Cataluña
‘Divide et impera’: cuando el catalanismo necesita la escisión social
Las opciones de que dispone la ciudadanía, y más concretamente los ciudadanos de Cataluña ajenos al nacionalismo y a su red de adherencias cívico-políticas, sociales, mediáticas y económicas, para hacer frente a un poder público que se considera desligado de sus deberes constitucionales de defensa de la ley democrática, y de los derechos y las libertades civiles que ésta protege, son diversas.
Mas saluda a sus seguidores, en la plaza de San Jaime, después de la reunión con Mariano Rajoy, en la que este le dijo que no podía aceptar el concierto económico para la Generalidad (foto: Generalidad).
Sobre el fondo de una crisis económica sin precedentes, que sirve de combustible a discursos identitarios excluyentes en toda Europa, Cataluña avanza a lomos del nuevo populismo independentista hacia una escisión social en dos comunidades divergentes. La primera, articulada en torno a las bases tradicionales del nacionalismo y a sus clases dirigentes, experimenta una progresiva radicalización populista y desarrolla una creciente beligerancia no sólo hacia “España”, sino también hacia la tradicional pluralidad identitaria y lingüística de la sociedad catalana. Es a esta desafección, a la vez hacia fuera y hacia dentro de Cataluña, a la que las terminales mediáticas del nacionalismo, tanto públicas como privadas, sirven a la vez de pólvora, de mecha y de humo.
La segunda comunidad, sociológicamente urbana y trabajadora, económicamente más vulnerable, escasamente nacionalista (ni española ni catalana) y de identidad preferentemente mixta, ha mostrado históricamente una movilización política más débil en la política autonómica (como muestra el persistente fenómeno de abstención diferencial entre las elecciones regionales y las legislativas) y no ha tenido un acceso más que subsidiario a los medios de comunicación nacionalistas y al imaginario catalán que éstos han construido y difundido en las últimas décadas. Esta comunidad ha sido -y sigue siendo- demográficamente mayoritaria. Sin embargo, su rol social y político en Cataluña ha sido históricamente el de una minoría, una minoría tolerada por el catalanismo dominante, pero sólo en la medida en que se mantuviera al margen de los asuntos públicos autonómicos: una mayoría minorizada, los más débiles socialmente y los ignorados -cuando no despreciados- culturalmente.
La novedad de este curso político es que incluso este precario y muy desigual equilibrio resulta demasiado generoso para las élites dirigentes en Cataluña. Al catalanismo orgánico ya no le basta, como hasta ahora, con ser la única voz audible y oficialmente reconocida en Cataluña. La espiral del silencio que ha consagrado el monopolio mediático catalanista en las últimas décadas está dando paso a la imposición de un falso consenso en sus exactos términos: individuos que critican a otros con los que en el fondo están de acuerdo por temor a ser menospreciados en caso de manifestar lo que realmente opinan. Fragilizado por unas dinámicas de globalización y precarización social que no respetan perímetros de influencia como los que han permitido preservar históricamente (antes y después del restablecimiento de la democracia) su posición de clase dominante en Cataluña, el catalanismo sociológico e institucional necesita reafirmar su hegemonía por medios más agresivos. Y pretende para ello ocupar todo el espacio identitario, ya sea mediante la asimilación de los espacios no catalanistas, o mediante su expulsión definitiva e irreversible del escenario interno catalán.
No sólo por razones identitarias. Los sectores obreros y populares de Cataluña más refractarios al catalanismo han sido también uno de los principales bastiones sociológicos y electorales de la izquierda española, en el que ésta se ha apoyado históricamente para construir el Estado del bienestar en España y consolidar una red de servicios públicos y prestaciones sociales -educación, sanidad- con vocación de calidad, universalidad y justicia social. Y son, por tanto, los sectores que más beligerantes podrían mostrarse a priori con los durísimos recortes que el gobierno convergente ha aplicado sobre la sanidad y la educación, al tiempo que preservaba la “prioridad nacional” y los gastos ligados a su estrategia identitaria.
En ese sentido, resulta ilustrativa, por reveladora de la estrategia catalanista subyacente, la temprana acusación de “españolismo” que el nacionalismo lanzó contra el Movimiento 15M cuando éste inició sus movilizaciones en Cataluña contra las políticas neoliberales de la Generalidad convergente. El relanzamiento de las tensiones identitarias sirve, además de para tapar el debate social emergente y cohesionar a las bases nacionalistas, para fragilizar y neutralizar a la población que podría presentar más resistencia al desmantelamiento y la privatización del Estado del bienestar llevado a cabo por el Gobierno autonómico, que va bastante más allá de los ajustes exigidos por Madrid y Bruselas. Y en esto el nacionalismo no hace más que beneficiarse de la labor realizada por el franquismo, porque los trabajadores que habían llegado en los años sesenta, carentes de derechos de ciudadanía, jamás contaron con las instituciones como garantías de la justicia ni con la ley como la protección de sus libertades. No eran ‘un ejército de ocupación’ -por utilizar la obscena fórmula con la que Jordi Pujol se había referido a ellos- sino los empleados que cuidan de una casa que saben que no es suya. Una percepción que los nacionalistas han estado muy interesados en mantener: las instituciones no tenían que ver con ellos, eran cosas de “los catalanes fetén”. Y en transmitir de la forma más eficaz posible, al excluir su lengua de la política y la administración.
Quiebra de la ley democrática
Hay más consecuencias. La escalada identitaria que lidera el Gobierno autonómico nacionalista catalán y sus aliados político-mediáticos, la retórica totalitaria -sacrificial y mesiánica por momentos- de sus dirigentes y portavoces, empeñada en glorificar el dictado de los “sentimientos” frente al imperio de la razón, de las leyes y las instituciones democráticas; la continua descalificación del marco constitucional -contrapuesto a una supuesta “voluntad del pueblo” que el nacionalismo dice encarnar- por parte de quienes deberían ser sus máximos garantes en Cataluña, así como la progresiva impunidad de las violaciones de la ley cuando éstas tienen un sentido político y favorable a los intereses del nacionalismo; están extendiendo en Cataluña un clima de quiebra definitiva de la ley democrática y, con ella, las bases de la convivencia en el seno de una sociedad plural.
El caso del Tribunal Constitucional refleja como pocos la dinámica de desprecio al ideal democrático por parte del nacionalismo: las instituciones democráticas se respetan cuando sirven y se descalifican sin miramientos cuando dejan de hacerlo. El Alto Tribunal, al que los nacionalistas han recurrido tantas veces como han considerado necesario -y, dicho sea de paso, del que han obtenido más sentencias favorables que desfavorables-, pasó a ser linchado mediáticamente tras la sentencia del Estatuto como instrumento supremo de agresión a la “voluntad nacional” que ellos dicen encarnar. Algo que no les ha impedido seguir recurriendo a él y beneficiándose de su jurisprudencia cuando ésta es favorable a sus intereses… de nuevo, en alemán y en blanco y negro, el proceder nacionalista evoca a otras épocas y otras latitudes.
No se trata ya de que los poderes públicos apliquen las leyes de forma selectiva, con más o menos discreción, o de que recurran a subterfugios legales y administrativos de toda clase para esquivar, retrasar o neutralizar sus efectos más enojosos, cuando éstos son contrarios a los intereses. Esas detestables estrategias son frecuentes en muchos países democráticos, entre ellos -y de forma muy destacada- España.
Pero ese triste ruido normal de la democracia no deja de rendir un culto a la ley, aunque sea hipócrita. Nada tiene eso que ver con el desprecio explícito y sistemático del que hace gala el catalanismo orgánico hacia las leyes, las mismas que -no se olvide- dotan de legitimidad a las instituciones catalanas; las mismas que, con todas sus imperfecciones, son el resultado de un Parlamento autonómico elegido por el conjunto de los ciudadanos. La nueva actitud de los líderes catalanistas da fe de la cruda determinación del catalanismo orgánico, cada vez exhibida con menor pudor, de convertir los poderes públicos bajo su control (instituciones autonómicas y parte de las administraciones locales, comarcales y provinciales) en agentes activos de su desprecio al sistema institucional, constitucional y democrático que garantiza los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos de Cataluña. Unas instituciones de todos que resultan al fin indistinguibles de los órganos internos de los partidos, en concreto, de la coalición nacionalista y sus aliados. Estado y partido; en alemán y en blanco y negro.
Reunión del Gobierno autonómico presidido por Artur Mas (foto: Generalidad).
Las implicaciones de este escenario son de extrema gravedad, y deben considerarse con cautela. Un gobierno -el de la Generalidad en este caso- que se considera la única encarnación del pueblo, que se presenta como instrumento de una voluntad superior, no sujeta a las leyes democráticas, a las que ignora o desprecia, que advierte que no está dispuesto a respetarlas, ni a garantizar su cumplimiento ni a penalizar su violación, que avisa que sus prioridades pasan precisamente por arrollarlas y establecer una tierra de nadie jurídica en el territorio donde ejerce su jurisdicción, es un poder público que abandona deliberadamente el territorio de la democracia y de la legalidad, incluida la de la autonomía catalana, cuya legitimidad última está depositada en el conjunto de los ciudadanos; para desplazarse a otro estadio y convertirse en otra cosa: en una maquinaria que puede contar, ciertamente, con poderosos medios administrativos y de coerción a su disposición; pero que en su decisión de librarse de las restricciones que en toda democracia imponen las leyes y las demás instituciones con las que coexiste ha perdido también el derecho a exigir de los ciudadanos el respeto y el acatamiento de su autoridad. Es un poder que ha dejado de ser legítimo, porque ha dejado de estar al servicio de los derechos y las libertades cívicas, de las que la ley constituye la máxima salvaguarda, para pasar a constituir una de sus principales amenazas.
Contra lo que se afirma con demasiada ligereza, la democracia descansa, además de en el gobierno de la mayoría de los que votan, en el común respeto al imperio de la ley democrática -que obliga igual a gobernantes y a gobernados- y en la consolidación de un complejo equilibrio de poderes y contrapoderes institucionales, todos autónomos pero ninguno completamente independiente de los demás, en el que la legitimidad democrática es compartida o no es. Es esa combinación la que constituye la garantía de defensa más firme de los derechos y las libertades cívicas, políticas y sociales de todos los ciudadanos -no sólo de la fracción que circunstancialmente sea favorable a uno u otro gobierno-.
Y es esa combinación la que el nacionalismo catalán ha decidido finalmente abatir en Cataluña al declarar que no se siente comprometido con la legalidad, que cumple cuando le da la gana y que queda en suspenso cuando no, situándose así en el terreno de la arbitrariedad y poniendo, por tanto, en peligro la libertad republicana, merced a la cual no estamos sometidos a la voluntad arbitraria de nadie porque el imperio de las leyes así lo asegura. El terreno de déspota, sin más. Lo hace, además, con el agravante de que la inseguridad que instala en la sociedad catalana cae sobre un solo lado: el de los ajenos y los contrarios al catalanismo oficial, cada vez más excluidos de unas instituciones autonómicas progresivamente puestas al servicio de la fractura social y la radicalización identitaria y el desprecio a la ciudadanía, en la que el nacionalismo se instala con naturalidad: no está de más recordar que en las anteriores elecciones autonómicas, en un debate televisado, el candidato Mas se dirigió a otro para decirle: “Mire si somos tolerantes los catalanes que usted habla en castellano y no pasa nada”. Algo así solo se puede decir desde un desprecio que sencillamente niega la condición de ciudadanos a quienes se expresan en castellano, la lengua de la mayoría de los catalanes, sobre todo de las clases populares.
Las opciones de que dispone la ciudadanía, y más concretamente los ciudadanos de Cataluña ajenos al nacionalismo y a su red de adherencias cívico-políticas, sociales, mediáticas y económicas, para hacer frente a un poder público que se considera desligado de sus deberes constitucionales de defensa de la ley democrática, y de los derechos y las libertades civiles que ésta protege, son diversas. Cabe, en primer lugar, exigir claridad a los demás poderes públicos con responsabilidad para con los ciudadanos de Cataluña. En un régimen democrático y constitucional como el español, en efecto, la garantía de los derechos en cualquier parte del territorio corresponde los poderes públicos con jurisdicción en ese territorio -a todos ellos-. El Estado cuenta con medios pacíficos, legales y legítimos para defender esos derechos y la ley democrática que los ampara, además de la obligación de emplearlos allí donde éstos se vean amenazados. No es posible ya mantener la actitud de obstinada indiferencia con la que los sucesivos gobiernos españoles han hecho caso omiso a las cada vez mayores violaciones de los derechos y libertades de los no nacionalistas a manos del poder nacionalista. No es, tampoco, posible ya justificar las desidias en nombre de la democracia y el respeto a supuestas mayorías: ninguna manifestación, por multitudinaria que fuera; y ninguna votación, por mayoritaria que resultara, podría suprimir los derechos de los ciudadanos catalanes que hoy están en la mirilla del nacionalismo sin dar lugar a una dictadura más o menos plebiscitaria o aclamativa. Y el argumento puede extenderse a las instituciones comunitarias europeas, que resultan perfectamente prescindibles si se desentienden de desafíos como el que hoy se vive en Cataluña, y están ya latentes en otras partes de la Unión Europea.
La desobediencia civil como única respuesta legítima y democrática
Si los demás poderes públicos renuncian, por incapacidad, desidia o falta de voluntad política, a ejercer sus responsabilidades democráticas para con los ciudadanos de Cataluña, la movilización y el ejercicio del derecho a la desobediencia civil emergen como la única respuesta legítima, autónoma y radicalmente democrática de esa ciudadanía ante el catalanismo orgánico. Un catalanismo excluyente que ha expropiado definitivamente las instituciones autonómicas al conjunto de los ciudadanos, deslegitimándolas al ponerlas al servicio de una estrategia de exclusión, polarización y enfrentamiento identitario y que, a la vez, ataca frontalmente los derechos sociales de esos mismos ciudadanos a los que desprecia, como se ha mostrado superlativamente en el caso de la sanidad pública.
Las clases no afines al catalanismo dirigente están legitimadas para resistir democráticamente a un poder que se sitúa por encima de la ley democrática común, máxima garantía de los derechos y las libertades -especialmente las de los sectores más vulnerables-; a un poder que ha disuelto los complejos equilibrios entre instituciones públicas que caracterizan cualquier Estado democrático y de derecho; a un poder que ataca con creciente virulencia los derechos cívicos y sociales, aprovechando la gravedad de la crisis social y económica y la debilidad de los contrapoderes institucionales del Estado; a un poder que alimenta la radicalización identitaria en Cataluña y la dirige contra los tibios ajenos al núcleo militante del catalanismo.
En este contexto, quizá sea cosa de comenzar a plantearse la posibilidad de la desobediencia pacífica y democrática ante un poder ilegítimo. No sólo como un imperativo moral en defensa de los derechos y las libertades individuales, violentadas con creciente impunidad por el nacionalismo institucional, sino como el único medio efectivo de defender los valores básicos de cualquier sociedad democrática avanzada: el imperio de la ley democrática; la seguridad jurídica de los ciudadanos; la garantía de los derechos individuales, tanto civiles como políticos y sociales; la separación de poderes; la ejemplaridad pública de los gobernantes; la neutralidad de las instituciones y la lealtad entre ellas; el reconocimiento y el respeto efectivo, en fin, de la pluralidad en el espacio público. Valores que el nacionalismo ha declarado oficialmente en suspenso en Cataluña después de erosionarlos silenciosamente durante su largo período de monopolio del poder autonómico; y que se degradan en todo el país ante la parálisis y la desidia -cuando no la abierta complicidad- de buena parte de los responsables de velar por ellos.
–
Extracto de un artículo más extenso que se publicará en El Viejo Topo bajo el título de La fractura catalana.
Félix Ovejero es profesor de Filosofía Política en la Universidad de Barcelona; y Juan Antonio Cordero es investigador en la Université catholique de Louvain (Bélgica)
61 Comments en “‘Divide et impera’: cuando el catalanismo necesita la escisión social”
Lo último LVdB
AL CAPONE? NO
VITO CORLEONE? NO
PUJOLONE TRINCONETTI & MASSOLINI AL 3%? (ahora 4%?)
!!SIIII!!! !!!!!BINGOOOOOOOOOOO!!!!!
CASO LABORATORIO FIDES S.A. (Pujol Family)
CASO BANCA CATALANA (Pujol Family)
CASO MARTA FERRUSOLA Y SUS FLORISTERIAS Y PARTERRES DE BCN.
CASO OBRAS PÚBLICAS AL 3% (ahora 4%)
CASO PALAU DE LA “MÚSICA CELESTIAL” (Millet, pujoleros y ERC)
CASO PALLEROLS (CiU y su formación de parados)
CASO CLUB NATACIÓ BARCELONA (CiU)
CASO CASINOS (CiU)
CASO PLANASDEMUNT (CiU)
CASO MACIÁ ALAVEDRA (CiU)
CASO PRENAFETA (CiU)
CASO AGRUPACIÓ MUTUA (CiU)
CASO TURISMO (CiU)
CASO PASQUAL ESTEVILL (CiU, PSC)
CASO HUGUET Y COLS. (CiU)
CASO JAVIER DE LA ROSA (CiU)
CASO PRETORIA (PSC y CiU)
CASO FERROVIAL (CiU)
CASO JORDI PUJOL FERRUSOLA (Empresas a go gó)
CASO ORIOL PUJOL (ITV)
CASO ARTUR MAS AL 3% (ahora 4%)
Y la Biblia en verso al 3% (ahora 4%)
SIEMPRE CON LA COMPLICIDAD JUDICIAL, DURANTE 33 AÑOS.
Publicado en El Mundo.lunes 19/11/2012
Informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre la corrupción de Convergència Democrática de Catalunya, el partido de Artur Mas.
“Asunto: Dando cuenta de posible documentación desaparecida durante los registros efectuados por otro Cuerpo Policial, conteniendo información recuperada, así como otra de testigos voluntarios con presumible consideración de protegidos.
«Se solicita un nuevo análisis de la documentación que obra en poder de esta Comisaría General, junto con otra facilitada por colaboración anónima, al objeto de determinar la existencia de posibles vínculos entre ambas. Con fin de evitar la contaminación cognitiva, el presente se elabora por funcionarios distintos a los que tuvieron conocimiento y por ello confeccionaron el documento anterior, en base a los diferentes asientos que ya obran en UDEF.
Las Diligencias Previas 3360/2009 del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona se refieren a la posible utilización de las entidades adscritas al Palau de la Música de Barcelona para vehicular fondos aportados por diversas empresas constructoras, en especial FERROVIAL-AGROMÁN, en pago de comisiones por la adjudicación de obras públicas en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Dichas comisiones, además de enriquecer a los antiguos gestores del Palau (Fèlix MILLET / Jordi MONTULL), han servido finalmente para la financiación del partido CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA (CDC/CiU) y se han desviado parte de los fondos a cuentas personales de sus dirigentes (en fase de verificación, aunque las primeras gestiones producto de colaboración entre organismos afines determinan la exactitud de los datos aportados por los testigos mediante declaraciones voluntarias, verificándose además la vigencia de los documentos remitidos)».
«En un principio, la investigación, así como todos los registros, se adjudicaron a los MOSSOS D’ESQUADRA, detectándose irregularidades en lo referido a la custodia de algunos de los documentos requisados durante los referidos registros e incluso la sorprendente destrucción de algún soporte que, a pesar de todo, pudo ser recuperado. La pérdida de dicha documentación, así como la manipulación desafortunada, fue no obstante denunciada por algunos de los propios MOSSOS D’ESQUADRA intervinientes en los registros aunque, posteriormente, sus mandos negaron tal eventualidad cuando fueron consultados al respecto.
Más tarde, consecuencia de la paralización de la investigación, del poco éxito de los avances en la averiguación de los hechos, así como de ciertas conductas de algunos mandos de los MOSSOS D’ESQUADRA, incursos en otros sumarios sobre corrupción y connivencia con delincuentes actualmente imputados por tráfico de drogas y blanqueo de capitales entre otros delitos, la Autoridad Judicial ordena que se practiquen las actuaciones oportunas, tendentes a la averiguación de las conductas presumiblemente delictivas, así como al análisis de los documentos intervenidos en los registros, al Cuerpo Nacional de Policía, en concreto la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial».
«Entre otras comisiones, las que recibía la FUNDACIÓN (Orfeó-Palau) correspondía al 4% sobre el presupuesto de adjudicación de toda obra que se adjudicaba en la Comunidad de Cataluña. Dicho importe se repartía posteriormente en un 2,5%, que revertía en los partidos políticos vinculados a la GENERALITAT, y el 1,5% servía para pagar gastos, comisiones y colaboraciones de Félix MILLET, Jordi MONTULL, Gemma MONTULL y otros, así como a cuentas privadas de algunos dirigentes políticos y/o de sus familiares directos más allegados.
En el ordenador de la secretaria de Félix MILLET [Elisabeth Barberà] se encontraron los pagos y repartos entre FERROVIAL y la FUNDACIÓN (Anexo número 21). En dicho documento del año 2000, se reconoce que FERROVIAL paga el 4% del presupuesto de adjudicación, con el consecuente reparto del 2,5% a la GENERALITAT y el 1,5% para gastos y comisiones».
«En otros archivos que a pesar de aparecer como borrados pudieron ser recuperados, se señalan anotaciones en idioma catalán como ‘Pendent de pagament el 20% del que ha estat assignat a Palau, a JP fill, treure en efectiu i entregar en ma al lloc habitual, el seu para JA ha estat informat com sempre’, esto es: ‘Pendiente el pago el 20% de lo asignado a Palau, a JP hijo, sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual, su padre ya ha sido informado como siempre’».
«En dicho archivo se hace referencia a pagos a FP, con la anotación en catalán ‘portae 250 en efetiu a la seva casa en el Golf de Vallromanes’ esto es ‘llevar 250 en efectivo a su casa en el Golf de Vallromanes…’. Gestiones practicadas señalan que dichas iniciales podrían corresponder a Felip PUIG, actual conseller de Interior de la GENERALITAT, ya que coinciden dichas iniciales con su nombre, así como los datos de la dirección que consta como su domicilio particular»
«La GENERALITAT como ADMINISTRACIÓN PÚBLICA saca a concurso la licitación por una obra en Cataluña. Presentan plicas las diferentes entidades, resultando adjudicataria, en la mayoría de los casos, FERROVIAL. A título de ejemplo, las adjudicaciones que aparecen en los Anexos nº 9 y 10.
Al mismo tiempo que se daba la adjudicación, la adjudicataria (en la mayoría de los casos, FERROVIAL) recibía factura emitida por alguna de las instituciones del Palau (FUNDACIÓ u ORFEÓ), en la que constaba la cantidad exacta calculada correspondiente a 4% de la obra adjudicada, más el IVA subsiguiente […].
Una vez el dinero había sido ingresado en las cuentas de las Instituciones del Palau (ORFEÓ y FUNDACIÓ) salía inmediatamente por tres vías diferentes:
– Talones y transferencias a favor de la FUNDACIÓ RAMÓN TRÍAS FARGAS. – Facturas cruzadas y talones de pago a sociedades fiduciarias y/o interpuestas que posteriormente acababa en CDC.
Para terminar dichos abonos en las cuentas de CDC, se simulaban pagos mediante supuestas prestaciones de servicios, así como falsas aportaciones voluntarias.
– Pagos en metálico o cheque mediante cobro en ventanilla, la mayoría por Félix MILLET y Jordi MONTULL, en proporción 80% / 20%, en pago de su comisión por la intermediación. Se detallará más adelante en este y otros escritos, actualmente en elaboración, sobre estos pagos y sus movimientos.
Finalmente el dinero recibido en la FUNDACIÓ TRÍAS FARGAS se hacía llegar a entidades vinculadas a CDC (GROUP PARLAMENTARI CIU, FEDERACIÓ CIU, INSTITUTO CATALUNYA FUTUR Y FORUM BARCELONA) para que estas, a su vez, lo hicieran llegar a CDC mediante facturas por prestaciones de servicios, donaciones, convenios y/o préstamos fingidos en numerosas ocasiones.
Asimismo el dinero que recibían las asociaciones interpuestas se hacía circular mediante cruce de facturas de sociedades del grupo, vinculadas a las interpuestas, para finalmente llegar a CDC por la vía de la donación, lo que se detallará más adelante».
«La constructora FERROVIAL AGROMÁN consta como la principal entidad financiera de CDC, consecuencia del pago de comisiones ya mencionadas, a cambio de favores en la adjudicación de obras.
Para canalizar los pagos de dichas comisiones hasta sus destinatarios reales, se articulaba un sistema de facturas por patrocinios, donaciones, aportaciones, facturas por servicios no prestados o con precios que no son de mercado, unidad de caja de diferentes entidades, pagos en metálico y cajas de seguridad.
Son numerosos los documentos que vinculan a FERROVIAL con las Instituciones del Palau y sus antiguos gestores.
Públicamente FERROVIAL constaba como la principal patrocinadora del ciclo de conciertos denominado PALAU-100, documentados en contratos y convenios de colaboración, además fue designada como miembro de Honor de la FUNDACIÓ DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. Sin embargo, es evidente que estos patrocinios lo eran para articular el pago de comisiones».
«Ambos tienen la confianza de las Instituciones de CDC, firmando como representantes de la FUNDACIÓ RAMÓN TRÍAS FARGAS en los convenios entre la FUNDACIÓN y las Instituciones del Palau y además, firma autorizada de CDC y las entidades vinculadas (CiU, FEDERACIÓN CiU, GROUP PARLAMENTARI CATALÁ AL SENAT, FUNDACIÓ CATALANISTA I DEMÓCRATA RAMÓN TRÍAS FARGAS) ][…].
Estas personas se encargaban de canalizar el dinero procedente de las Instituciones del Palau hacia las agrupaciones vinculadas a CDC. Para ello, se valían de facturas que recogían falsas prestaciones de servicios entre las agrupaciones parlamentarias y la FUNDACIÓN, préstamos entre la FUNDACIÓN y las entidades vinculadas a CDC o con la propia CDC y pagos a cuenta de futuras facturas aún no confeccionadas».
«Las otras compañías involucradas son:
– Constructoras de ámbito nacional, con fuerte involucración en el desarrollo de obras públicas como son: ACS (también tipificada en varios apuntes como DRAGADOS), que habría donado DOS CIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000 euros), FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS FCC, a quien se le atribuyen CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS (159.000 euros).
– Empresas dedicadas a la construcción con implantación más autonómica como COMSA ENTE SA (Carles SUMARROCA) REHAC SA, COPISA, TAMISA, BRUESA CONSTRUCCIONES, NOVA LLORET, GRUPO EXCOVER, CONSTRUCCIONES PRH quienes donaron, respectivamente, 300.000 euros, 46.000 euros, 170.000 euros, 230.000 euros, 90.000 euros, 100.000 euros, 120.000 euros y 48.000 euros.
Hay otras firmas de este tipo, sobre las que no se especifican las cuantías donadas, para no ser exhaustivos de forma innecesaria.
– Empresas dedicadas a los servicios medioambientales de suministro de agua, de mantenimiento y de explotación de aguas residuales que es el caso de CESPA, SOREA, SEARSA, quienes donan 60.000 euros, 255.000 euros, 160.000 euros y de explotación de autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos, que es el caso de ABERTIS, donante de 150.000 euros.
– Empresa dedicada a la farmacia, alimentación y química, GRUPO FERRER INTERNACIONAL, que dona 150.000 euros.
Esto es sólo un resumen de todos los movimientos recogidos en la contabilidad de la FUNDACIÓ RAMÓN TRÍAS FARGAS, de la que se tratará a continuación».
«De otra recibida igualmente con fecha de matasellos de 24 de noviembre de 2011 (coincidiendo con la mayoría absoluta que el PARTIDO POPULAR había obtenido en las elecciones generales), donde según testimonios de los propios MOSSOS D’ESQUADRA se había recibido junto con una carta explicativa una muy detallada documentación que contenía una serie de entramados societarios, que decían corresponder a la familia PUJOL, así como a las comisiones que el padre del actual presidente MAS recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades de las que, según se señalaba, una parte de ello desviaba a su propio hijo.
De esta última misiva no ha tenido conocimiento ni esta unidad policial, ni menos aún Su Señoría, aunque existe la promesa de entrega de la misma por parte de alguno de los MOSSOS D’ESQUADRA integrantes del dispositivo de registro que no están conformes con la decisión de sus mandos políticos de detraer dicha documentación del conocimiento de la autoridad judicial».
«Actualmente en proceso se encuentra la verificación de una serie de documentos entregados, así como datos facilitados voluntariamente por una serie de personas, en algunos casos muy vinculadas políticamente con CiU y, en otros, que colaboraron transportando dinero en efectivo a ANDORRA y LONDRES y que dicen sentirse engañados, así como otros colaboradores que, por tener la impresión de no habérseles cumplido sus compromisos pactados, desean colaborar en la investigación y, en alguno de estos casos, podrían incluso declarar en sede judicial, siempre y cuando se les garantizara su seguridad y, en todo caso, pudiera tener la consideración de testigos protegidos».
«La familia PUJOL ostenta inversiones en EEUU (HOUSTON, MIAMI y DELAWARE), ARGENTINA (PUERTO MADERO) y en MÉXICO (ACAPULCO GUERRERO-JALISCO) a través de sociedades interpuestas y la mayoría de ellas residentes en paraísos fiscales.
En MÉXICO, Jordi PUJOL FERRUSOLA construyó resort con un hotel y villas de lujo (inaugurado en noviembre de 2012 en ACAPULCO) en primera línea de mar sobre una superficie de 130.000 metros cuadrados y con 44 habitaciones. Entre sus socios están los mexicanos Sergio KAM y Rafael ARAGONÉS. La inversión correspondiente a cada socio superó los 125 millones de dólares.
Parte del efectivo recibido procede de varias transferencias de banco privado LOMBARD ODIER, Rue de la Corraterie 11, Ginebra (Suiza), donde se ha detectado una fundación de la que penden a modo de racimo ocho sociedades, con un capital disponible de casi 165 millones de francos suizos, entre diferentes monedas, y cuyos beneficiarios finales son el matrimonio PUJOL-FERRUSOLA y los hijos Jordi y Oriol.
Siguiendo con las inversiones mexicanas, Jordi PUJOL FERRUSOLA es socio al 20% de Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, principal accionista del CASINO ROYALE (Monterrey-México). En Casino Royale también interviene la familia MADERO con la sociedad llamada CYMSA Corporation S.A. de CV.
Jordi PUJOL-FERRUSOLA también dispone de importantes propiedades en Argentina, donde ha adquirido el 30% de la sociedad explotadora de PUERTO MADERO en Buenos Aires (ARGENTINA), perteneciente a un trust brasileño con matriz en las Antillas Holandesas. Inyectando para ello un activo considerable a través del Banco Cantrade Lausane S.A., Avd. Rumire 20 de Lausana (Suiza), donde además de tres cuentas numeradas la familia posee dos cajas de seguridad, con número correlativo a la que el propio MILLET posee en el mismo establecimiento.
Otras cuentas de las que se tiene referencia se encuentran en el BANK OF SCOTLAND de LONDRES y el LLOYD BANK de Ginebra, usando como firma corresponsal al HSBC de la oficina de MADRID, la misma donde tuvo una grave incidencia con el tema de GESCARTERA. Por cuestiones de difícil explicación esta línea de trabajo no pudo continuarse en su momento, por lo que en este caso, de existir responsabilidades, dado el tiempo transcurrido, estas habrían prescrito.
Igualmente, se han detectado conexiones con las diferentes cuentas manejadas en Rhone Gestion S.A., de Boulevard Georges-Favon 21, 204 de Ginebra, regentadas por Arturo FASANA desde su oficina de CANONICCA, y las cuentas de su despacho suizo, con último beneficiario el propio PUJOL, su hijo Jordi y su esposa Marta FERRUSOLA, cuentas que, desde la detención de BLANCO BALÍN y otros relacionados con el procesado CORREA, aún se encuentran en fase de estudio.
Respecto al fondo de las cuentas del padre de Artur MAS encontradas en LIECHTENSTEIN, en realidad pertenecen a la familia PUJOL toda vez, que era quien llevaba las gestiones como fiduciario en dicho país».
«Esto es, el padre de Artur MAS, tenía depositado en la UNIÓN DE BANCOS SUIZOS la cifra de 2.300.000 euros aproximadamente, sin poder justificar el origen de dicho efectivo, ni declarar actividad lucrativa alguna, salvo la de realizar gestiones esporádicas a Jordi PUJOL y a Lluis PRENAFETA».
«Dada la gravedad de los hechos señalados, así como el importe de las cantidades detectadas, una vez continuasen las gestiones de verificación de los hechos, con las oportunas patrimoniales necesarias, por el excesivo e injustificado enriquecimiento insólito y presumiblemente ilícito, procedería la solicitud a la Autoridad Judicial, a los efectos de que libre los oportunos mandamientos y solicitudes, así como las órdenes de extradición y comisiones rogatorias que permitirían a corto medio plazo, para la comprobación fehaciente de los mismos».
EL INSPECTOR, JEFE DE GRUPO
Fdo. C.P.
CONGRATULAZIONE DEL PADRINO
GIORGIO PUJOLONE TRINCONETTI (e famiglia)
Onorevole Capi di Capi di tutti li Capi di la “MAMANDURRIA”
e il suo Egregio Commendatore
ARTURO MASSOLINI (al 4%)
di la molta pela no devaluata,
auguri un BUON NATALE a tutti li componenti
di la COSA NOSTRA (al 4%)
Me pregunto si los independentistas, que están en su derecho de serlo, aceptarían que se segregaran de Catalunya las “comarques de Lleida i Girona i la Vall d´Aran”. ¿A que no? Pues eso. Sobran comentarios
Para Erasmus: Te ruego que moderes tu verborragia, que en este caso se manifiesta en los escritos. Todo tiene un límite
Magnífica la carta de Josep Vergés “Des de Suïssa”
Bernat de Rocafort
PROBABLEMENTE SEA UN ANTI CATALÁN
PERO ANTI CALÁN NACI-ONALISTAS
PERO POR SUERTE YO NO SOY UN XARNEGO Y RENEGADO
La desobediencia pacífica es un imposible, porque el desobediente siempre puede ser reprimido por medios laborales, económicos y administrativos. Muy bonito pero inútil. Lo único útil es el acreditado método vasco de convicción. Ha vencido al estado, a los ciudadanos y a quien se le ha puesto por delante. ¿Por que?. Porque tenían lo que para ellos era un ideal. Los nacionalistas catalanes también lo tienen, por muy equivocado y basado en falsedades que esté.
En 1974 ya me espetaron que había venido a cataluña “a robar el trabajo a los catalanes”. España les roba porque desde el resto de España ha venido gente a trabajar aquí. Joder ¡les hemos robado hasta el trabajo que ha hecho funcionar cataluña!.
Así que esa mayoría de la que hablas, como no ha desarrollado unos ideales de ningún genero, pues el acuerdo de la Constitución incluía hacer desaparecer el termino España y el ideal español, y se aceptó por los ineptos o miserables que firmaron aquello, carece de ideales que oponer, y, por ello no se va a partir la cara por nada, porque nadie le ha dejado nada en que creer. Si esos ideales tuvieran la fuerza de los de los nacionalismos periféricos, o no estábamos así o ya habría corrido la sangre.
Solo el día en que la gente realmente se muera de hambre puede haber una reacción que se lleve puesto todo lo que en ese momento exista. Mientras tanto el siervo-borrego medio continuará con su servil actitud.
Si ERC hundió a los socialistas con el tripartito,espero que ahora los mismos (ERC) hundan a CiU y de paso deseo que se hundan todos ellos. CiU no le queda otro camino,porque espero que el PP tenga dignidad.
Me alego por la subida de Ciudadanos, ahora es el partido que mejor defiende la unidad de España y la lengua y la cultura común.
En cuanto a Mas que tome nota, aunque no vaya al notario. Ha quedado bien notorio que es un trincón.
Si algún separatista tiene la tentación de partir hacia Ïtaca, comprobará que su Penélope le ha puestos los cuernos por un un españolazo. ¡Toma ya!
La dinastía de los Pujoles, según se afirma, ha llevado a Suiza el dinero de los catalanes. Si los dejamos se harán los amos de Cataluña, patria de cleptómanos.Fuera la cleptocracia que impera en esta desventurada región española.
Cierran los hospitales, pero se lo llevan crudo a Suiza. Allí sus millones están seguritos.La que antaño fuera locomotora económica de España, es hoy un triste furgón de cola , que sobrevive por la solidaridad del resto de España. ¡Qué se ha hecho de tanta fanfarria!
Viva España Una
XARNEGOS FORA . NO SON RES , NI QUE PARLIN CATALÁ