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‘Los nacionalismos excluyentes son, por naturaleza, insaciables. Siempre querrán más y más. Y, como acaba de recordar Fernando Sánchez-Pascuala, «la educación es una cuestión de Estado debido a su carácter transversal y a su repercusión sobre el sistema social, laboral, económico, su repercusión sobre la articulación y cohesión nacional»’
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Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político, en Abc, el 29 de julio de 2008:
‘En el contenido del Art. 4 de dicho texto [Constitución de 1931] (el que intentó regular la vida de la ahora «santificada» Segunda República: siempre he pensado que era suficiente su simple lectura para hacerse monárquico) se añadía: «Salvo lo que se disponga en las leyes especiales, a nadie le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional». ¡Craso olvido en nuestra actual Ley de leyes! Ni el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Con una afirmación así en el Texto de 1978, es bastante posible que el actual problema tendría un cariz bien diferente. Incluso cuando a la sazón llegó la ley especial, es decir el Estatuto de 1932, además de regular con harta precisión cuanto se refería al bilingüismo en el mundo de la Administración de Justicia, en su Art. 2º es posible leer lo que sigue: «Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los tribunales, autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República». La contundencia utilizada nos exime de añadido comentario.
[…] A mi entender, el tema que nos ocupa debe tener dos puntos de partida que, por impopular que suene, son estos. Los nacionalismos excluyentes son, por naturaleza, insaciables. Siempre querrán más y más. Y, como acaba de recordar Fernando Sánchez-Pascuala, «la educación es una cuestión de Estado debido a su carácter transversal y a su repercusión sobre el sistema social, laboral, económico, su repercusión sobre la articulación y cohesión nacional». En otras palabras, desde el mismo Aristóteles hasta nuestros días y tal como he analizado recientemente en mi último y discutido libro «España al desnudo» (Edit. Encuentro, 2008) la educación en los valores del régimen político constituye una pieza insoslayable para la permanencia y consolidación de éste. Y si así es y como segunda tarea, el Gobierno de turno ha de impedir la actuales afirmaciones totalmente ajenas a la Constitución: «gobierno vasco y de España», como dos realidades separadas, «selección nacional de Cataluña» (Nación no hay más que una), mañana «lloverá en todo el Estado» (lo que supone que lloverá sobre las Actas de los Consejos de Ministros o el Catastro), etc.’
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