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‘La única política lingüística aceptable en una democracia es la que no existe’
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Carlos Martínez Gorriarán, dirigente de Unión, Progreso y Democracia, el 2 de junio de 2008 en El Mundo:
[…] Así como pagar menos a una empleada por ser mujer o ponerle trabas para que acceda a ciertos estatus y profesiones son formas de discriminar a alguien por su sexo femenino, es un caso de discriminación lingüística impedir a una persona cualificada que acceda a un empleo en la Administración porque no satisface una exigencia abusiva de conocimiento de una lengua cooficial. Y hay muchos más, como la imposibilidad de escolarizar a un niño en castellano en un centro público (o concertado) de comunidades teóricamente bilingües, o la conversión de la lengua particular cooficial en lengua única de la Administración, sin olvidar la valoración irracional e incluso excluyente del conocimiento de estas lenguas en concursos para acceder a un empleo público.
[…] Ahora bien, la discriminación lingüística triunfante no es sólo responsabilidad nacionalista, sino efecto de la tolerancia de quienes dicen no serlo. Pero, ¿para qué es necesaria una «política lingüística»? Sólo para resolver las situaciones heredadas de discriminación en este terreno. Toda política legítima de este tipo debe limitarse a asegurar la cooficialidad y la libertad de elección de lenguas en las comunidades realmente bilingües, lo sean mucho o poco. En nuestro caso, es lo que hizo la Constitución de 1978 al declarar las lenguas particulares de las comunidades bilingües cooficiales en sus respectivos territorios. Se trataba de que catalanes, gallegos y vascos tuvieran la oportunidad de usar sus lenguas maternas, ignoradas hasta entonces por la Administración, sin soportar por ello discriminación o desventaja objetiva alguna. Sin embargo, la evolución de la política autonómica ha convertido ese propósito democrático en el intento inverso de instaurar un monolingüismo de nueva planta, artificioso y coercitivo además de reaccionario y aislacionista, en la «lengua propia».
[…] La «normalización lingüística» consiste en expulsar del espacio público a las lenguas impropias: el castellano o español. Para ello se suprime la educación bilingüe, o se decreta que todos los papeles administrativos se publiquen exclusivamente en la propia, exigiendo a los disconformes que vayan a una lista especial, como de analfabetos funcionales, si quieren tratos en castellano. En un giro semántico inevitable, se decreta que lo realmente normal, el bilingüismo tradicional, es lo anormal. Pero normalizar la lengua no es otra cosa que tratar de normalizar a la sociedad cambiando su realidad por otra diseñada desde el poder. Es, pues, un ejercicio de dominación despótica.
[…] De momento, las respuestas no son muy alentadoras. Los nacionalistas niegan que haya discriminación lingüística y dan grandes voces en su papel de víctimas impostadas. Los socialistas y el resto de la izquierda conservadora coinciden cada vez más con los nacionalistas, manejando falacias como la «convivencia de lenguas» elogiada por Zapatero. Y el PP desenfoca la cuestión al proponerse como campeón de una innecesaria «defensa del castellano». El castellano goza de estupenda salud social y su auge no va a ser impedido por los delirios de unos cuantos.
El problema no lo tiene el idioma, sino los ciudadanos que ven recortados sus derechos constitucionales y atacada su libertad. Lo que hay que defender, sin ambigüedades ni concesiones, es la libertad de elección lingüística en las comunidades con dos lenguas oficiales, desterrando cualquier discriminación que no esté clara y plenamente justificada por los requisitos específicos de un puesto de trabajo.
La igualdad no se defenderán mejor mediante una política lingüística de defensa del castellano, sino dejando sentado que, una vez reconocida y desarrollada la cooficialidad de las lenguas tradicionales de una comunidad bilingüe, no debe hacerse absolutamente nada más contra la libre voluntad de los ciudadanos en esta elección.Seudoconceptos como los de «lengua propia» y «normalización lingüística» deben erradicarse del lenguaje político de la democracia y de sus textos jurídicos. Una vez garantizado en la Constitución que nadie será discriminado por usar la lengua oficial que prefiera, la única política lingüística aceptable en una democracia es… la que no existe.
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