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‘[…] no peligra la lengua española, lo que peligra, como ya han expresado brillantemente algunos de los firmantes del Manifiesto, es la libertad, los derechos fundamentales de la persona a no ser discriminada por motivos de lengua; el derecho de los ciudadanos a no ser segregados, marginados o perseguidos en su vida, negocios y comercios por usar la lengua que quieran, como ahora mismo lo están siendo en las regiones donde la lacra del nacionalismo etnicista, con la complicidad ominosa del gobierno central y buena parte de su partido, está imponiendo la aberración de su delirio, con desprecio absoluto de la Constitución y los derechos fundamentales’
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Agustín García Simón, escritor, el 22 de agosto de 2008:
‘[…] Lo que expresa de manera sustancial el Manifiesto es que son los ciudadanos los que tienen derechos, no los territorios, ni mucho menos las lenguas mismas y, por tanto, los derechos lingüísticos de esos ciudadanos no pueden ser conculcados ni atropellados por lo que los gobiernos autonómicos de coalición (nacionalistas-socialistas) de Cataluña, Galicia y Baleares, o el nacionalista del País Vasco, al que sostiene la inefable excrecencia residual de Izquierda Unida, denominan “normalización lingüística”, verdadero sarcasmo que encubre la imposición de la lengua cooficial de esas regiones en todos los órdenes oficiales, pero de forma radical y excluyente como única lengua vehicular de la enseñanza. La consecuencia inmediata, no creo necesario ponderarla, es un gravísimo e inicuo perjuicio inferido a los niños y jóvenes en sus formación y a los ciudadanos en general, que no solamente ven cómo la lengua oficial de su país desaparece en el sistema educativo, en la información de la calle, en la rotulación de los comercios, en las instituciones…, sino que se les niega e imposibilita de facto cualquier alternativa educativa en lengua española, sea su lengua materna o no.
En definitiva: ¿bilingüismo en las regiones que tienen otra lengua cooficial? Sí, por supuesto. Deseable y justo, siempre y cuando se respeten los derechos de los ciudadanos a elegir la lengua que quieran en todos los aspectos, en condiciones libres y de igualdad, y sin negar ni manipular la evidencia: el castellano o español es secularmente la lengua común de toda España, de modo que su preterición o persecución (hecho evidente que está ocurriendo en la actualidad en las regiones citadas) no es sólo anticonstitucional, que lo es, sino una agresión flagrante a los derechos civiles y humanos más fundamentales, seriamente amenazados allí donde gobiernan nacionalistas y socialistas (o viceversa, si les parece fuerte) y, por supuesto, en el País Vasco, modelo ya de referencia universal de la infamia nacionalista, pero también de sociedad degenerada hasta límites inimaginados de abyección. Tan es así, que puede afirmarse sin ninguna exageración ni temor a equivocarse que en España, en las autonomías donde gobiernan nacionalistas y socialistas ya no se garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley (esencia del régimen democrático y del Estado de derecho), sino el derecho a la diferencia, en función del territorio o autonomía que habiten los ciudadanos. Es decir, aquí no peligra la lengua española, lo que peligra, como ya han expresado brillantemente algunos de los firmantes del Manifiesto, es la libertad, los derechos fundamentales de la persona a no ser discriminada por motivos de lengua; el derecho de los ciudadanos a no ser segregados, marginados o perseguidos en su vida, negocios y comercios por usar la lengua que quieran, como ahora mismo lo están siendo en las regiones donde la lacra del nacionalismo etnicista, con la complicidad ominosa del gobierno central y buena parte de su partido, está imponiendo la aberración de su delirio, con desprecio absoluto de la Constitución y los derechos fundamentales.’
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