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‘Desde un estudio sobre el cultivo de la chufa, al diseño de un parchís y un puzle por 11.368 euros, o diez argumentos para fomentar los juguetes no sexistas por 11.948 euros’
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M. Dolores García, el 27 de mayo de 2008 en La Vanguardia:
‘Será demagogia. Simplismo, falacia incluso. Pero ni un solo político afectado por lo que se cuenta a continuación ha sido capaz de aportar una justificación sólida y no un burdo escaqueo. Veamos:
El 7 de febrero del 2006, con el Govern d´Entesa ya en el poder, un diputado socialista, cual Indiana Jones de la política, destapó la existencia de 33 informes y sondeos encargados por la Generalitat entre 1998 y el 2003 que habían permanecido ocultos. La ley obliga a incluirlos en el Registro de Estudios de Opinión, pero aquellos habían dormido el sueño de los justos durante años hasta que afloraron con el cambio de gobierno. Como el propio arqueólogo auguró, eran sólo “la punta del iceberg”. Sus socios de ICV se apresuraron a enviar algunos a la fiscalía, ya que, a su entender, denotaban cómo Jordi Pujol gobernó “haciendo de Catalunya su finca particular”.
Enseguida se supo que no eran 33, sino 175 los informes escondidos. No todos eran cuestionables por su contenido, pero sí bastantes, pagados con dinero público a pesar de que su única utilidad era partidista, para fines electorales y estratégicos de CiU. Por ejemplo, aquel informe sobre cómo arrebatar la alcaldía de Barcelona a Pasqual Maragall, otro sobre las desavenencias entre Unió y Convergència, o sobre los pactos entre CiU y el PP, amén de unos cuantos sobre cómo socializarnos mejor y más eficazmente en la doctrina del nacionalismo.
¿Cuál fue la reacción? Artur Mas dijo desconocer esos encargos y se limitó a comentar que “las encuestas las hacen todos los gobiernos del mundo”. Otros convergentes salieron en tromba con alusiones a campañas de linchamiento y electoralismo.
Dos años después, ¡sólo dos años!, surge un caso similar de utilización abusiva de informes cuyo interés se antoja dudoso y que más bien parecen un camuflaje para favorecer a ciertos personajes con tendencia a la vida epifita. No se entienda mal. No diría que son parásitos de lo público, pero sí crecen y florecen gracias al soporte físico de su anfitrión, la administración, que les ayuda a buscarse el sustento. Desde un estudio sobre el cultivo de la chufa (11.965 euros, justo por debajo de los 12.000 que obligarían a convocar un concurso), al diseño de un parchís y un puzle por 11.368 euros, o diez argumentos para fomentar los juguetes no sexistas por 11.948 euros.
¿Cuál ha sido la respuesta esta vez? A nadie de ICV se le ha visto por la fiscalía, Carod-Rovira se defiende diciendo que no es delito encargar informes y el president Montilla advierte de que no se haga demagogia (¡uf!) y no se caricaturicen los estudios porque seguro que tienen razón de ser si se pregunta a cada departamento del Govern que los ha pagado’.
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