España
Primeros presupuestos de Rajoy
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado este martes por el Gobierno confirma los recortes anunciados. Las pensiones suponen un tercio del total del gasto público, mientras que los intereses de la deuda equivalen a los ajustes aplicados. Los partidos nacionalistas catalanes reclaman la inclusión de las dotaciones que se derivan de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, aunque el Tribunal Constitucional la declaró no vinculante.
El ministro Montoro entrega los Presupuestos Generales del Estado al presidente del Congreso, en un acto simbólico que significa que los presupuestos entran en las Cortes para su tramitación (foto: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
El Gobierno ha presentado este martes en el Congreso el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes y que ahora iniciará el trámite parlamentario -que podría alargarse dos meses- y en el que se podrán introducir modificaciones.
El Estado gestionará este año 362.115,02 millones de euros (unos 60 billones de pesetas), una cantidad similar a la del año pasado y un 6,3% menor a la de 2010. Sin embargo, el gasto disponible para los ministerios apenas será de 65.803 millones de euros, una quinta parte del total gestionado y un 16,9% menos de lo disponible el año pasado.
Esto es debido a que la mayor parte de los gastos del sector público ya están comprometidos. En concreto, de esos 362.115,02 millones de euros, 120.555,72 millones (33,29% del total) se destinarán a los gastos de la Seguridad Social; 78.898,14 millones (21,79% del total) al pago de intereses y amortización de la deuda pública; y 49.685,40 millones (13,72% del total) corresponden a transferencias a otras Administraciones Públicas.
Resumen del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 por secciones (fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
Las pensiones suponen un tercio del gasto total
Por partidas, el principal esfuerzo se destinará a pensiones, con 115.825,93 millones de euros (un 3,2% más que en 2011 y un 7% más que en 2010), mientras que los gastos de personal ascenderán a 33.151,53 millones (una cifra muy similar a la de los dos años anteriores), las prestaciones por desempleo supondrán 28.805,05 millones (un 5,5% menos que en 2011 y un 7% menos que en 2010) y los intereses de la deuda se llevarán 28.876 millones de euros (un 5,3% más que en 2011 y un 24,3% más que en 2010). Este ha sido uno de los capítulos que más ha aumentado en los últimos dos años de tal forma que los intereses que se pagarán será una cantidad muy cercana a los 27.300 millones que el Gobierno pretende ahorrar con la subida de impuestos y los recortes anunciados en los últimos tres meses.
Los esfuerzos de consolidación fiscal previstos en el presupuesto de este año alcanzan múltiples ámbitos, como las inversiones (que pasan de 20.684,06 a 15.531,57 millones), especialmente en infraestructuras, defensa, investigación, cultura y turismo. A pesar de ello, la deuda pública continuará aumentando y la previsión es que esta pase del 68,5% del PIB con el que se cerró 2011 (7,3 puntos más que en 2010 y 28,3 puntos más que en 2008) al 79,8% a finales de 2012. De hecho, la deuda viva únicamente de la Administración General del Estado se situará en 628.900 millones de euros al acabar el año.
Aumentan un 9,7% las transferencias a las CCAA
Las transferencias corrientes a las CCAA aumentan un 9,7%, pasando de los 25.287,97 millones presupuestados en 2011 a 27.734,92 en 2012. Mientras que las entidades locales también verán incrementados sus dotaciones en un 7,6%, de 14.232,63 millones a 15.315,78. A todo ello deberán sumarse los ingresos mediante los tributos cedidos y la participación de estas Administraciones Territoriales en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, que contarán con una aportación extra por parte de la Administración General del Estado de 6.801 millones de euros. Por otra parte, se han fijado las cantidades que las CCAA forales aportarán al conjunto del Estado: el cupo del País Vasco ascenderá a 546 millones de euros, y la aportación de Navarra será de 631 millones.
Mediante el Fondo de Suficiencia Global, las CCAA se repartirán 7.677,82 millones de euros (un 5% menos que en 2011). En este caso, Cataluña es la Comunidad que mayor cantidad recibirá, 1.753,25 millones de euros (22,8% del total), seguida de Andalucía, 1.485,78 millones (19,4% del total), Galicia, 861,38 millones (11,2%), Castilla y León, 708,87 millones (9,2%), y Extremadura, 491,46 millones (6,4%).
Distribución por CCAA del Fondo de Suficiencia Global previsto en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 (cuadro: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
El Fondo de Compensación Territorial repartirá 671,58 millones de euros entre diez CCAA y las dos ciudades autónomas (un 13,3% menos que en 2011). La principal beneficiada será Andalucía, con 236,87 millones (35,8% del total), seguida de la Comunidad Valenciana, con 82,58 millones (12,5%), y Canarias, con 78,61 millones (11,9%).
El ranking de CCAA receptoras de la inversión pública (que este año se ha visto reducida un 25%, hasta los 15.531,57 millones) lo encabeza Andalucía (1.851,91 millones; 14,6% del total), seguida de Galicia (1.706,15 millones; 13,4%), Castilla y León (1.584,89 millones; 12,5%), Cataluña (1.403,21 millones; 11,1%), la Comunidad de Madrid (1.265,59 millones; 10%) y la Comunidad Valenciana (1.008,56 millones; 7,9%).
Distribución por CCAA de la inversión prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 (cuadro: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
Por otra parte, los presupuestos prevén una aportación adicional a la Generalidad de 300 millones de euros para colaborar en el coste de los Mossos d’Esquadra, y 9,5 millones para financiar rebajas tarifarias en autopistas de Cataluña.
Protestas de los partidos nacionalistas catalanes
Una vez se han conocido las cuentas, las formaciones nacionalistas han vuelto a reclamar la inclusión de los 759 millones de euros relativos a la liquidación del año 2008 de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, y de otros 300 millones correspondientes al mismo concepto del año 2009.
En este sentido, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), ha señalado que estos presupuestos no les gustan “nada” y ha asegurado que intentarán que se incluyan esas dotaciones durante el trámite parlamentario que ahora se inicia. El congresista de CiU Josep Sánchez Llibre ha indicado que los presupuestos “no reconocen las deudas que tiene el Estado con Cataluña” y ha denunciado que la Administración General del Estado “continúa siendo morosa”.
El congresista del PSC y ex delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, ha sido aún más contundente y, tras exigir que se “cumpla” el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha indicado que “estos presupuestos son ilegales”.
En cambio, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recordado que el presupuesto “desarrolla plenamente el modelo de financiación territorial” y que “se queda donde se queda porque no podemos más”. “No queremos entrar en ningún debate político más, pero no podemos más, no es el momento de financiar lo que sería también más gasto para cualquier Comunidad Autónoma porque estamos en lo contrario”, ha zanjado.
El Constitucional tumbó la Disposición Adicional Tercera del Estatuto
La Disposición Adicional Tercera del Estatuto establece que ‘la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado [en torno al 18%] para un periodo de siete años’.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto decretó que este precepto no es aplicable. En concreto, el fundamento jurídico número 138 dictaminó que ‘no puede admitirse’ que la Disposición Adicional Tercera ‘vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado’, e insistió en que esta debe ‘interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones’.
9 Comments en “Primeros presupuestos de Rajoy”
Lo último LVdB
O sigui que ni l’estatut ribotat es complirà. Tota una llei orgànica de l’estat, a disposar de la cojuntura política. Estareu contents els espanyolistes nostrats. La culpa serà dels nacionalistes catalans, com no, que hauríem de votar en massa al PP perquè ens anés tan bé com a València. D’això al meu barri se’n diu no tenir paraula. Menys infraestructures = menys inversió = menys indústria. Justicia poètica, vaja.
Alwix, vete acostumbrado a cumplir las leyes y a discriminar menos. 30 años de espantapájaros son muchos años. En ultratumba el paco te dará un beso por haberlo hecho mucho mejor.
Alwix – Martes, 3 de abril de 2012 a las 23:56
Una ley Orgánica no puede vincular a la soberanía nacional plena…la parte no puede someter al todo…Es tan lógico que como dice Montoro no merece la pena debatir nada…
Cierzo
Alwix – Martes, 3 de abril de 2012 a las 23:56
tODA UNA cONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DEFRAUDADA POR LEYECITAS AUTONÓMICAS Y NO DICES NADA, CHATO…
cIERZO
El nacionalismo catalan protesta por costumbre.Solo tenemos un Gobierno,los gobiernos autonomicos,son como diputaciones.La responsabilidad economica solo depende del Gobierno,por eso hace los presupuestos del Estado bajo su responsabilidad.
EL nacionalismo catalan se atribuye una responsabilidad que no le corresponde,en caso de gestionar mal,como pasa ahora,es el Estado quien nos financia a los catalanes.
Es el resultado del despilfarro.
,,donde quitan y no pon(ponen),pronto se verá el hondön,,.
No queda más remedio que reducir más o producir (y vender) más.
La falsa transferencia
Siendo mal pensados, se trata de desgastar al Estado como imagen de España
Artículos | 10/12/2011 – 00:00h
Francesc de Carreras
Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
Hay que distinguir entre política y derecho para no caer en denuncias infundadas. Durante estos días se ha confundido la una con el otro al acusar el Govern de la Generalitat al del Estado de infringir una obligación constitucional por no respetar la disposición adicional tercera (DA 3ª) del Estatut al “no transferir” un crédito de 759 millones de euros consignado en los presupuestos del Estado de este año.
Si, como dice el refrán, lo prometido es deuda, se ha incumplido una promesa y el Govern puede sentirse políticamente engañado. Pero ir más allá y alegar que se incumple una obligación constitucional, es decir, una norma jurídica, por parte del Estado o que la decisión de “no transferir” el crédito puede recurrirse ante los tribunales, me parece que no tiene ningún fundamento. Una cosa es estar en desacuerdo con una decisión política y otra muy distinta considerar que se vulnera la Constitución y la ley. En este caso, la confusión entre política y derecho está basada en ignorar lo que prescribe el Estatut y hacerle decir lo que no dice.
En primer lugar, la DA 3ª del Estatut no se refiere a la financiación de la Generalitat sino a la inversión del Estado en infraestructuras dentro del territorio de Catalunya. Por tanto, es erróneo hablar de transferencia a la hacienda de la Generalitat cuando de lo que trata tal precepto es de inversiones del Estado a cargo de la hacienda estatal. En definitiva, el crédito consignado en los presupuestos del Estado nada tiene que ver con las finanzas de la Generalitat sino, únicamente, con las estatales. No tiene ningún sentido alegar que el montante de estas inversiones repercute en el déficit financiero de la Generalitat, como tampoco que ello pueda afectar al posible impago de las nóminas de diciembre. Una cosa es la Hacienda estatal, otra la de la Generalitat: la autonomía distingue entre una y otra, sin mezclarlas.
En segundo lugar, cualquier precepto del Estatut, como el de cualquier otra ley, debe ser interpretado siempre de acuerdo con la Constitución y el máximo intérprete de ésta es el Tribunal Constitucional. Por tanto, la DA 3ª en cuestión debe ser interpretada de acuerdo con la STC 31/2010 que resolvía un extenso recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué dice esta sentencia respecto a la DA 3ª del Estatut? Que no puede admitirse que tal precepto “vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”. Es decir, se trata de un precepto sin ninguna eficacia jurídica: si la partida figura en los Presupuestos de este año es porque lo han decidido libremente las Cortes Generales.
Por tanto, siendo mal pensados, de lo que se trata es de desgastar al Estado como imagen de España con el objetivo de acrecentar el foso que pretende hacer incompatible España con Catalunya.
¡Por si hay alguien que, a estas alturas, todavía no conozca a los nacionalistas de la tierra en que nací, le advierto de que, si los presupuestos de España se destinasen íntegramente a Catalunya, las manifestaciones de descontento no las hubieran modificado un ápice!:
https://www.vozbcn.com/2012/04/03/10....-de-rajoy/
Proposició de Llei sobre la Lliure Determinació
Descarrega’t la Proposició de Llei sobre la Lliure Determinació Participa i envia’m les teves propostes sobre la proposta de Llei sobre el Dret a la Lliure Determinació
Proposició de Llei sobre la Lliure Determinació
Exposició de motius
La llibertat i la igualtat no es demanen, es posseeixen. Ja que totes les persones neixen lliures i iguals en dignitat i drets, l’obligació dels legisladors consisteix en afermar i fer prosperar ambdues condicions innates. La democràcia ha d’oferir garanties per a la lliure expressió de les persones però també dels col·lectius que així ho desitgin; per a la igualtat d’oportunitats entre persones però també entre els pobles que així ho reclamin; i per a la major llibertat de les persones però també per a les comunitats que així ho persegueixin. La missió de l’Estat de dret no consisteix en coartar i impedir l’exercici de tals anhels, sinó en tot el contrari; garantir-ne el desenvolupament i facilitar-ne l’exercici.
Les nacions contingudes en l’Estat espanyol posseeixen els mateixos drets que qualsevol altra comunitat del concert mundial, i són dipositàries de les mateixes llibertats. La lliure determinació dels pobles, principi reconegut per les Nacions Unides i també per l’Estat espanyol en diversos tractats vinculants, ha de formar part explícita del marc constitucional espanyol. Aquesta Proposició de Llei aspira a reparar un buit legal evident i una contradicció jurídica notable, i pretén situar l’Estat espanyol a l’alçada de les democràcies més madures, aquelles que entenen que el dret a decidir dels pobles és un dret fonamental que ha de ser previst i regulat.
El principi d’autodeterminació fou formulat per primera vegada pel president dels Estats Units Woodrow Wilson en els seus Catorze Punts el 1918. A l’acabar la Segona Guerra Mundial el dret a l’autodeterminació fou recollit a l’article 1 de la Carta de les Nacions Unides: “Fomentar entre les nacions relacions d’amistat basades en el respecte al principi de la igualtat de drets i a la lliure determinació dels pobles, i prendre altres mesures adequades per enfortir la pau Universal”:
Més endavant, les Nacions Unides proclamaren l’any 1966 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que va entrar en vigor el 1976 i que fou ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que diu: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement llur condició política i proveeixen així mateix al seu desenvolupament econòmic, social i cultural”.
Així mateix, l’Estat espanyol ha ratificat i/o reconegut com a vàlids tot un seguit de Convenis, Tractats, Cartes i Resolucions internacionals on es reconeix el dret a l’autodeterminació, com són el Conveni internacional de drets econòmics, socials i culturals de les Nacions Unides, la Carta Internacional dels Drets Humans adoptada per l’Assemblea de l’ONU el 1966, la Declaració de Principis de la “Llei internacional sobre relacions amistoses entre Estats” de 1970 o diverses resolucions tant de Nacions Unides com de la Conferència de Seguretat i Cooperació a Europa.
Més modernament, la Cort Internacional de Justícia, en l’exercici de la seva tasca d’interpretació de la Carta de les Nacions Unides, ha vingut a reconèixer que existeix en formació un dret a la lliure determinació dels pobles diferent del que es reconeix als pobles colonitzats i sotmesos a dominació i explotació, no trobant-se el seu exercici mitjançant un referèndum d’independència prohibit per la legalitat internacional, la pràctica del Consell de Seguretat de les Nacions Unides o la pràctica dels estats, fins i tot quan aquest exercici sigui contrari a les normes internes de l’Estat en qüestió. En el mateix pronunciament la Cort Internacional de Justícia també ha constatat que el principi de la integritat territorial dels Estats, recollit també a l’article 8 de la Constitució espanyola, és un principi l’abast del qual ha de cenyir-se únicament a les relacions entre Estats en l’àmbit internacional, però que en cap cas pot interpretar-se com un impediment per a l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles que tingui com a resultat la secessió d’una part del territori de l’Estat, havent-se d’interpretar així també en el cas de l’Estat espanyol en virtut dels articles 10.2 i 96 de la Constitució espanyola. La Cort Internacional de Justícia considera fora de tota controvèrsia que els debats a niell internacional sobre el dret a la lliure determinació dels pobles i l’existència d’una secessió reparadora de situacions de dèficit democràtic o de discriminació de minories dins dels estats, entre d’altres, inclouen el dret a separar-se de l’Estat al que pertanyen.
Així doncs, mitjançant l’aprovació d’aquesta llei es pretén situar l’Estat espanyol a l’avantguarda del respecte als drets democràtics dels ciutadans de les nacions que el componen per mitjà de la recepció en el dret intern, d’acord amb els articles 10.2, 96 i 23 de la Constitució espanyola, l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles l’existència i l’exercici dels quals han estat constatats i emparats d’acord amb la legalitat internacional, posant remei a un dèficit democràtic que ve soscavant recentment la legitimitat de les institucions davant la pròpia ciutadania i que ha tingut una de els seves màximes manifestacions en la contradicció entre la voluntat democràtica expressada en referèndum del poble de Catalunya mitjançant l’aprovació en referèndum de l’Estatut d’Autonomia i la sentència ulterior del Tribunal Constitucional que lamina gran part de la virtualitat jurídica i del contingut del mateix. L’article 2 de la Constitució haurà de ser reinterpretat, doncs, de forma coherent i d’acord amb la recepció en dret intern d’aquest reconeixement de l’exercici del dret a la lliure determinació i tenint en consideració que la llei aprovada preveu un procés de transició a la independència en el marc del que aquestes previsions constitucionals poden ser reinterpretades. La present Llei es configura com una llei de desenvolupament dels articles 23 i 92.3 de la CE, així com de transferència de la competència per a convocar referèndums d’acord amb l’article 150.2 CE.
Es reconeix, doncs, l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles, la interpretació del qual haurà de venir integrada per la interpretació que se’n du a terme en l’àmbit del Dret Internacional públic, incloent en aquesta interpretació en el cas que l’exercici del dret tingui com a resultat final la secessió d’una part del territori espanyol, el 16 del Conveni de Viena sobre Tractats, així com la normativa que regeix modernament la successió d’estats, heretant els estats successors la pertinença als mateixos tractats que l’estat predecessor d’acord amb el principi de continuïtat, per la qual cosa es mantindria, entre altres organitzacions, la pertinença a la Unió Europea i els ciutadans no serien desposseïts en cap cas d’aquesta ciutadania.
L’Estat espanyol està compost per diverses nacions, anomenades constitucionalment nacionalitats, als ciutadans de les quals es pretén –mitjançant la present Llei– reconèixer l’exercici dels seus drets democràtics, històrics i nacionals. La voluntat i afirmació nacional d’aquestes és innegable ja que es troba, fins i tot, recollida en el preàmbul del respectiu Estatut d’Autonomia o bé en el Preàmbul i l’articulat de projectes de reforma d’aquest aprovats a la seu parlamentària autonòmica. És també innegable el desig individual de bona part de la seva ciutadania de constituir-se com a Estat independent de l’Estat espanyol. Aquest desig d’exercici del dret a la lliure determinació així com la no renúncia ha estat reiteradament constatat de fet i de dret, ja sigui mitjançant el seu exercici de fet sense voluntat de vinculació jurídica per la via de consultes populars organitzades per entitats socials, ja a través de la seva ratificació pels legítims representants democràtics mitjançant sengles Resolucions parlamentàries o la seva inclusió en sengles projectes de reforma d’estatut d’autonomia aprovats en seu parlamentària autonòmica.
Coherentment amb la reiterada voluntat de situar a l’Estat espanyol en l’avantguarda del respecte als drets democràtics dels seus ciutadans, l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles es regula en aquesta llei d’acord amb els estàndards democràtics internacionalment reconeguts per la Comissió de Venècia en llurs informes, opinions i resolucions, incloses les directrius per als referèndums constitucionals a nivell estatal adoptats en la sessió plenària 47 de 6 i 7 de juliol de 2001 i llur opinió sobre els estàndards internacionals aplicables a la legislació sobre referèndums adoptada en sessió plenària 65 de 16 i 17 de desembre de 2005. Per tot això, s’identifica clarament el subjecte de l’exercici d’aquest dret i els requisits per tal que aquest dret democràtic sigui transparent, lliure, just, clar i decisori, resolent qüestions com el dret a vot, la forma de la convocatòria, la participació mínima exigida per a la validesa del referèndum, la claredat de la pregunta, el resultat i el procés ulterior a seguir en el cas que el resultat de l’exercici del dret a la lliure determinació sigui favorable a la independència. Tot això malgrat que, d’acord amb la Comissió de Venècia, òrgan consultiu del Consell d’Europa, al qual pertany l’Estat espanyol, reconeix que no es pot derivar del Dret Internacional ni de l’anàlisi del dret intern dels Estats l’obligació d’establir un llindar mínim de participació i resultat per considerar la validesa i aprovació d’un determinat referèndum, essent únicament recomanable a efectes de major legilitimitat democràtica i claredat del resultat les majories del 50% previstes.
Així mateix, el Tribunal Suprem del Canadà establí l’obligació de negociar en cas d’un resultat clar en un referèndum, obligació l’incompliment de la qual derivaria en una clara legitimació del reconeixement unilateral del nou Estat per part dels estats integrants de la comunitat internacional. Per això, en la present llei es preveu un procés negociador en cas que l’exercici del dret a la lliure determinació dugui a un resultat favorable a la independència d’un determinat territori.
Consegüentment, el Parlament espanyol, com a màxim representant de la voluntat democràtica del poble, situant-se de nou en l’avantguarda del respecte als drets democràtics, regula l’exercici del dret a la lliure determinació de la ciutadania de les nacions que el conformen i la seva capacitat per decidir el futur de llurs pobles, llur estatus polític i la relació que desitgen mantenir amb altres estructures o organitzacions supranacionals.
TÍTOL I. DRET A LA LLIURE DETERMINACIÓ DE LES NACIONS
Article 1. Objecte de la Llei
L’objecte de la present Llei és transposar a l’ordenament jurídic espanyol el dret a la lliure determinació de les nacions, reconegut per la legalitat internacional i per l’Estat espanyol amb la ratificació de diversos Tractats Internacionals.
Així mateix, és objecte d’aquesta Llei regular l’exercici del dret de lliure determinació de les nacions que conformen l’Estat espanyol.
Article 2. Definició i àmbit del dret a la lliure determinació de les nacions
Seran considerades nacions a efectes de la present Llei aquelles que així ho defineixin en llur Estatut d’Autonomia o que així ho aprovi llur Parlament autònom en base a llurs drets històrics, llur sentiment nacional o llur voluntat democràtica.
Les nacions de l’Estat, constitucionalment anomenades nacionalitats, exerceixen lliurement el dret a la pròpia determinació nacional.
En virtut del dret a la lliure determinació, les nacions tenen el dret de determinar lliurement llur estatus polític, les competències que ostenten i/o que cedeixen, així com les relacions de cooperació i/o dependència que estableixen amb altres estructures o organitzacions supranacionals.
Així mateix, les nacions tenen el dret de disposar lliurement de llurs riqueses i recursos naturals, respectant el que disposa en aquest sentit pel dret internacional.
Article 3. Els Parlaments autònoms, representants de la sobirania
Els Parlaments autònoms de les nacions de l’Estat espanyol, com a representats legítims de la sobirania de llurs pobles, podran decidir lliurement sobre els drets establerts en l’article anterior.
TÍTOL II. REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ NACIONAL
Article 4. Convocatòria del referèndum d’autodeterminació nacional
Les nacions que componen l’Estat espanyol tenen el dret inalienable de convocar un referèndum d’autodeterminació nacional sobre la constitució d’un Estat independent.
El referèndum d’autodeterminació serà convocat pel Govern autònom, a instància pròpia, del Parlament autònom o del 20% del cens municipal mitjançant el mateix procés establert per a la iniciativa legislativa popular en llur territori.
Article 5. Exercici del dret a l’autodeterminació
Tindran dret a vot en l’esmentat referèndum els ciutadans i les ciutadanes amb dret a sufragi en les eleccions municipals en la data de convocatòria del referèndum.
El resultat del referèndum es considerarà vàlid si la participació supera el 50% del cens electoral.
En cas que més del 50% dels vots emesos en el referèndum d’autodeterminació siguin favorables a la independència respecte de l’Estat espanyol, el govern autònom proclamarà la independència de llur nació.
En cas que no s’assoleixin els percentatges establerts en els dos punts anteriors, la nació que ha exercit el referèndum d’autodeterminació continuarà formant part de l’Estat espanyol amb els drets i deures que lliurement decideixi.
TÍTOL III. TRANSICIÓ A LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL
Article 6. Procés d’Independència
Un cop proclamada la independència, s’iniciarà la negociació amb l’Estat espanyol per establir els drets i deures de cadascú en un procés de transició per al ple traspàs de poders i recursos.
El procés de transició, que durarà un màxim de 10 anys, haurà de permetre una transició progressiva i no traumàtica per garantir la eficiència en el traspàs de poders i llur gestió, així com l’estabilitat institucional i econòmica.
L’Estat espanyol, en el procés de transició, promourà i facilitarà el reconeixement internacional del nou Estat, i especialment per part de la Unió Europea.
En cas de discrepàncies que obstaculitzin el procés de transició, qualsevol de les dues parts podrà sol·licitar la mediació de les Nacions Unides.
Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a l’establert en la present Llei.
Disposició final única.
Aquesta Llei entrarà en vigor dos mesos després de la data de la seva publicació en el “Boletín Oficial del Estado”. Es publicarà també en la resta de llengües oficials de l’Estat espanyol.