonómicas en mejores condiciones que las anteriores en las que ya crecieron PPC y Ciutadans éste en flecha. Podrán alegar que los hechos les han dado la razón. Con nuevas elecciones a 2 años vista se puede decir que ya estamos en precampaña electoral.
Las fuerzas no secesionistas propiciarán por interés propio legítimo el desgaste y el fracaso del Gobierno secesionista de Artur Mas que ven nocivo para Cataluña, con el fin de lograr el retroceso electoral de CiU y el avance propio pues representan opciones más realistas y sensatas para afrontar los problemas de los catalanes.
Erasmus
LA FAMILIA NACIONALISTA ES UNA Y TIENE MANDO ÚNICO
No tiene sentido distinguir en CiU y ERC dos proyectos políticos distintos. Ambas fuerzas forman parte de una misma familia política, la ‘familia nacionalista’, que tiene un objetivo único (la secesión de Cataluña), un mando único, con sede en CiU, y un mismo instrumento de poder mediático: el ‘periódico único’, controlado por CiU, creado por Madí, de 7 tentáculos (La Vanguardia, El Periódico, El Punt-Avui, Ara, Nació Digital, Vilaweb y E-noticies), que mantiene una línea de apoyo a la secesión de Cataluña dictada por CiU.
Todas las formaciones pertenecientes a la familia nacionalista (hay 3 en el Parlamento autonómico: CiU, ERC y CUP) son antes que nada nacionalistas. Cualquier otra adscripción de esas fuerzas es engañosa e invasora de espacio ajeno. ERC es falsa izquierda moderada y CUP es falso maoísmo.
El mando de la familia se encuentra en CDC, sector dominante de CiU que es el partido principal de la familia. Artur Mas es presidente de CDC y presidente de CiU. Durán Lleida presidente de UDC y secretario general de CiU. Esa es la estructura formal del mando.
ERC es el único socio con el que CiU puede formar tras las elecciones una mayoría estable, sin verse obligada a ‘archivar’ el referéndum secesionista como le exigen el PPC y el PSC. CiU manda y ERC obedece (y CUP, si hace falta). El punto principal del programa de gobierno de Mas, acordado por CiU y ERC, siguiendo el deseo de CiU, es intentar realizar el referéndum de secesión (ERC añade su deseo de que sea en 2014).
En Cataluña se ha tendido a frivolizar la ‘votación de investidura’, pero ella marca la ‘orientación’ de la legislatura y establece la mayoría parlamentaria que la sustenta.
ERC va a quedarse fuera del Gobierno autonómico (no titularizará ninguna consejería) para aparentar distanciamiento táctico del mismo. Pero ERC será puro gobierno, aunque no ocupe ninguna consejería. CiU y ERC son los ‘padres’ del Presidente Mas y de su programa de gobierno. Los hacen nacer, Presidente y programa, en la ‘votación de investidura’. CiU y ERC deben cuidar de sus ‘hijos’, con los que tiene obligaciones. Nadie lo hará en su lugar.
Erasmus
con los que tienen obligaciones (corrección de errata, en párrafo 6º)
Erasmus
SE INICIA LA LEGISLATURA MÁS CORTA DE LA HISTORIA AUTONÓMICA DE CATALUÑA
Todo indica que la legislatura que se inicia será la más corta de la historia autonómica de Cataluña. A una legislatura de dos años escasos como la vencida, le va a seguir otra igualmente de dos años escasos que se inicia ahora.
No más de 2 años tardará en agotarse el argumento de la legislatura, esto es, en verificarse que es inviable la realización de un referéndum o consulta secesionista, que ERC propone que tenga lugar en el curso del año 2014. El ‘intento’ de realizar la consulta constituirá el punto central del programa de gobierno de Artur Mas, pactado por CiU y ERC en el momento de acordar su voto a la investidura de Mas.
La vicepresidenta Santamaría ha advertido de que, si el Ejecutivo de Artur Mas convoca un referéndum o consulta secesionista, la convocatoria será anulada por el Tribunal Constitucional a instancia del Gobierno.
Pretender que lo que ahora es ilegal según la Constitución pueda volverlo legal una Ley de Consultas de rango autonómico, sobre ignorar la jerarquía normativa, recuerda la hazaña del mentiroso barón de Münchhausen que relataba que en una ocasión salvó su vida porque logró salir del pozo en que había caído tirando hacia arriba de sus orejas.
Tampoco se va a permitir hacer una consulta ‘sin derecho a decidir’. No se va a permitir ninguna consulta sobre la separación de Cataluña, ni decisoria, ni no decisoria. La Generalidad solo puede consultar sobre lo que puede decidir: ‘hospitales o embajadas’, por ejemplo.
Si se alude al derecho internacional hay que precisar que un referéndum de autodeterminación solo es aceptado por la ONU para territorios coloniales y Cataluña no lo es.
El argumento dramático de la legislatura queda encerrado en el círculo del referéndum. El Ejecutivo de Mas está obligado a ‘intentarlo’. El Gobierno ha manifestado que anulará su convocatoria.
La imposibilidad de realizarse el referéndum o consulta secesionista, proyectado para 2014,
marcará la escenificación de la ruptura del pacto de CiU y ERC y el final de la legislatura. Cabe esperar que se inicia la legislatura más breve de la historia autonómica de Cataluña, con nuevas elecciones en dos años en las que nos jugamos no menos que en las del 25 de Noviembre pasado.
Las diferentes fuerzas deben considerarse desde ahora en precampaña electoral. Por lo menos deben sopesar para cada paso que den si les puede beneficiar o perjudicar cara a los comicios. Ya todos hemos perdido la inocencia.
Las fuerzas no secesionistas propiciarán por interés propio legítimo el desgaste y el fracaso del Gobierno secesionista de Artur Mas que ven nocivo para Cataluña, con el fin de lograr el retroceso electoral de CiU y el avance propio pues representan opciones más realistas y sensatas para afrontar los problemas de los catalanes.
Erasmus
Estamos en una guerra, el gobierno españolista madrileño tratará de desestabilizar por todos los medios el embrión del futuro estado catalán. Utilizan la guerra sucia, la judicatura, los medios de comunicación.
Hay que informar correctamente al pueblo de Catalunya para que no se dejen engañar ni manipular por esa gente que ve con desesperación como Catalunya se les escapa de sus garras, y con ella los 16 mil millones que salen cada año para quedarse en Madrid y territorios afines y muy especialmente para alimentar esa insaciable máquina de gasto que es el españolismo.
Estoy pagando un euro por receta,en el momento que el TC admita a trámite la queja del Gobierno dejaré de pagar el euro diga lo que diga Arturo Más.Si el TC da la razón al Gobierno pediré a la Generalitat lo que he pagado hasta hoy.La leyes están para cumplir,los catalanes no tenemos que pagar los despilfarros de los gobiernos de la Generalitat.
partiendo de la base que la sanidad no es gratis,no estoy dispuesto a pagar un e. por receta, mientras el resto de España no lo haga.No quiero ni pensar que seria de los ciudadanos si consiguieran la independencia.Nos coserian a impuestos.