España
El Gobierno detalla el plan de ajuste en la sanidad y la educación con el que pretende ahorrar 10.000 millones
Incremento del precio de las medicinas, eliminación del turismo sanitario, centralización de la gestión de compras, subida de las tasas universitarias, y aumento del ratio de alumnos por clase son algunas de las medidas.
El Gobierno ha aprobado este viernes las medidas de ajuste en los ámbitos de la sanidad y la educación, avanzados esta semana, con los que pretende ahorrar 10.000 millones de euros adicionales en los presupuestos de este año, que ya recogen un recorte de 27.300 millones respecto a los de 2011.
La portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este tipo de decisiones son “imprescindibles” para “garantizar el futuro del Estado del bienestar”, y ha asegurado que, aunque se está “pidiendo un esfuerzo a muchos ciudadanos, […] no se pide a todos por igual”.
Eliminar el “turismo sanitario”
Los ajustes en materia de sanidad se han recogido mediante el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Mejorar la Calidad y Seguridad de sus Prestaciones, que ha detallado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (PP).
Entre las medidas más destacadas sobresalen las destinadas a evitar el denominado “turismo sanitario“ y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud nacionales, cuyo coste ha cuantificado Mato en cerca de 1.000 millones de euros anuales generados por 700.000 personas, según datos del Tribunal de Cuentas. El Gobierno ha adaptado la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro Estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria. La ministra ha anunciado una modificación de la Ley de Extranjería para que el empadronamiento no sea el único requisito para tener derecho a la tarjeta sanitaria.
Aumento generalizado del precio efectivo de los medicamentos
Por otra parte, el Gobierno pondrá en marcha “una cartera común básica de servicios para toda España”, que eliminará las diferencias de las prestaciones recibidas por los ciudadanos en función de la Comunidad Autónoma en la que residan. Esta cartera incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, que seguirán siendo gratuitos. Además, se implantará una tarjeta sanitaria común para toda España y un servicio de gestión informática a nivel nacional (ESalud), lo que supondrá un ahorro de 700 millones de euros.
La medida más polémica es la reducción del porcentaje del precio de los medicamentos que está subvencionado por la administración, que por primera vez conllevará que los pensionistas tengan que pagar una parte de ellos. Quedarán exentos los ciudadanos perceptores de pensiones no contributivas y los parados de larga duración. Los que tengan rentas inferiores a la obligatoriedad de realizar declaración de la renta pagarán el 40% de las medicinas; el resto pagarán el 50% del precio, salvo los que cobren más de 100.000 euros, que pagarán el 60%. Con carácter general, los pensionistas pagarán el 10% del precio de las medicinas, hasta un máximo de ocho euros al mes, si no tienen la obligación de hacer la declaración de la renta, y de 18 euros para el resto. “No habrá copago sanitario, como en muchos países de la UE, en los que se paga por consulta médica, por hospitalización y por urgencias”, ha justificado Mato.
El Ministerio negociará con las empresas farmacéuticas para que adapten los envases de los medicamentos a las cantidades que se suministran en un tratamiento medio, impulsará el uso de medicamentos genéricos, y revisará el vademécum para eliminar los productos obsoletos. En el ámbito farmacéutico, el Gobierno espera ahorrar 3.500 millones de euros.
Unificación de la gestión de compras a nivel nacional
Otra de las novedades es la creación de una plataforma de compras centralizada a nivel nacional, para adquirir medicamentos hospitalarios, tecnología médica, productos sanitarios y servicios sanitarios que ahora se compran desde cada Comunidad por separado. Se trata de un mecanismo que ya se ha aplicado en casos como el de las vacunas y con el que se pretenden ahorrar 1.500 millones de euros.
Por último, el Ministerio planteará la colaboración entre los servicios sociales y sanitarios para compartir gastos y evitar duplicidades. Y creará un fondo de garantía asistencial, dentro de los fondos de cohesión, para garantizar la asistencia sanitaria de todas las personas que viven en zonas limítrofes de dos o más CCAA, tratando de evitar algunas situaciones kafkianas que actualmente se producen.
Más alumnos por clase
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP), ha detallado el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, y ha subrayado que estas medidas son independientes de la reforma de la educación que su partido llevaba en el programa electoral de las pasadas elecciones generales.
Como había avanzado el pasado lunes, el Gobierno elevará un 20% el ratio máximo de alumnos por aula establecidos en la normativa actual para centros públicos y concertados, que es de 25 estudiantes en Primaria, 30 en Secundaria y Formación Profesional, y 35 en Bachillerato.
Aumenta el número de horas lectivas por profesor
El Real Decreto-ley incrementa las horas lectivas del profesorado (estableciendo un mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria, y de 20 horas en el resto de enseñanzas) y modifica el régimen de compensación; aplaza la implantación de los nuevos currículos de Formación Profesional hasta el curso 2014-2015; suspende la obligatoriedad de ofertar dos opciones de Bachillerato; anula los complementos retributivos del profesorado; y establece que las bajas inferiores a los diez días lectivos deberán ser cubiertas con los propios recursos del centro y no por interinos.
En el ámbito universitario, el Gobierno introducirá nuevos criterios básicos para establecer “mínimos de eficiencia en la oferta que eviten situaciones como las de que titulaciones prácticamente sin demanda se estén ofertando en algunos sitios”; modificará el régimen de dedicación del profesorado, aumentando la carga docente a los que no realicen investigación; y las universidades deberán aplicar los principios de estabilidad presupuestaria.
Sustancial incremento de las matrículas universitarias
Sin embargo, la medida más polémica es la subida de tasas universitarias. El ministro ha recordado que, actualmente, el precio medio de la matrícula cubre el 14,8% de los costes totales por alumno (que es de unos 6.300 euros de media), un porcentaje que asciende hasta el 20% en el caso de los máster. A partir de ahora, las tasas deberán cubrir entre el 15% y el 25% del coste para la primera matrícula; entre el 30% y el 40%, en la segunda matrícula; entre el 65% y el 75%, en la tercera; y entre el 90% y el 100%, en la cuarta y sucesivas. Serán las CCAA las que establezcan los precios de las matrículas dentro de esos márgenes.
Por último, Wert ha anunciado que el Gobierno mantendrá los umbrales económicos establecidos para el acceso a las becas universitarias, lo que supondrá un incremento de la cantidad que se destinará a este concepto. Sin embargo, el Ejecutivo no aumentará el porcentaje que aporta por este concepto, por lo que el incremento deberá ser cubierto por las CCAA “detrayéndose una parte del ahorro que consiguen con el incremento de las tasas”.
6 Comments en “El Gobierno detalla el plan de ajuste en la sanidad y la educación con el que pretende ahorrar 10.000 millones”
Lo último LVdB
SE PUEDEN AHORRAR 10.000 MILLONES DE EUROS MÁS CADA AÑO, SOLO EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
España debe ahorrar 10.000 millones de euros anuales dejando de subvencionar con 7.000 euros anuales a cada uno de los 1.400.000 estudiantes universitarios. Los estudiantes deben pagarse su carrera con medios de pago propios mediante un sistema de préstamos masivos a estudiantes, garantizados por el Estado, que devolverán cuando tengan ingresos con una deducción sobre los mismos. Que uno de cada mil no pueda devolver nunca el préstamo no importa. Con ello se creará además un flujo de dinero que ayudará a dinamizar la economía.
LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN ESPAÑA ES INJUSTIFICABLE
Se puede decir que la universidad en España es gratuita, pues gratuidad es que sus usuarios paguen el 15% del coste del servicio que reciben. Eso es injustificable en un momento en que si no ahorramos seremos intervenidos o naufragaremos y cuando no debe haber estamentos o grupos privilegiados aunque se llamen estudiantes. Tal gratuidad es causa de muchos vicios que padece nuestra universidad. La enseñanza universitaria se puede financiar por un sistema de tasas (el más común en Europa), o por un sistema de precios (el de Estados Unidos, que tiende a extenderse porque es más racional que un servicio lo pague el que lo recibe que los contribuyentes, salvo la salud porque es necesaria). Pero las tasas universitarias que se pagan en otros países europeos son, salvo excepciones, bastante más altas que las que se pagan en España. Lo de aquí es gratuidad, ‘beca para todos’ como ha dicho Wert.
LA REFORMA EDUCATIVA DE WERT, ES LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS REFORMISTAS
La Ley Wert de educación constituirá uno de los paneles básicos del proyecto reformista de Rajoy. El elemento clave de la proyectada Ley Wert de educación es el bachillerato de 3 años, que supondrá un planteamiento revolucionario de la enseñanza media, a la que hay que ver integrada por dos ramas, esto es, Bac y FP. Otro elemento central de la reforma educativa, anticipado en el proyecto que se desarrolla en la Comunidad de Madrid, será el inglés como lengua vehicular voluntaria, en colegios públicos bilingües (trilingües en las comunidades con lengua autóctona), de libre acceso cualquiera sea el domicilio del alumno -anulando la servil, o medieval, adscripción del alumno a una zona territorial- creados en función de la demanda.
De la reforma educativa depende en medida importante la eficiencia del sistema español, sobre todo, en lo económico.
La casta política sigue intentando que el personal nos sigamos tragando, mansamente, el expolio a que nos viene sometiendo, desde hace trenta años, consistente en que unos cientos de miles, nombados a dedo por la corrupta Partitocracia imperante, sigan amorrados al presupuesto enchufados en miles de organismos y entes públicos, la mayoría de ellos inútiles para la gente, para el contribuyente.
Cuando se agudiza la crisis económica y sociopolítica a la que nos ha llevado la casta política, durante los últimos 20 años, consistente en ir inflando, avariciosa, inmoral, irresponsablemente y sin que las autoridades competentes pusiesen freno al desmadre, la burbuja inmobiliaria, desplumando, de por vida, a millones de hipotecados por una viviendas carísimas con que han estado agigatando en citado pesebre a través de las ingentes cantidades de dinero que entraban en las arcas municipales, con la venta de terreno público, a las taifas autonómicas, con las tasas de compraventa, la casta política pierde el culo por mantener el tinglado expoliardor e insostenible que ha ido creando para su provecho.
Ahora, para mantener dicho pesebre, expoliador e insostenible, no solo está bajando a toda prisa el nivel socioeconómico de la sociedad productiva, no parásita, si no que, además, está enviando a buena parte de ella directamente a la pobreza, para lo que está recortando servicios básicos, como la sanidad o la enseñanza, incluyendo el sueldo y el número de funcionarios, o abocando a cientos de empresas al cierre y a millones de currantes al paro .
La casta poítica intenta mantener, a toda costa, el citado pesebre que se ha ido montando durante los pasados treinta años para su provecho, especialmente ahora que la situación económica esta en recesión y hay que abusar más del enchufismo, del nepotismo y de la corrupción generalizada para que los allegados que aún no están ammorrados lo estén ( el conocido: ¿Qué hay de lo mío?).
Hace unos treinta años, con unos 38 millones de habitantes, el número de funcionarios era de unos 800.000, la mayoría de carrera, mientras que, ahora, con 46 millones, con un 20% más de población, existen 3,2 millones de “funcionarios y empleados públicos”, un 400% más, buena parte de ellos nombrados a dedo por la casta política, la mayoría de las ocasiones enchufados en todo tipo de entes y organismos públicos completamente inútiles, en sí mismos, o por que llevan a cabo funciones ya ejercidas por otros, aprovechando el desmadre de Estado Autonómico que se ha montado la casta política para expoliar más “autónoma” y caciquimente a la ciudadanía productiva.
También han ido aparciendo miles de entidades privadas que son generosamente regadas con dinero público por la casta política, muchas de ellas regidas por politicastros que son los beneficiarios finales.
En todos los niveles de la Administración del Estado: ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, CC.AA., gobierno central, Parlamento europeo… hay:
Además de los miles y miles de cargos políticos electos ( en realidad es el baranda político el que los elige en cada elección, mediante las listas bloqueadas y cerradas, como haría don “Vito” con su tropa), hay unos 60.000 consejeros políticos, nombrados a dedo, la mayoría de ellos completamente inútles, y con sueldos de miles de euros al mes.
A este respecto, aun que es cierto que de los 67.000 concejales existentes hay muchos, especialmente en pueblos pequeños, que no cobran por su cargo o solo cobran pequeñas dietas circunstanciales, decenas de miles e ellos se ponen de sueldo, ellos mismos, decenas de miles de euros, más otras prebendas, verdadero expolio para sus ajuntamientos.
Hay unos 350.000 elementos que viven del politiqueo, enchufados a dedo, en todo tipo de entes, organismos, delegaciones, oficinas, empresas… públicos, por el jerifalte político de turno, la mayoría de ellos completamente prescindibles y con la única función conocida de trincar una pasta cada mes, lo que ha sido posible, en estos años de crisis, a base de no pagar a decenas de miles de empresas por los servicios o los bienes prestados a los organismos públicos, lo que ha engordado los millones de parados que se han ido acumulando en los últimos 6-7 años.
Si en los últimos dos años se han ido al paro más de 1,5 millones de trabajadores productivos, la casta política ha aumentado, en ese mismo período, en unos 300.000 el número de empleados públicos, la mayoría de ellos nombrados a dedo, no por oposición, miles de coches oficiales aparte.
Hay que exigir a la casta política, aun que tenga controlados todos los resortes del Estado a través de su repugnante y medieval Partitocracia, a que, mediante auditorías independientes, se publiquen las listas con los miles y miles de entes y organismos públicos de todo tipo en los que están amorrados los cientos de miles de chupópteros nombrados a dedo, indicando su verdadera utilidad pública, sus duplicidades de funciones entre muchos de ellos, sus déficits públicos…, así como la elaboración de un calendario para la eliminación de buena parte de esos entes, dependiendo del déficit de cada uno, de su utilidad ( o inutilidad) pública y de la diplicidad de funciones entre ellos, con lo que el gasto público disminuiría en unos 40-60 mil millones de euros/año, y no sería necesario recortar en servicios básicos, en funcionarios de carrera y quedaría pasta para fomentar la creación de empleo privado e intentar ir adaptando el tejido productivo a las nuevas exigencias impuestas por la globalización, si no queremos quedarnos estancados.
Esta casta política tiene más peligro que un mono con una una navaja de afeitar en las manos…, afeitando al personal
¿HACIA LA 3ª GRAN LEY DE EDUCACIÓN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA?
En España solo ha habido dos grandes leyes educativas. Ambas fueron ‘generales’ al abarcar desde el inicio de la educación hasta la enseñanza universitaria (son las únicas generales que ha habido, la LOGSE mintió en la ‘G’ de su título). Esas leyes fueron, en el siglo XIX, la Ley Moyano, de 1857, y en el siglo XX la Ley Villar Palasí, de 1970, delineada la última por la élite de la UNESCO en buena parte española entonces (Diez Hochleitner, Blat Gimeno). ¿Será la Ley Wert la gran ley educativa española del siglo XXI? Podría ser. Nunca el progreso de España ha dependido tanto como ahora de una buena reforma educativa. Suerte ministro.
No hay nada gratuito, ni la sanidad, ni la educación, ni los medicamentos, todo lo pagamos entre todos, no hay ningún político, ni gobierno, ni empresario que pague de su bolsillo la educacion, los medicamentos ni la sanidad, si lo pagaran de su bolsillo entonces si podriamos decir que es gratuito.
Erasmus que eres tonto, muy tonto