Cataluña
El TSJC confirma la anulación de la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat a Acciona dictada por el OARCC
El tribunal desestima los recursos de la Generalidad y de Acciona apelando a la normativa comunitaria, que ‘vela por evitar que se mantenga por la vía de los hechos consumados una decisión durante el tiempo que se tramita un litigio en perjuicio de los contratistas injustamente desplazados’. El Gobierno autonómico tomará una decisión, solo puede recurrir la decisión al Supremo o no hacer nada, el próximo martes, en su reunión ordinaria semanal.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado los recursos de la Generalidad, de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y de Acciona contra la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que anuló la adjudicación realizada a finales de diciembre pasado de la gestión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona para los próximos 50 años a cambio de unos 1.000 millones de euros.
El pasado 2 de enero, el OARCC dictaminó, a instancias de Agbar -la otra empresa en disputa por hacerse con la concesión-, que Acciona debió ser excluida del concurso de la Generalidad por incumplir los requisitos técnicos establecidos.
En marzo, el TSJC avaló la decisión del OARCC, dando por buenos todos su argumentos y dejando sin efecto la adjudicación por la que Acciona ya había adelantado 298,65 millones de euros al Gobierno autonómico. Y ahora, el tribunal autonómico ha vuelto a confirmar esa decisión.
Evitar ‘la vía de los hechos consumados’
Los recurrentes habían argumentado que la suspensión de la adjudicación supondría una serie de perjuicios que afectarían a las finanzas de la Generalidad, a los consumidores y a los empleados de ATLL.
Sin embargo, el TSJC ha apelado a la normativa de la Unión Europea, que ‘vela por evitar que se mantenga por la vía de los hechos consumados una decisión durante el tiempo que se tramita un litigio en perjuicio de los contratistas injustamente desplazados’.
El tribunal también ha considerado que ‘no se puede constatar que el mantenimiento de la decisión del OARCC comporte necesariamente daños de suficiente entidad, ya que la ley obliga a la selección de un nuevo contratista [Agbar], de forma que inicialmente los perjuicios se limitarían al proceso de transición al nuevo concesionario’.
De esta forma, el TSJC ha aplicado la ‘regla general’ para estos casos, que es el mantenimiento de la decisión administrativa impugnada, decisión que legalmente goza de la presunción de acierto y validez.
En cualquier caso, los afectados tienen la opción de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, algo que la Generalidad anunció que haría en caso de que el TSJC fallase en su contra. Sin embargo, en un comunicado, tras conocer la decisión del TSJC, el Gobierno autonómico ha señalado que tomará una decisión en la próxima reunión semanal ordinaria, el próximo martes.
ICV-EUiA pide a la Generalidad que no privatice la gestión del agua
La portavoz de ICV-EUiA, Laia Ortiz, ha instado al Ejecutivo autonómico -una vez conocida la decisión del TSJC- a recuperar la gestión pública del agua, afirmando que el agua no debería ser un negocio para Acciona ni para ninguna otra empresa, y ha considerado que la resolución muestra que la adjudicación ha sido “un fiasco jurídico, político y económico”.
En este sentido, Ortiz ha reclamado que se remita el expediente a la Mesa de Contratación, que se declare desierto el concurso, y que se devuelva ATLL a la titularidad pública, además de preguntarse “qué consecuencias tendrá para las arcas de la Generalidad” la anulación de la adjudicación.
Por otra parte, el TSJC también ha ratificado el rechazo a los recursos interpuestos por Aguas de Valencia S.A., Sociedad Española de Abastecimientos S.A. y Aqualia contra el acuerdo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de constituir una sociedad mixta para gestionar el ciclo integral del agua.
Entonces, que nos enteremos todos, porque aquí no ha metido baza el infernal gobierno español ni por asomo y ha resultado ser un hito histórico dentro del chapucerío político de cataluña (y mira que estaba difícil entrar en el ranking…)
1º el gobierno se revoca a sí mismo una concesión (que ya de por sí es llamar la atención a la consejería que la ha dado)
2º el gobierno recurre la decisión de revocarse a sí mismo en los tribunales a costa del dinero de todos.
3ª el tribunal de la razón a la revocación del gobierno a una decisión suya que ha defendido después de revocarla y ahora recurre el superior de justicia de la deminíaca españa a ver si le sacan del lío…
4º Aparecen en escena Groucho, Chico y Harpo aplaudiendo y diciendo que ni lo de la parte contratante era tan lioso como eto y que hasta tiene su gracia.
Y esto, que ya de por sí indica que el govern autonómico es signo de una república bananera, no hará que lso separatas abran los ojos y vean en qué van a convertir estos cataluña… Evidentemente, antes muertos que reconociendo la nefastidad del tema…
PD: Y la indemnización que va a pedir acciona, a ver de cuánto va a ser, aparte de que a haber de dónde se saca la gene los 300 kilos porque ya se la habrá fundido… Pero la culpa es de España por hacer las cosas mal, fijo…
Lo tenemos claro. Y si tenemos que devolver los 298,65 millones de euros que nos han prestado, de donde los vamos a sacar? Si ya nos los hemos gastado en subvenciones a los “amiguetes”, en pagar nuestras abultadas y cuantiosas nóminas, en celebraciones y festejos varios…! Aunque el ayuntamiento, los hospitales, las farmacias, los proveedores… estos siguen sin cobrar. Uhmmmmm! Estamos con el agua al cuello pero no pasa nada, le echaremos la culpa a Madrid y todo arreglado, con esto nadie nos pedirá explicaciones de nuestra pésima gestión. Por cierto, hablando de Madrid, y si les pedimos algo más de pasta? Son tan majetes que igual cuela. Oriol! Sácate de la manga otro impuesto, que con esto de la independencia, aquí hace falta “molta pela”…
Arturo macho ¿y ahora que?
Afturo si te quedas sin ingresos economicos algun dis de estos siempre tendremos un puesto para ti en puerto
Los problemas con la privatización de ATLL se remontan a diciembre del año pasado, cuando la Generalitat adjudicó al consorcio Acciona (familia Entrecanales) -BTG Pactual (banco brasileño) la empresa de aguas por 1.047 millones de euros, de los que ya han pagado 300 millones. La concesión era a 50 años y representará un aumento del recibo en un 14% ¿Es esto soberanismo? Vende el agua de todos los catalanes sin su consentimiento…
¡Basta ya de especulación con un bien básico! Exigimos el derecho al agua y al saneamiento básico como un derecho humano ¡El agua no es un bien comercial! Por favor, firmad la petición a la UE: http://www.right2water.eu/es
¡Se conoce que Artur Mas no da una en el clavo y acapara fracasos a montones!
Otra enganchada de estos impresentables de la Generalitat como aquella de Spanair.Y ahora resulta que tienen que devolver 300 millones de euros que no tienen y se han gastado en dar de comer a los empleados y en otras minucias de uso corriente.Es que nos arruinan.¡Y que no vayan a la cárcel!, es que me pone malo,eh.
Esto es despilfarrar el dinero público por parte de la Generalidad.Hay que fiscalizar estas acciones y quitarles la gestión. Que pase al Estado , por incompetentes y sediciosos.
Fuera el separatismo traidor. Viva España
Tranquilos todos! Que el mesías del llobregat nos llevará a la tierra prometida ja ja
PREGUNTA DE EXAMEN.
Dado el titular “El TSJC confirma la anulación de la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat a Acciona dictada por el OARCC” ¿Qué “mantra” separatista justifica dicho titular?
A: Queremos decidir libremente nuestro futuro como nación.
B: Todo es culpa de España que nos tiene oprimidos.
C: Cada año 16.000 millones de € salen de Catalunya a Madrit, y no vuelven.
D: El ejército de Cataluña es el Barça.
Cuando Acciona pida que se le devuelva lo pagado. Cuando la Generalitat deba reconocer que el dinero se ha gastado en su aparato de propaganda (manifestaciones, conciertos, “embajadas”, asociaciones, televisiones, periódicos…). Entonces dirán que la culpa es de los tribunales españoles, de la empresa española que reclama su dinero y que en definitiva España nos roba.