“Es hora de recortes”, “es el momento de apretarse el cinturón” (“¿y de bajarse los pantalones?”, se preguntan los indignados), “es época de vacas flacas”, “pintan bastos”, “la fiesta ha terminado”… vociferan los de la casta política en el poder local, autonómico, estatal y europeo. Y a coro, sin desafinar, los todólogos (esos personajes que pululan por tertulias y que monopolizan las columnas de opinión de todos los medios), siguiendo las consignas de la voz de sus amos, se dedican a repetir el mantra de que la ciudadanía debe arrimar el hombro y arrostrar los costes de la crisis, negada interesadamente por Zapatero y sus huestes, durante años. Ahora bien, lo grave es que de estas palabras se ha pasado a los hechos consumados y amenazantes, tanto para los ciudadanos como para el Estado del bienestar: antes, con Zapatero; y ahora, con Rajoy y demás virreyes de esos 17 reinos de taifas en que se ha convertido España.
Zapatero, después de negar reiteradamente la crisis, tuvo que dar su brazo a torcer y adoptar, tarde y mal, varios paquetes de medidas injustas (según sus propias palabras) e ineficaces (basta con considerar dónde hemos llegado y cómo estamos): reducción y congelación de los sueldos de los funcionarios; congelación también de las pensiones; eliminación del cheque-bebé; reducción de la ayuda oficial al desarrollo; recorte en inversión pública estatal; amputación del gasto farmacéutico; etc. Con estas medidas se empezó a cavar la fosa del Estado del bienestar, al tiempo que se ponía en entredicho el poder adquisitivo de los ciudadanos y se agravaba, en consecuencia y aún más, la crisis y sus consecuencias nefastas para la gran mayoría de la sociedad española.
Con la mayor parte del poder municipal y autonómico, y con la mayoría absoluta en las elecciones del 20N de 2011, Rajoy se ha creído que tiene patente de corso. Y, desde que tomó posesión del poder, se ha dedicado a mantener, incrementar y profundizar los recortes de Zapatero y a proponer nuevas medidas para intentar yugular la crisis y propiciar la salida de la misma. A las reformas estructurales (del sistema financiero y del mercado laboral), se han añadido nuevas subidas de impuestos (IRPF, IBI) y de precios de productos de primera necesidad, y nuevos recortes en sanidad, educación, investigación, dependencia, etc.; recortes con los que se ha seguido cavando la tumba del Estado del bienestar. Ahora bien, todo esto es sólo “el principio del principio” (Soraya Sáenz de Santamaría) o sólo “un gesto, una señal” (Mariano Rajoy) o un simple aperitivo. A finales de marzo, con los nuevos presupuestos del Estado, llegarán los recortes más duros y, sin lugar a dudas, nuevas subidas generalizadas de impuestos para hacer frente al déficit de 44.000 millones de euros. Por eso, pintan bastos para los ciudadanos asalariados si, como parece seguro, seremos nuevamente los paganos.
A causa de todo esto, en estos momentos, tanto nuestro Estado del bienestar como los ciudadanos españoles de a pie estamos ya con el agua al cuello. Y, según todas las evidencias, la situación sólo puede agravarse aún más, en los próximos meses, si seguimos por el mismo camino y con el mismo tratamiento. Por eso, creo que es hora de que los ciudadanos nos preguntemos si no hay otras medidas alternativas y prioritarias más eficaces y operativas para vislumbrar el final del túnel de la crisis y salir de ella con paso firme, seguro y decidido; medidas que la casta política no está dispuesta a tomar y que nunca tomará, si los ciudadanos no les obligamos. ¿No sería más lógico, razonable y equitativo pensar, primero, en hacer recortes en gastos no fundamentales o claramente superfluos y despilfarradores, antes de tocar las paredes maestras de nuestro Estado del bienestar (sanidad, educación y gastos sociales) o el poder adquisitivo de los ciudadanos? Todos tenemos en mente ejemplos de otros tipos de recortes y de otras medidas, alternativas a las que ha adoptado la casta política y de las que se habla mucho en los foros de internet, pero muy poco en los medios de comunicación: subvenciones sin cuento, despilfarro generalizado, corrupción desbocada, economía sumergida endémica, políticas contractuales partiditas de las distintas administraciones, etc.
Ahora bien, hoy quiero centrar mi mirada en lo que creo es la madre de la mayor parte de los males que nos aquejan: la organización territorial del Estado. Desde hace 35 años, vivimos en el Estado de las autonomías, que ha tenido sus aspectos positivos (descentralización del ejercicio del poder, acercamiento a las necesidades de los ciudadanos, solidaridad y convergencia entre las distintas regiones de España, etc.); y que ha proporcionado a las mismas cada vez más cotas de poder, de autogobierno, de autonomía. Ahora bien, si tenemos en cuenta la situación actual, este Estado de las autonomías ha sido un verdadero fiasco económico (despilfarro de recursos, corrupción y déficit, letales para el bienestar de los ciudadanos) y político (el nacionalismo de trinchera y el independentismo, insaciables, han ido a más y son cada vez más pujantes y beligerantes). Este balance negativo ha disgregado España en un conglomerado de 17 taifas, en manos de una casta política que no ha estado ni está a la altura de las circunstancias y que se está sirviendo del poder en beneficio propio y no en beneficio de los ciudadanos.
Ante la grave y crítica situación que estamos viviendo y ante lo que se avecina, los ciudadanos españoles deberíamos poder elegir entre el Estado del bienestar, que nos ha costado tanto construir, y el Estado de las autonomías, que a todas luces es un fiasco. Y la casta política no debería olvidar aquel refrán castellano según el cual “cuando los políticos pierden la vergüenza, el pueblo les pierde el respeto”. Por eso, me pregunto si la ciudadanía no tendría que pensar en instalar, en la plaza de todos los pueblos de España, la guillotina (por supuesto, en sentido figurado, o no, como diría Rajoy), para limpiar la sociedad española de tanto sin vergüenza. Ángela Merkel lo ha tenido siempre muy claro, desde 2007: “Cuanto más se tarde en hacer lo necesario, más caro será después hacer lo inevitable”.
Manuel I. Cabezas González es profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona
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Temas: crisis económica, estado autonómico, recorte
Sentido común… que evidentemente no tienen los ciudadanos pertenecientes a la casta política. Estos sólo se mueven por el sentido oportunista que lo tienen muy desarrollado y sirve para llenarles los bolsilllos a costa de todos.
El artículo acierta plenamente al decir que los recortes no han hecho más que empezar y que de todos los gastos superfluos a los que nos enfrentamos el peor es, por el uso que de él se ha hecho, el Estado Autonómico.
Porque lo que iba a ser una armonización y estructuración descentralizadora de España, un acercar al ciudadano a la Administración… se ha convertido en diecisiete miniestados ávidos de competencias normativas y recursos económicos para desde ellos dinamitar al Estado, hacer un mal uso de las instituciones en beneficio del partido político de turno, doblegar a la sociedad en función de una determinada ideología previa subvención a los medios de comunicación afines para que se acepte por parte de la opinión pública la ideología del gobierno autonómico correspondiente, desafiar constantemente al gobierno central que va cediendo competencias y recursos para poder gobernar en Madrid… Una constante competencia entre las Autonomías por ver quién arranca más competencias y dineros al gobierno.
Y por último: La corrupción. En esto también se ha competido entre las distintas Comunidades Autónomas. No se libra ninguna aunque algunas se llevan la palma. El despilfarro en obras faraónicas, subvenciones a los afines, colocación de leales y politización de las Cajas de Ahorro a las que se ha llevado a la quiebra por asumir riesgos más allá de los propios de cualquier negocio y vinculados a Ayuntamientos y Comunidad Autónoma respectiva es lo que hace que los recortes al Estado de Bienestar sean considerados “inevitables” por quienes no tienen valor para reformar el Estado Autonómico reduciendo políticos, fundaciones, subvenciones, transferencias… ni, una vez inyectado dinero a los poderes financieros, convertirse, qué menos, en socios de los mismos y sentar en sus Consejos de Administración a los representantes del gobierno. Al menos hasta que se recupere el dinero de todos. ¿O es que se ha transferido ese dinero a la Banca a fondo perdido?
No sólo socializamos las pérdidas, es que además ni siquiera controlamos qué se hace con el dinero que les damos, si siguen invirtiéndolo mal y perdiéndolo pues volvemos a socializar pérdidas y a poner más dinero para sanear la Banca en lugar de convertirla bien en Banca Pública, boen en Banca Mixta.
Demencial.