‘Es muy ilustrativa la exposición del TC al señalar que de igual manera que el poder público estatal en Cataluña no puede imponer, por ejemplo, el castellano, tampoco, el poder público autonómico puede hacer lo mismo, por ejemplo, con el catalán. ¿Que es lo que debía haber sucedido? En primer lugar, se debía haber acatado la sentencia. En segundo lugar, se debía haber ejecutado, es decir, el poder público debería haber rectificado las leyes y reglamentos que han quedado afectados por la misma’.