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‘¿Por qué los nacionalismos periféricos temen -porque lo temen: por eso lo descalifican con acritud y sin aceptar el reto que plantea- el Manifiesto por una lengua común? Quizá porque en sus líneas se reclama algo tan indiscutible y obvio como la libertad de elección de lengua y los derechos fundamentales’
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Miquel Porta Perales, profesor y escritor, en Abc, el 22 de julio de 2007:
‘El cuádruple fundamentalismo lingüístico se traduce en una triple ofensiva nacionalista periférica. En primer lugar, una ofensiva ideológica que refuerza la dicotomía entre lengua propia -catalán, gallego y vasco- e impropia -castellano- de la Autonomía, que realza la relación entre lengua propia e identidad propia identificando lealtad lingüística con lealtad nacional, que concibe el castellano como una amenaza y sostiene que las lenguas autonómicas cooficiales están relegadas y minorizadas. En segundo lugar, una ofensiva política que discrimina negativamente el castellano y positivamente las lenguas autonómicas cooficiales. En tercer lugar, una ofensiva legal que establece que la lengua autonómica cooficial “es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza” (artículo 6.1 del Estatuto de Cataluña, 2006), que instituye un proceso de normalización e inmersión lingüísticas que oculta un proceso de substitución lingüística (la Ley de Normalización Lingüística de la Generalitat de Cataluña de 1983 podría endurecerse con la Ley de Educación de Cataluña, actualmente en proceso de redacción, que suprimiría la llamada “tercera hora de castellano” que el Ministerio quiere introducir en la enseñanza primaria), que implanta -a través de la eufemísticamente denominada Oficina de Garantías Lingüísticas- sanciones económicas para garantizar que “la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al público han de estar redactados, al menos, en catalán” (artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, 1998). Al respecto de la ofensiva legal conviene añadir que, por tercer año consecutivo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena a la Generalitat de Cataluña que en los impresos de preinscripción escolar aparezca la casilla que otorga a los padres la opción para elegir la lengua en que quieren educar a sus hijos. Pero José Montilla -prisionero de una ERC que puede romper el tripartito- incumple esta resolución del Alto Tribunal catalán. Como incumple también otra resolución del mismo Tribunal que establece la tercera hora de castellano en Primaria. Si Montesquieu levantara la cabeza, comprobaría -horrorizado- que en Cataluña sólo se cumple la ley cuando interesa. ¿Montesquieu? Un españolista recalcitrante, asegurarían el catalanismo y el tripartito. El resultado: en Cataluña se puede matricular a los hijos en una escuela catalana, inglesa, francesa, alemana, italiana, suiza o japonesa, pero no castellana.
(…) ¿Quién teme el Manifiesto por una lengua común? Los nacionalismos periféricos -además de tergiversar el contenido a mayor gloria de sus intereses- lo han recibido mal. La enésima maniobra del españolismo excluyente, dicen. Y el caso es que, en ningún momento, el documento -señores: no se trata de un texto patriótico, sino de una defensa de la libertad individual y el sentido común- minimiza o desdeña las lenguas cooficiales autonómicas. Y el caso es que, gracias a ese supuesto españolismo excluyente, las lenguas cooficiales autonómicas han cobrado impulso y ganado protagonismo. ¿Por qué los nacionalismos periféricos temen -porque lo temen: por eso lo descalifican con acritud y sin aceptar el reto que plantea- el Manifiesto por una lengua común? Quizá porque en sus líneas se reclama algo tan indiscutible y obvio como la libertad de elección de lengua y los derechos fundamentales.’
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